Un problema innegable

Grupo Ramon Llull

Las declaraciones espontáneas del presidente del Partido Popular no han hecho más que poner sobre la mesa el tema de la lengua -siempre latente y ocasionalmente explosivo- que tiene el agravante de afectar a la educación que se personifica especialmente en los educados, sus padres y los educadores.
Es verdad que el origen de esta problemática está en las normas legislativas que el propio PP aprobó en los tiempos de Gabriel Canyellas y Jaume Matas. Resulta curioso que estos dos históricos personajes, tan vilipendiados por la oposición en sus días de vinos y rosas, aparezcan estos días defendidos por ésta en la controversia lingüística, con tal de atacar al presidente del PP. Cabe por tanto suponer que las concesiones que aquellos presidentes hicieron en la redacción de las normas legislativas no eran sólo en aras del más amplio consenso, sino fruto de su ingenuidad, que ahora aparece cristalina al no haber adivinado que el espíritu de la ley sería violentado y su aplicación derivaría al enfrentamiento al no atenerse a la superior norma del sentido común, del seny, de la libertad y del respeto a los derechos humanos. La interpretación sectaria de aquellas normas tan consensuadas se está haciendo gracias a los grupos de presión que han ocupado manu militari todo el campo de operaciones. Dichos grupos están representados por los sindicatos de la enseñanza, por la Obra Cultural Balear y por todos los políticos pancatalanistas subvencionados por la Generalitat Catalana y, lo que es peor, con nuestros propios impuestos.
El problema es innegable por mucho que se ataque al presidente del PP acusándole de crear un problema inexistente. La coacción ejercida sobre los ciudadanos de a pie por los poderes fácticos para acallar el problema es evidente. Desde su prepotencia saben que los afectados no quieren enfrentamientos, pues ni los alumnos, ni sus padres, están en condiciones de correr riesgos innecesarios a corto plazo. Pero recuerden que a medio y largo plazo la solución estará en su mano con la papeleta del voto. Si el problema tiene su origen en las disposiciones legislativas del PP no cabe duda de que su ejecución más radical ha correspondido a los dos Pactes de Progrés, aunque dicha responsabilidad también alcanza a la quinta columna catalanista que existe dentro del PP.
Está claro que las declaraciones del presidente del PP, a pesar de su espontaneidad, no han pinchado en hueso sino que han llegado a órganos sensibles conectados no sólo con la lengua sino con el poder del pancatalanismo que se constituye como una agresión al libre desarrollo de la personalidad de los habitantes de nuestras islas. Estas islas, en la historia, siempre se han distinguido por su capacidad para absorber culturas diferentes que las han enriquecido. Estas islas pueden hoy quedar monopolizadas por el pensamiento único impuesto por los últimos invasores. Estas islas pueden perder el bilingüismo fáctico, natural, espontáneo y atractivo, que siempre habían disfrutado con más libertad incluso que ahora, cuando el marco constitucional legislativo era más restrictivo que el actual. El bilingüismo oficial hoy está en peligro y su defensa nos corresponde a todos. En esta lucha hay que defender la lengua que recibimos de nuestros padres y abuelos pero también conseguir un nivel alto en castellano y en cualquier lengua como base para nuestro desarrollo cultural y económico.
Ahora bien, el mal uso que se está haciendo de la legalidad induce a pensar que la ejecutoria tiene que cambiar, ya que si el cauce es tan ambiguo que permite el caos actual, habrá que plantear un cambio del marco legal. Quizá la situación política que se vive impide exigir hoy a cualquiera de los que mañana tendrán que gobernar que definan exactamente lo que van a hacer después. Sin embargo, sería bueno que todos los partidos expresaran claramente cuáles son sus principios y sus ideas sobre los cambios legislativos que proyectan proponer, aprobar o apoyar, para que el electorado sepa a qué atenerse. Antes de recibir unas propuestas más claras, nos conformamos con declarar la gravedad del problema y prepararnos para el momento de votar.
El problema de la lengua y de la educación habrá que compatibilizarlo con el de la economía, que para muchos ciudadanos es prioritario. El mismo marco legislativo que permite el caos en la educación es el que estimula la burocracia y las dobles o triples competencias, que es la peor herencia de la Transición. Esta herencia es insoportablemente cara y constituye un verdadero freno a la creación de puestos de trabajo. El futuro será duro para los que se presenten a las elecciones y más para los que las ganen. Serán necesarias agallas, vocación, seriedad e inteligencia. Exijamos que se abstengan los que en política buscan sólo un medio de vida y de subsistencia.