SALVADOR SOSTRES
Isak Andic, presidente de Mango y del Instituto de la Empresa Familiar, ha hablado en público por primera vez y ha alzado catedrales con su enorme discurso. Por fin alguien lo ha dicho claro: los funcionarios tienen que tener un régimen de contratación y de compensación económica lo más parecido posible a los empleados de la empresa privada. Éste es el gran debate pendiente de la economía española, y no seremos un país auténticamente libre hasta que cada cual no cobre según lo que sea capaz de aportar; y que mediocres y
gandules no tengan lugar en la Administración.
De aprobarse alguna reforma en este sentido, los primeros y grandes beneficiados serían los cientos de miles de funcionarios eficaces y honrados que sirven al Estado con competencia y con honor. No sólo su
retribución sería muy superior a la actual, y acorde con el alto beneficio que su servicio supone, sino que no tendrían que trabajar doble para compensar la inactividad de algún compañero holgazán e incluso ausentista que, según la receta Andic, ya no tendría lugar en la cosa pública. Igualmente, los funcionarios verían hasta qué punto su reputación mejoraría, al no poder unos cuantos impresentables empañar la buena labor de la mayoría.
Las economías socialistas nos han legado la enseñanza de la dejación y el empobrecimiento que causa la falta de competencia. Nunca como en tiempos de la economía de mercado la pobreza mundial se había reducido
tanto. Da lo mismo que el servicio sea público o privado: si quieres que funcione y que realmente sea eficaz, es fundamental que exista competencia, que el salario de cada cual dependa de objetivos
conseguidos y que la posibilidad de que te echen si no cumples sea real.
Es especialmente interesante que quien haya propiciado este debate sea uno de los mayores empresarios de España, acostumbrado a pagar centenares de nóminas y a crear riqueza, no sólo porque se tiene siempre que recordar que son los empresarios los que a fin de cuentas pagan los derechos de los trabajadores, sino porque ellos más que nadie entienden de eficacia y de rentabilidad, y de cómo ofrecer un buen servicio al menor coste posible que, también a fin de cuentas, es de lo que se trata.
El argumento de que el libre despido de funcionarios podría causar inestabilidad en la Administración porque cada Gobierno tendería al revanchismo de expulsar a los ajenos para colocar a los suyos, es infantil y paternalista, y sería equivalente a decir que es un peligro tener ministro de Economía porque viendo pasar tanto dinero por sus manos podría robarlo. El argumento de los líderes sindicales que
auguran que sería un primer paso para privatizar los servicios públicos para que el «capitalismo salvaje» pudiera enriquecerles «todavía más» es la más pura expresión del viejo resentimiento social de los que tienen miedo de la libertad porque saben que sin proteccionismo perderían todas las oportunidades, por zafios e
incapaces.
La libertad es el gran don, la única gran solución de la humanidad.
Vía El Mundo
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