Pablo Molina
La técnica para inundar de militantes del PSOE hasta el último reducto de cualquier administración pública es tan vieja como la democracia española. Se pone en marcha en cuanto los socialistas llegan al poder, se perfecciona durante su mandato y se agudiza en extremo cuando sospechan que perderán las siguientes elecciones.
Básicamente consiste en hacer que la administración de que se trate realice contratos laborales a dedo a un número de afiliados del PSOE que, como mínimo, iguale al de funcionarios que han obtenido su plaza tras superar una dura oposición.
Una vez dentro, se les mantiene en sus puestos desempeñando una supuestas funciones muy por encima de la capacitación académica y profesional de los sujetos en cuestión, algo nada difícil porque en su mayoría se trata de analfabetos estructurales. El motivo de que a estos "compañeros" se les coloque en puestos que exigen algún tipo de destreza intelectual es que de esa forma resulta más fácil justificar unos sueldos muy por encima de la media, porque los enchufados socialistas están ahí por convicción, no por utilitarismo burgués como los funcionarios de carrera, y eso hay que pagarlo.
Cuando se sospecha que el PP puede ganar las siguientes elecciones, los dirigentes del PSOE adoptan como prioridad absoluta consolidar en sus puestos a las hordas de enchufados que han ido instilando en el sistema durante sus distintos mandatos. El expediente es muy sencillo: se convocan unas oposiciones restringidas a las que sólo se pueden presentar los contratados laborales y cuyo número de plazas coincide, obviamente, con el número de aspirantes, de forma que todos aprueban sin el menor esfuerzo.
Pero, ay, existe un problema. ¿Cómo hacemos funcionarios del grupo B (diplomados universitarios) a unos señores que sólo tienen el certificado de escolaridad? Pues después de intensas reflexiones, alguien en el PSOE encontró una feliz solución: creando la figura del "Técnico no titulado", es decir, alguien que cobra como diplomado universitario pero en realidad no lo es. Con el fin de cubrir el expediente se le concede a todo el personal en esta situación un plazo de diez años para que obtengan una diplomatura (la que quieran) y allá se las entienda el PP, que para entonces ya llevará dos legislaturas en el Gobierno.
Y, en efecto, las previsiones se cumplen. El Partido Popular gana las elecciones y, en lugar de poner en la puta calle a toda la tropa izquierdista de enchufados, les da una prórroga para que los afectados obtengan esa titulación requerida. Para darles ánimos en los estudios y demostrar que tienen el apoyo de sus nuevos jefes, los ascienden a todos prácticamente sin distinción, así la "sociedad" ve que los centro-reformistas son muy tolerantes y nada sectarios. De esta forma se perpetúa una situación injusta, se crea una casta de vagos politizados y, en consecuencia, se fomenta el malestar de los verdaderos empleados públicos que intentan hacer bien su trabajo mientras los enchufados les dan lecciones de moral en sus mítines mañaneros a mayor gloria de ZP.
Esto es lo que va a ocurrir en la administración andaluza si el PP gana las próximas elecciones, por la sencilla razón de que es exactamente lo que ha ocurrido en todos los sitios donde los socialistas han perdido la mayoría absoluta en beneficio del Partido Popular. Y si no lo creen pregunten a cualquiera que, como servidor de ustedes, fuera funcionario autonómico de carrera en los ochenta, los años de plomo. Verán qué respuestas.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
Vía Libertad Digital
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