jueves, 5 de agosto de 2010

El Consell de Mallorca gasta de nuevo 11.000 euros en memoria histórica pero deja en el aire promesas a los municipios

El Consell se gasta 11.000 euros en unas jornadas sobre los desaparecidos de la Guerra Civil.

D. A. / Palma

Financia el homenaje a republicanos y rutas guiadas sobre la «represión» en Mallorca

El Consell de Mallorca financiará con 11.000 euros las primeras Jornadas sobre Desapariciones Forzadas en la isla, una iniciativa de la asociación de la Memoria de Mallorca para entre otras cuestiones rendir homenaje a los republicanos muertos durante la Guerra Civil y durante las que también se organizarán rutas guiadas por los principales lugares de la «represión» del franquismo en Palma, como el cementerio, las prisiones de Can Sales, Can Mir y el Castillo de Bellver, así como en Manacor y Porreres.

La aportación del Consell se enmarca en el convenio suscrito hace dos años con esta asociación y que no limita la dotación económica, sino que la institución insular va financiando sus actividades «en función de las necesidades», según explicó ayer el vicepresidente y conseller insular de Presidencia, Cosme Bonet (PSOE), que lo justifica por «el deber de la institución con la historia de Mallorca».

Estas jornadas se celebrarán a finales de agosto coincidiendo con la conmemoración el 30 de este mes del día internacional de los desaparecidos y servirán, dijo Bonet, para reflexionar sobre las desapariciones forzadas que suponen una «violación de los derechos humanos para la persona y para sus familiares». «La más grave de la historia de Mallorca se produjo en la Guerra Civil, cuando de forma sistemática y organizada fueron asesinadas 1.500 personas», afirmó el conseller socialista. «Agradecemos el apoyo absoluto del Consell en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas», añadió por su parte la presidenta de la asociación de la Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.

El acto de clausura de las jornadas será un homenaje a los republicanos «víctimas del franquismo» que se celebrará en el Bosque de la Memoria de Bendinat, en Calvià, con presencia de sus descendientes. El programa también incluye la visita para ofrecer una conferencia de Jaume Asens, uno de los abogados que representan a la asociación y que interpuso una querella por prevaricación -posteriormente rechazada por el Tribunal Supremo- contra el presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Juan Saavedra, y contra el magistrado Luciano Varela, por la imputación del juez Baltasar Garzón a raíz de las irregularidades cometidas por éste en sus investigaciones de los desaparecidos del franquismo y por las que Garzón fue suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial.

La asociación mallorquina ha agotado la vía judicial española al presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto, y reclama la exhumación de cadáveres en las fosas de Porreres y Calvià.


Pero incumple lo que prometió a los municipios de Mallorca.


DANIEL ÁLVAREZ / Palma

No ve posible cumplir el acuerdo aprobado por unanimidad para pagar el 100% de los proyectos ya comprometidos en los pueblos

El Consell de Mallorca ya no garantiza el cumplimiento del acuerdo aprobado por unanimidad en el último pleno de la institución insular, a propuesta del PP, para aportar el próximo año el 100% de la financiación de las obras de distintos municipios de la isla que ya estaban comprometidas mediante convenios plurianuales incluidos en el Plan de Obras y Servicios (POS), el cual sufrirá un importante recorte debido a la prohibición por parte del Gobierno de seguir endeudándose en 2011 que pesa sobre el Consell y todos los ayuntamientos. Un plan que por primera vez no servirá para financiar nuevos proyectos en los pueblos.

El pago de la totalidad de los proyectos ya comprometidos, que hasta ahora el Consell sólo financiaba en una parte y el resto lo asumían los ayuntamientos, fue una de las condiciones que puso el PP para respaldar la primera parte del plan económico del gobierno insular -por la que ha aumentado la deuda de la institución en 11 millones de euros para pagar expropiaciones y facturas pendientes de obras de Carreteras-. Apenas una semana después, el Consell avisa que difícilmente podrá cumplir el acuerdo aprobado por el pleno y alega problemas jurídicos.

Era la condición del PP

El conseller insular de Hacienda y Obras Públicas, Antoni Alemany (PSOE), aceptó la propuesta que le hizo el portavoz popular en el Consell, Jaume Font, la noche antes de presentar el acuerdo que al día siguiente fue aprobado por el pleno con el apoyo de todos los partidos, incluido el Bloc. Sin embargo, el vicepresidente insular y conseller de Cooperación Local e Interior, Miquel Rosselló, del Bloc, que gestiona este plan, no ve posible cumplir dicho acuerdo, «será muy difícil», dijo ayer, porque obligaría también a modificar el reglamento del POS, algo que duda pueda hacerse a tiempo para realizar los pagos el próximo año.

El documento aprobado la semana pasada establece que parte del remanente de tesorería de este año, hasta 10 millones de euros, siempre y cuando el Consell cierre el ejercicio con un superávit de al menos esta cantidad, se destinará a obras del POS, y en primer lugar se «compromete a dar los pasos oportunos para asumir el 100% de los plurianuales comprometidos con los ayuntamientos para el ejercicio 2011». Estos proyectos afectan a 18 municipios y el Consell había previsto una inversión de cuatro millones, pero en caso de financiarlos íntegramente, la aportación rondaría los siete millones.

La estimación de cuatro millones responde a los criterios establecidos en el reglamento del POS, que limita la aportación del Consell para estas obras municipales en unos porcentajes de entre el 40% en el caso de los pueblos más grandes y del 90% en los más pequeños. Rosselló explicó ayer que lo establecido en el reglamento, aprobado al comenzar esta legislatura, impide cumplir el acuerdo salvo que se apruebe una nueva modificación de la normativa y expresó sus dudas acerca de la conveniencia de cambiar el reglamento para cubrir las necesidades de un solo año y no a largo plazo.

El portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, manifestó ayer a este diario que no existe motivo alguno para no hacer efectivo el acuerdo pactado la semana pasada y dijo que, si es necesario, es partidario de modificar el reglamento. «Por encima de todo hay que garantizar es el pago de los proyectos a los ayuntamientos», destacó. Pese a no estar a favor de esa medida, Rosselló apuntó que cabría la posibilidad de hacerlo por la vía de urgencia. Sin embargo, también reconoció las dificultades que puede suponer el hecho de gastar cerca de siete millones en estos proyectos en lugar de los cuatro previstos pues ya sólo dejaría tres millones para el resto de actuaciones. El orden de prioridades del Consell, previo pacto entre todos los partidos, es liquidar en primer lugar estos plurianuales que son obras ya construidas pero aún sin pagar.

La mayoría son instalaciones deportivas, piscinas, escoletes y obras de mejora de calles y de redes de alcantarillado. En segundo lugar, si le queda dinero, financiaría obras en siete municipios que este año no han recibido dinero del POS: Calvià, Pollença, Banyalbufar, Fornalutx, Campanet, Muro y Sineu, cuyos proyectos debían empezar este año, en el que el Consell ha suprimido la segunda fase del plan para reservar dinero para 2011 debido a la imposibilidad de endeudarse el próximo año.

En estos casos, también se trata de obra nueva y eso es justo lo que el Consell ya no quiere financiar en el futuro, para el que propone a los ayuntamientos pagar sólo el mantenimiento de infraestructuras ya construidas y dar «ayudas en especie en vez de dinero» al poner a su disposición más arquitectos o economistas de la institución insular.

«Se acabó el decir sí a todo»

«Se acabó el decir sí a todo. Ya no somos nuevos ricos». «Veníamos de una etapa en la que atábamos a los perros con longaniza y eso ya no es posible», resumió Rosselló, citando obras que no han llegado a utilizarse por no poder asumir los ayuntamientos el coste de su mantenimiento o por falta de demanda, como polideportivos o incluso una escoleta.

Esa nueva filosofía, sin embargo, se aplicaría como pronto en 2012, en la próxima legislatura, y si logra el difícil objetivo de pactar con alcaldes de todos los partidos y en año electoral lo que califica de «testamento político» para los próximos años.

Vía El Mundo