Mano dura contra el absentismo laboral

BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

La reforma prevé abaratar el despido para quien falte el 20% de los días en dos meses
El Gobierno saca adelante el texto en el Senado con el apoyo de Entesa y Grupo Mixto

El Senado aprobó ayer la reforma laboral, con pocas variaciones sobre el texto remitido desde el Congreso, aunque algunas significativas: se facilita el despido de quienes falten al trabajo sin justificación y se recuperan los procedimientos de mediación previstos en los convenios colectivos cuando la empresa negocie un Expediente de Regulación de Empleo.

Ambas modificaciones tienen su origen en el PNV: la primera fue aprobada gracias al apoyo del PP y la segunda, resultado de una enmienda transaccional -negociada con el resto de los grupos- sin votos en contra. También queda incorporada la reducción de 100 a 30 días del periodo de gracia que la ley otorga a los desempleados para rechazar cursos sin ser sancionados.

La reforma, finalmente, recibió el apoyo del PSOE, la Entesa Catalana de Progrés (PSC, ICV-EU y ERC) y el Grupo Mixto, además de las abstenciones de CiU y PNV como ya ocurrió el pasado 29 de julio en el Congreso. Aunque la votación de ayer terminó en empate (12 a favor, 12 en contra y dos abstenciones), el sistema de voto ponderado -el debate se celebró en comisión, que reproduce la representatividad de cada grupo en el pleno de la Cámara- dio la victoria al PSOE: sumó 129 votos a favor con los 16 de la Entesa y los ocho del Mixto, frente a los 123 del PP.

El texto deberá ahora regresar al Congreso de los Diputados el 9 de septiembre, donde su contenido ya no podrá ser modificado. Así, tras su paso por el Senado, el proyecto de ley incluye 28 enmiendas de las 289 que inicialmente presentaron los grupos en la Cámara alta. Los socialistas consiguieron sacar adelante todas las suyas, aunque les colaron otras cuatro gracias al apoyo del PP a tres iniciativas del PNV y una del BNG. Los populares respaldaron también la iniciativa del PSOE sobre las sanciones a los parados que rechacen cursos, a cambio de que el artículo 14 de la norma garantice que a los desempleados se les ofrecerá formación ajustada a su perfil y currículo profesional.

La portavoz del PP en la comisión, Alicia Sánchez-Camacho, definió como «sí crítico» el apoyo de su grupo a la enmienda socialista, lo que no le impidió tachar de «maniobra de desvío informativo» el anuncio del ministro de Trabajo sobre las sanciones a los parados que incumplan el compromiso de actividad. «No quieren que se sepa», aseguró, «que la reforma laboral nace fracasada». Además consiguió que el resto de los grupos apoyara su iniciativa para excluir del límite de tres años los contratos por obra y servicio firmados con personal docente en las universidades, cuyos proyectos de investigación suelen prolongarse más allá de ese tiempo. El resto de las enmiendas del PP, un total de 71, fueron rechazadas.

Por el contrario, el PNV sí sacó adelante la supresión del absentismo global en la empresa como causa de despido objetivo individual. En un principio, el texto fijaba un índice del 5% de absentismo de la plantilla como condición adicional para rescindir el contrato a un empleado que falte al trabajo más del 20% de sus jornadas durante dos meses. En el Congreso se rebajó al 2,5%. Y ahora se elimina. Para defender el recurso a los sistemas de mediación fijados en convenio cuando comité y empresa no lleguen a un acuerdo sobre un ERE, el PNV aduce cumplir «la voluntad de los interlocutores», es decir, de los sindicatos.

La única referencia a las causas del despido por causas económicas, el punto más polémico de la reforma, fue ortográfico. Finalmente, el PSOE sólo accedió -y los demás grupos no objetaron- a satisfacer las pretensiones de CiU en este capítulo cambiando una coma del artículo en cuestión. Según argumentó el senador Jordi Casas, era «fundamental» un punto y coma en esa frase para dejar clara la separación entre causas, de forma que se facilite a los jueces su interpretación. Ahora, pues, son causas económicas de despido «la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos». La portavoz socialista en la comisión, Matilde Fernández, no puso objeciones al punto y coma pese a expresar su desconcierto e insistir en que el cambio de signo ortográfico no alteraba en absoluto el sentido de la frase.

La senadora socialista mostró también su satisfacción por la reforma laboral que ha salido del Senado «con los mismos apoyos que consiguió en el Congreso». No opinaba lo mismo el representante de CiU, Jordi Casas, quien tildó de «remiendo» el proyecto ley. «Al Gobierno le ha faltado coraje para hacer una reforma de verdad», destacó. Los conservadores catalanes sólo lograron incluir dos enmiendas «técnicas» en el texto, así como transaccionar otras dos sobre trabajadores con discapacidad.

Con un discurso que extrañamente coincidía con el que es habitual en los sindicatos, la portavoz del PP, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que la reforma no sólo es «insuficiente», tal y como está redactada, sino que, además, está «destinada a mejorar el despido y no la contratación». Tras reprochar al Gobierno que su discurso actual y sus políticas sociales y económicas contradigan el programa electoral socialista, la senadora popular le acusó de aumentar la «indefensión» de los trabajadores al incluir como causa de despido la mera previsión de pérdidas económicas en las empresas.

Mucho más críticos fueron, no obstante, los portavoces de ERC, Josep María Esquerda, y de ICV, Jordi Guillot, quienes vieron rechazados sus vetos a la totalidad de la reforma. Mientras el primero calificó el texto de «gran sarcasmo» y le reprochó al Ejecutivo que haya creado un «coladero» para despedir trabajadores, el segundo vaticinó que sus efectos en el mercado laboral serán «devastadores».

CCOO y UGT no tardaron ayer en responder a los cambios introducidos en la reforma. Y acusaron al Gobierno de haber negociado con los grupos «más conservadores» del Senado para «ampliar el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores». Las modificaciones aprobadas, aseguran, «recortan» aún más dichos derechos, «abaratando y agilizando los despidos».

El texto, subrayan, «constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos» y supone un «atropello social» que «hace más necesaria, si cabe», la huelga general del 29 de septiembre, para «parar» la reforma.

Vía epesimo