La Defensora del Pueblo carga contra los opositores de los derechos lingüísticos

Vuelve a reiterar que es inconstitucional que el catalán sea 'preferente' sobre el castellano.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que las críticas recibidas por recurrir la ley catalana de Acogida de Inmigrantes ante el Tribunal Constitucional (TC) son "salidas de tono que, por respeto a los ciudadanos, no deberían producirse y menos en personas con responsabilidad política".

Cava de Llano ha criticado que "a veces algunas personas pierden magníficas oportunidades para contar hasta cien antes de soltar lo primero que les viene a la boca".

La defensora ha reiterado su postura hacia el recurso de inconstitucionalidad, y ha defendido que "plantea una cuestión de régimen de cooficialidad lingüística, y no una crítica total frente a la ley", que fija el catalán como primera lengua de acogida en Catalunya.

"El artículo 9 de la ley catalana establece un sistema de preferencia lingüística absoluta del catalán sobre el castellano, hecho que no cuadra con las previsiones de la Constitución ni con la interpretación que el TC ha hecho con el Estatut", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que "el hecho de que el catalán sea la lengua de integración y la exigencia de su conocimiento no responde a la lógica de la primera acogida y priva a los ciudadanos extranjeros de capacidad para decidir sobre una cuestión con gran trascendencia para el adecuado desarrollo de su proyecto migratorio".

Cava de Llanos ha señalado que "el catalán es un patrimonio común del que debemos enorgullecernos, pero eso no nos puede llevar a imponer una lengua en detrimento de la otra que es tan cooficial como aquella y que además es común para toda España".

La defensora ha explicado también que "el precepto recurrido va mucho más allá de las atribuciones de la autonomía en lo tocante a la primera acogida del inmigrante, e incluso al fomento y protección de la lengua catalana". Ha concluido que "hay que promover la integración de los inmigrantes, pero hay que ellos elijan en que lengua quieren hacerlo".

Según prevé la ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán una certificación oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia, así como al mercado de trabajo.

"Si no calificamos a las personas no saldremos de la crisis", explicó en su momento el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, y explicó que la formación incluye 135 horas de catalán, 20 horas sobre conocimiento de la sociedad y el marco jurídico, y diez sobre inserción laboral. Los extranjeros accederán a los cursos tras una entrevista personal con un agente de acogida que dominará su idioma.

La ley -aprobada el 28 de abril con el apoyo todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Mixto y el Popular- se propone crear así un servicio de primera acogida a través de los entes locales que sea universal y homogéneo, y que mejore la autonomía de todos los inmigrantes empadronados en Catalunya o que procedan del reagrupamiento familiar.