El Ayuntamiento ibicenco de San Antonio, gobernado por el Partido Popular, ha emitido un escrito de protesta al Decanato de los Juzgados de Ibiza después de que una juez de la isla le pidiera la traducción de un recurso judicial al castellano porque no entiende el catalán. El Consistorio, dirigido por el popular José Sala, era el autor de dicho recurso en un litigio por el pago de una deuda y lo presentó sólo en una de las lenguas cooficiales de las islas Baleares.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, natural de Madrid, dictó una providencia al Consistorio en la que reclamaba «un juego de copias del recurso presentado traducido al castellano al no hablar este tribunal la lengua de la parte». La secretaria de este juzgado, natural de Galicia, tampoco entiende el catalán, ya que tan sólo lleva cinco meses en la isla.
Lejos de contar con la colaboración del Consistorio, la juez se ha topado con la queja (en catalán también) que asegura que la petición de traducción del recurso infringe diversas normativas de «manera flagrante, inaudita e inconcebible». El Consistorio recuerda a la juez que su juzgado se halla en la isla de Ibiza, donde la lengua catalana es oficial junto a la castellana, según el Estatuto de Autonomía.
La decisión de presentar el recurso en catalán se defiende en numerosas normas que van desde el Estatut hasta la Ley balear de Normalización Lingüística, y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, e incluso es obligatorio para toda la administración autonómica, según un decreto.
A la magistrada, debido a los escasos recursos con los que cuenta la Administración de Justicia en Ibiza, no le ha quedado más remedio que buscarse la vida para traducir el texto.
Según fuentes de este juzgado, el proceso con el Consistorio «no ha sufrido ningún tipo de paralización» por falta de entendimiento de los documentos. De hecho, el recurso siguió su tramite y la jueza reclamó una traducción al Consistorio, simplemente, por una «cuestión práctica».
Eso sí, a partir de ahora el proceso judicial se dilatará, «ya que no hay traductores a disposición de este juzgado, y deberá pedir un permiso al Ministerio de Justicia, para solicitarlo fuera».
Según las mismas fuentes, la juez, que lleva varios años en la isla, «jamás se ha encontrado con nadie que rechazara traducirle al castellano los escritos».
Por parte del Consistorio, su teniente-alcalde, Juan Pantaleoni, portavoz del Partido Popular de Ibiza, aseguró que están «cansados de hacer el trabajo de otras Administraciones», como la traducción de documentos oficiales al castellano.
El portavoz insiste en que la decisión se sostiene en «cumplir la Ley», aunque añadió que «se puede no estar de acuerdo con ella, o parecer ilógica, pero es la que rige».
Por ello, han pedido al Decanato que revoque la petición formulada desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, y que sea éste el que solicite la traducción a los servicios lingüísticos que tenga el Juzgado o incluso al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
En el Ayuntamiento, aseguran que en el hipotético e improbable caso de que la traducción no la hagan los servicios lingüísticos dependientes de la Administración de Justicia, se puede solicitar, según establece la Ley de Normalización Lingüística, al Govern balear o al Consell Insular.
«¿Defenderías la lengua y cultura catalanas?»
MANUEL AGUILERA/Palma
¿Un niño de 12 años formaría parte de una asociación que defendiera la lengua y cultura catalanas? Esto es lo que quieren saber algunos profesores de secundaria de Mallorca. Ha ocurrido en uno de los dos institutos que hay en Inca. Los 800 alumnos del IES Pau Casesnoves han tenido que contestar a 22 preguntas sobre sus usos lingüísticos y su relación con la lengua y cultura catalanas. «¿Tienes un sentimiento de estima hacia la lengua y cultura catalanas?»; «¿Formas o formarías parte de alguna asociación en defensa de la lengua y cultura catalanas?», son algunos ejemplos. La primera pregunta ya es paradigmática del tipo de encuesta. El alumno debe indicar si ha nacido en los «Países de habla catalana» o en el «Estado Espanyol». Después hay cuestiones de todo tipo que se ciñen al ámbito educativo: procedencia de los padres, lengua que se utiliza con la familia, con los amigos, en el aula, en el recreo... Luego se abordan ámbitos sociales, laborales y privados que se refieren no sólo a la lengua, sino también a la cultura catalana: grado de utilidad del catalán para encontrar trabajo, estima y defensa de la lengua y cultura catalanas, cadenas de televisión que ven los jóvenes alumnos, diarios que compran...
El cuestionario ha sido realizado por la comisión de Normalización Lingüística del centro que dirige el profesor Joan Planas. Tanto él como la directora, Joana Prohens, aseguran que el fin «es integrar a los alumnos debido al alto porcentaje de inmigrantes que posee el instituto». El 35% del alumnado es extranjero, sobre todo latinoamericano, y la dirección destaca que para favorecer su integración «no basta con saber sólo una lengua». Declaran que las preguntas no le parecen tendenciosas y que su único objetivo es «integrar».
Al parecer, el centro no tendrá los resultados de la encuesta hasta el curso que viene.
El Departamento de Educación se lava las manos ante el asunto y apela a la autonomía de los centros. «No hay motivo para intervenir porque no se vulnera ninguna normativa», afirma.
El proyecto lingüístico de este instituto obliga, entre otras cosas, a que todos los profesores, administradores e, incluso, el personal de limpieza se dirija siempre al alumnado y entre ellos en catalán.
Vía epesimo
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