sábado, 27 de noviembre de 2010

El placer de la confiscación

Antonio Alemany    

          Una de las grandes aficiones y de los mayores placeres de la izquierda- y también de UM- es confiscar las propiedades ajenas. Probablemente se mezclan ahí un extraño resentimiento y un odio africano a la propiedad privada, ajena por supuesta, ya que la propia siempre es intocable. Nada más comenzar la autonomía, ya comenzó el festival confiscatorio con la Ley de Espacios Naturales que, en memorable exposición en el Parlament, era objeto de trazos sobre los planos que arruinaban a unos y enriquecían a otro. Con delectación y entusiasmo se cargaban el objetivo declarado de toda la legislación del suelo: evitar los injustos desplazamientos del valor de la propiedad que enriquecen a unos y empobrecen a otros. Ahora vamos a asistir a un nuevo episodio de confiscación por parte de la alcaldesa de Palma: el estadio Luis Sitjar focalizado por la fobia confiscatoria del equipo gobernante de Cort.


          Como siempre, las formas son “indirectas” pero de evidencia rapaz. Por vías indirectas se anula el valor de uso, presente o futuro del estadio, se declara una ruina probablemente inexistente para justificar la ordalía, se anula legalmente toda posibilidad futura de rentabilización del espacio para, al final, quedarse por cuatro perras con un importante solar urbano. Si lo que importa a la alcaldesa no es robar a unos ciudadanos, sino ganar un espacio para la ciudad lo que procede es expropiarlo que es la forma civilizada y justa de adquirir un bien deseado mediante la motivación de la expropiación, la audiencia a los afectados y la fijación de un justiprecio. Todo lo que no sea esto es un robo a mano armada y pura y dura confiscación.


          En lo que llevamos de autonomía nos hemos gastado auténticas fortunas por culpa de unos políticos irresponsables y sin escrúpulos que prescinden, tanto de las formalidades que impone la ley como de los costes económicos de estas operaciones impulsadas por la real gana del político de turno. Y todo esto ocurre porque no hemos conseguido delimitar la responsabilidad personal de los políticos por comportamientos ilícitos y por la práctica de este deporte de entrar a saco impunemente en el patrimonio ajeno. Al margen de cambiar la legislación en materia de responsabilidad personal, a nivel de sociedad debería generarse un movimiento para la restauración de   la Ley de Talión aplicable a los que, impunemente, han arruinado a ciudadanos absolutamente indefensos e inermes como los actuales propietarios del Luis Sitjar. La Ley del Talión es, como se sabe, el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué la alcadesa y su guardia pretoriana entran a saco en propiedades ajenas? Pues hay que hacerle lo mismo con sus propiedades. ¿Qué derriban el chalet de Hidalgo, en este caso con todos los sacramentos de la ley? Pues a derribar todos los chalets de los políticos basados en casitas de aperos, comenzando por Grosske, por ejemplo. Sería glorioso.
   
      La seguridad jurídica es, para todos estos políticos izquierdosos, una filfa pequeño-burguesa que se subordina a un interés general que, por supuesto, definen e interpretan ellos. La única forma de neutralizar esta impostura es hacer a estos políticos lo que ellos hacen a los demás, es decir, fijar y definir un “interés general” que pasa por entrar   saco sobre sus patrimonios y sus personas. Verían que rápidamente se acabarían todas estas iniquidades y arbitrariedades que padece el ciudadano de a pie.

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