Razón de Estado y Sáhara Occidental

Un informe de la ONU señala que en el acuerdo de Madrid, España no transfirió la soberanía.

En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los límites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos.
Tras la Revolución Industrial y burguesa que culmina con la independencia de las 13 colonias y el fin del Absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el Estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la ley o la independencia del poder judicial Estos límites, que en España nacieron viciados tras la Constitución de 1978 con una legislación especial como fue la ley antiterrorista que introdujo la excepción en la propia normalidad, fueron incapaces de evitar el GAL y los 26 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987.
Aun así, cuando los hechos irremisiblemente fueron conocidos, desde un decrépito Gobierno desbordado por los problemas de corrupción y una crisis económica galopante, se intentaron justificar, como ahora sucede con la masacre del Sáhara, en la razón de Estado. Entonces la ciudadanía dejó constancia de su madurez democrática y lo demostró rechazando esta argumentación en las elecciones de 1996.
Sin embargo, ahora, cuando todos creíamos que el nuevo PSOE había aprendido la lección y estos episodios estaban asumidos, superados y por lo tanto eran irrepetibles en una democracia –si no avanzada, sí al menos madura–, las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas desde Seúl referidas a la masacre del Sáhara, producen perplejidad e inquietud. “Los intereses de España son los que el Gobierno tiene que poner por delante”, declaró el jefe del Ejecutivo.
Este sentimiento fue y sigue siendo tan poderoso que a nadie extrañó la ausencia del PSOE en la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Madrid, que aglutinó a líderes políticos, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons; el coordinador general de IU, Cayo Lara; la presidenta de UPyD, Rosa Díez, o los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Además de a representantes del mundo de la cultura, como Pilar y Javier Bardem, y Rosa María Sardá, y de organizaciones humanitarias, como la Liga Pro Derechos Humanos, representada por su presidente, Francisco José Alonso.
Pero, repito, lo que realmente resultó lacerante para los demócratas, lo que es una vergüenza dolorosa para todos los españoles, no fue la esperada ausencia del PSOE, sino el pronunciamiento del presidente Zapatero evocando la siniestra “razón de Estado” para amparar crímenes de lesa humanidad contra la nación saharaui.
El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, debería reaccionar con el imperio de la ley, impulsando con base en el principio de justicia universal los procedimientos judiciales oportunos, sin esperar a que sean las indefensas víctimas o asociaciones como la mencionada Liga Pro Derechos Humanos quienes lo hagan. Y no sólo porque alguno de los muertos tenga la nacionalidad española, sino por los especiales vínculos del Sáhara occidental con España.
Todos los saharauis son o han sido españoles real o potencialmente. Por otra parte, un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. “España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente”, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, y al hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
La investigación que la querella exige es complicada, ya que no se refiere sólo a hechos pasados, sino a lo que ahora mismo está sucediendo. Por otra parte, la información es difusa, imprecisa y difícil de verificar, ya que no han sido admitidos observadores imparciales, lo que resta veracidad a la versión de los querellados. Sin embargo, no es imposible, ya que estamos en la sociedad de la información y mucho material de vídeo y audio está disponible a través de Internet.
Por otra parte, existen testigos presenciales, pero tienen miedo y se precisa una garantía de indemnidad para ellos y sus familias. Pero lo prioritario en estos momentos no es la investigación de la masacre y el intento de destruir la nación saharaui, sino que ésta se detenga y que se respete el estatus jurídico establecido por las Naciones Unidas.
Que esto sea posible algún día no es una cuestión de argumentos, sino de músculo. Es indispensable que una fuerza internacional evite esa masacre y haga aquello a lo que España renunció en su momento: tutelar a la nación saharaui hasta su emancipación.

Vía La Gaceta