M. Medina18/11/2010
Los defensores de la teoría de la conspiración del 11-M vuelven a salir de debajo de las piedras. El pretexto es la debilidad manifiesta que está mostrando el Gobierno de Zapatero en el conflicto del Sáhara. Recuerdan sus defensores la tesis de que los servicios secretos del país vecino estaban al tanto del atentado. La teoría de la conspiración, alimentada por gente que tenía necesidad de vender periódicos, le ha hecho mucho daño a la investigación sobre los atentados de 2004. No es necesario recurrir a esa explicación para entender lo que está pasando. El propio Zapatero lo explicó la semana pasada en Seúl: hay que elegir entre derechos humanos e intereses y él se queda con los intereses.
Eso explica que Trinidad Jiménez no condene los ataques al campamento de El Aaiún, que recurra al argumento de que falta información para pronunciarse con claridad, que Rubalcaba dé por buenas las explicaciones inverosímiles del ministro del Interior. El caso del Sáhara es una buena documentación práctica de las consecuencias que tiene una concepción de los derechos humanos de carácter ideológico. El Gobierno, que se ha llenado la boca de hablar de la ampliación de los derechos, cuando esos derechos exigen algo más que palabras bonitas e ingeniería sexual los deja de lado. Aquellos que han provocado una auténtica inflación de derechos, reduciendo y fragmentado el deseo, son incapaces de sostener la universalidad de los derechos humanos más fundamentales.
Vía Páginas digital
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