EL ÓRDAGO lanzado ayer por el presidente de la Generalitat catalana negándose a acatar el fallo sobre el Estatuto supone una gravísima irresponsabilidad. Montilla proclamó ayer su insumisión a la Ley al asegurar que las normas que el Parlamento catalán va a tramitar en los próximos días, y que se ven directamente afectadas por la resolución del Constitucional, se aprobarán tal y como estaba previsto y «no a la luz de lo que diga la sentencia». Ni siquiera habla de agarrarse a los márgenes que deja una sentencia tan interpretativa como la del Alto Tribunal. Si Montilla quiere colocarse fuera del sistema, debería ser coherente y dejar hoy mismo la Generalitat. Pero lo que resulta intolerable es que una autoridad se declare en rebeldía contra el Estado al que pertenece y del que él mismo recibe legitimidad. Es como si al frente del cuerpo de bomberos hubiera un pirómano. Montilla ha perdido los papeles. Sus valoraciones de la sentencia, diciendo que tiene «el efecto de tocar las narices» revelan que está desquiciado. «¿Tienen que reiterar tantas veces la indisoluble unidad de España? ¿Por qué?», se preguntaba ayer, como si el artículo 2 de la Constitución le produjera urticaria. Pero si disparatadas son las manifestaciones de Montilla, el silencio con que han sido recogidas en el PSOE y en el Gobierno resulta insólito. Zapatero debería reconvenirle y exigir una rectificación. Uno de los principios del Estado de Derecho es que las sentencias, gusten o no, se acatan. Otra cosa supondría la anarquía.El Mundo
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