Maria Luz García
Las ministras Bibiana Aído y Trinidad Jiménez, adalides de la igualdad, han puesto sobre la mesa una nueva discriminación, la que supone destinar cada año alrededor de 900.000 euros a costear los abortos en Baleares y, a la vez, abandonar durante más de un año, a los enfermos que esperan y desesperan para ser intervenidos. Para ellos no hay ningún concierto con centros privados, todo lo contrario, en base a una triquiñuela les dejan prácticamente olvidados en una lista interminable que se alarga con cada acto médico, impotentes y desesperados por una intervención o una prueba que no llega. No hay dinero para convenios, ni para contratar más personal, pero sí lo hay para concertar con las clínicas abortistas para realizar cuantas interrupciones voluntarias del embarazo se deseen. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De un presupuesto tan mermado que ni contempla cubrir bajas y sustituciones? ¿De la rebaja del 5 por ciento del salario de todos los profesionales sanitarios? ¿Del cierre de plantas hospitalarias por falta de trabajadores? ¿Del recorte del gasto farmacéutico? ¿De la congelación de las pensiones? Que me lo expliquen, porque de esta política que sólo se mueve de cara a la galería, de esta política llena de hipocresía, de declaraciones altisonantes y de leyes “estrella” que nadie había pedido ni consideraba necesarias, de esta política que siempre se queda en la superficie y es incapaz de llegar a la raíz de los problemas y actuar para solucionarlos, somos muchos los que empezamos a estar muy hartos.
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