La Generalitat se quiere apoderar de un archivo con centernares de documentos de Baleares

LENGUA | Archivo

La memoria de Baleares, en manos de Cataluña

• La Generalitat catalana reclama todo el poder sobre un archivo con centenares de documentos de la historia del archipiélago balear
• El TC le ha dado de momento la razón pero aún debe analizar tres recursos

Mariona Cerdó | Palma

Comentarios 48

El judío Bahiel Alconstantiní preguntó desde lo alto de su caballo el nombre de aquel lugar. Su interlocutor le contestó en árabe, idioma que conocía a la perfección por haberse criado en tierras musulmanas. De hecho, habían sido sus conocimientos lingüísticos los que le habían llevado hasta allí: debía apuntar, una a una, todas las propiedades que le habían tocado en gracia a su señor.

Tomó nota y siguió su camino. Meses más tarde, algún otro escribano –no se sabe a ciencia cierta quién era y, de hecho, el protagonismo de Alconstantiní es tan sólo una hipótesis– traduciría estos apuntes al catalán, en un libro pequeño y tosco que, con el tiempo, iría a parar al Monasterio de Sigena (Huesca). No sería este su destino definitivo. El periplo del ejemplar acabó cuando se almacenó en el Archivo de la Real Cancillería (Barcelona). Allí sigue en la actualidad.

El libro en cuestión es la Remembrança de Nunyo Sanç, el inventario de todas las propiedades (casas, alquerías, molinos y huertos) que este noble catalán atesoró en Mallorca como recompensa por haber ayudado a Jaume I en la conquista de la Isla. Un documento muy valioso de la historia medieval mallorquina que, como tantos otros, está integrado en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), cuya gestión, que ahora es del Estado, podría pasar a la Generalitat catalana si el Tribunal Constitucional (TC) confirma la validez de su estatuto de autonomía del año 2006.

Baleares no es la única comunidad con fondos documentales en este archivo. Todos los territorios que un día formaron parte de la Corona de Aragón (Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón) tienen en él parte de su historia. Por ello, desde enero de 2007, cada una de estas comunidades tiene una representación paritaria en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, el órgano rector del fondo, que conserva la titularidad estatal.

Pero a Cataluña no le basta con eso y, con el objetivo de tener el máximo control sobre el archivo, aprobó en su Estatuto de Autonomía que «corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre los archivos de titularidad estatal situados en Cataluña, que incluye, en todo caso, la regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de personal». Es decir: todo. Y el TC le ha dado, por el momento, la razón, al rechazar la petición de inconstitucionalidad que, en este sentido, interpuso el PP. Sin embargo, aún faltan por analizar los recursos de las comunidades afectadas por la decisión: Aragón, Valencia y Baleares. Los especialistas no descartan que el TC cambie de opinión. Si lo hace, el president del Govern, el socialista Francesc Antich –que decidió mantener el recurso pese a que había sido su antecesor Jaume Matas (PP) quien lo había puesto– tendrá que definirse: o su amistad con el presidente de la Generalitat, José Montilla, con el que se ha alineado estratégicamente, o los intereses de Baleares.

El tripartito catalán lo tenía claro al llegar al poder en 2006: debía hacer todo lo posible para conseguir gestionar el Archivo de la Corona de Aragón en exclusiva. Para los nacionalistas, es inconcebible que una institución que siempre ha estado situada en Barcelona esté sujeta a las decisiones del Gobierno. Sin embargo, las pretensiones de la Generalitat significan hacerse con una institución que no sólo atesora gran parte de la historia catalana, sino también del resto de territorios que un día integraron la Corona de Aragón.

En cuanto al Ministerio de Cultura, no estaba dispuesto en aquel momento a presentar batalla, ya que a aquel Gobierno, el primero de José Luis Rodríguez Zapatero, le convenía estar a bien con la Generalitat. Fue en este contexto que convocó a dos representantes de cada comunidad autónoma a una reunión técnica cuyo objetivo era, en realidad, avalar el desembarco de Cataluña en el staff del Archivo. El encuentro se celebró en Madrid, para evitar herir susceptibilidades.

Baleares envió a un historiador, Miquel Deyà; y a un archivista, Ricard Urgell –los dos especialistas de referencia en la materia–, y lo mismo hicieron Aragón y Valencia. La Generalitat catalana, sin embargo, mandó a dos representantes políticos con unas instrucciones muy precisas de arriba: delimitar los fondos propios de Cataluña y, por lo tanto, romper la unidad del archivo. Cuando lo intentaron, el resto de miembros de la comisión se cerró en banda.