¿Qué está pasando con el Valle de los Caídos?

Cerrado por obras. Hace meses que los ciudadanos que intentan acudir al Valle de los Caídos encuentran vetado el paso. La versión oficial asegura que el mal estado del monumento desaconseja la visita hasta que se realicen las pertinentes obras de conservación. Sin embargo, lo que se ha prohibido es el acceso a todo el conjunto de Valle, y no sólo a las partes sometidas a trabajos. Primero se prohibió el ascenso a la Cruz. Después, la entrada en la Basílica, excepto en el horario de Misa. Pero, ¿qué obras son esas? En la actualidad, ninguna. La sospecha crece: el Gobierno, por razones estrictamente ideológicas, estaría prohibiendo a los españoles visitar un monumento que ellos mismos pagan con sus impuestos. Como cacicada, no está mal.

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LA CLAVE :Sectarismo

El Valle de los Caídos se ha convertido en un problema para el Gobierno Zapatero

¿Qué está pasando en el Valle? La comunidad benedictina que sostiene el monasterio del Valle no suelta prenda; el Gobierno, tampoco. Pero cualquier ciudadano que trate de subir al célebre monumento, en la sierra madrileña de Guadarrama y a escasos kilómetros de El Escorial, podrá constatarlo por sí mismo: no se puede pasar. ¿Por qué?

Ha habido una obra de restauración en la bóveda de la basílica; obra superflua para unos, necesaria para otros, pero, en cualquier caso, ya finalizada. Después del atentado de los Grapo, en 1999, el mosaico de la bóveda quedó levemente afectado. Patrimonio ha tardado muchos años en acometer la retauración. Finalmente lo hizo en diciembre pasado. Sin embargo, el Valle sigue cerrado. Todavía por obras de restauración. ¿Dónde? ¿Y por qué al Gobierno le ha dado ahora por restaurar el Valle, después de larguísimos años de abandono y desidia?

El nuevo proyecto concebido por el Gobierno para “restaurar” el Valle afecta a la enorme Piedad que preside la entrada al templo. No es la primera vez que esta estatua conoce proyectos de restauración. La última ocurrencia, sin embargo, va más allá de lo razonable: se trataría de descolgar literalmente la obra y trasladarla fuera del recinto para efectuar trabajos de comprobación. Frente a este proyecto, realmente insólito para una pieza de estas dimensiones, una comisión independiente de técnicos ha opuesto sólidos argumentos: ni la Piedad necesita una restauración a fondo, ni mucho menos es preciso desmontarla, ni la obra tendría por qué afectar a las visitas. Los técnicos gubernamentales aseguran que la operación permitirá “testar” el estado de la piedra no sólo de la Piedad, sino de todo el conjunto. Pero si ese es el objetivo, ¿por qué hacerlo precisamente en la Piedad?

Opacidad administrativa

A fecha de hoy, todo lo que rodea al Valle está sepultado en una densa opacidad. El Gobierno no habla claro. Y mientras tanto este lugar, habitualmente frecuentado por miles de personas, se ha convertido en un desierto. La última y sorprendente iniciativa gubernamental ha sido la retirada de la tienda de Patrimonio Nacional instalada a la entrada de la basílica. Es como si el Gobierno contemplara un largo periodo de cierre. Pero no lo dicho expresamente. Silencio.

Nadie ignora que la polémica sobre el Valle sobrepasa con mucho los límites de lo histórico-artístico y entra más bien en el terreno político. Desde la gestión de la Ley de Memoria Histórica, el Valle de los Caídos ha quedado en posición comprometida. La idea inicial de la izquierda que apoyaba al Gobierno, en la primera legislatura, era literalmente demolerlo. La insensatez fue desechada, por fortuna. Pero había otros proyectos que pretendían alterar la naturaleza del monumento; por ejemplo, convertirlo en un “centro de interpretación del franquismo”.

Esos proyectos han chocado contra una realidad jurídica que no es posible modificar. El estatuto jurídico del Valle de los Caídos es de naturaleza mixta. El Valle es una fundación de derecho pontificio. Desde 1957 su función es acoger los restos de casi 35.000 españoles de ambos bandos muertos en la guerra civil y allí enterrados. La gestión religiosa del conjunto corresponde a la orden benedictina. Sobre esa base, al Estado español, a través del organismo público Patrimonio Nacional, le corresponde la administración y gestión económica del monumento, incluidas las dependencias hosteleras de su interior. Es decir que el Valle de los Caídos no es propiamente “del Estado”, aunque nadie ha discutido nunca al Estado su derecho a ejercer la gestión. La cual, por cierto, ha dejado mucho que desear, especialmente en materia de conservación artística. Y a ello a pesar de que la cifra de visitantes del Valle siempre ha estado entre las más altas de todo el Patrimonio Nacional: hasta medio millón de visitantes al año.

Así las cosas, el Valle de los Caídos se ha convertido en un problema para el Gobierno Zapatero. Inicialmente, todo lo relativo al Valle correspondía al ámbito de competencias de Patrimonio Nacional, que es un organismo autónomo. Pronto, sin embargo, las conversaciones sobre el futuro del Valle pasaron a ser controladas directamente por el Ministerio de la Presidencia, es decir, por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Parece que es ahí, en algún lugar de ese Ministerio, donde el asunto ha quedado “dormido”. Para perjuicio de los ciudadanos que son, al fin y al cabo, los que mantienen el monumento con sus impuestos y con las entradas que pagan para acceder a él.

El falso mito del Valle de los Caídos

La inquina gubernamental contra el Valle de los Caídos, que no es ningún secreto, proviene de una mitología intensamente alimentada por la izquierda sobre este lugar. Según la leyenda, el Valle de los Caídos es el mausoleo que Franco erigió en su propio honor, con mano de obra forzada de veinte mil presos políticos, para coronar la derrota de la República. Ahora bien, todo eso es estrictamente falso y no se mantiene con documentos en la mano. La verdad es muy otra.

El Valle no fue construido con trabajo forzado. Un cierto porcentaje de los obreros fue reclutado por las empresas constructoras en las prisiones. Esos presos, políticos unos, comunes otros, no trabajaron como forzados, sino con el aliciente de una redención de hasta dos tercios de la pena: tres días de pena redimida por cada día trabajado. Y ello con un jornal equivalente al de los obreros convencionales y con la posibilidad de desplazar a su familia hasta el propio recinto de Cuelgamuros. Nunca fueron, por cierto, 20.000 obreros: a lo largo de los quince años que duraron las obras trabajaron en el Valle dos mil obreros en total, y sólo una parte de ellos eran presos.

Tampoco es verdad que Franco concibiera el Valle como mausoleo propio: nadie había previsto su enterramiento allí, fue el Gobierno de 1975 quien lo propuso y fue el Rey quien solicitó permiso al abad benedictino para inhumar al jefe del Estado; por eso Franco está enterrado en un lugar tan inusual como la parte posterior del altar. Ni es verdad, en fin, que el Valle se construyera para coronar la derrota de la República: su objetivo expreso era simbolizar la reconciliación de las dos Españas más allá de la muerte, y por eso entre los cadáveres inhumados en Cuelgamuros hay un altísimo porcentaje de caídos republicanos. Todo eso lo contó Daniel Sueiro en La verdadera historia del Valle de los Caídos (SEDMAY, Madrid, 1976), libro tan repleto de testimonios de primera mano que es forzoso aceptar su estricta veracidad.

La realidad del Valle de los Caídos, después de 1975, tampoco ha sido la de un “lugar-memoria” del franquismo. Por su Centro de Estudios Sociales, precedente de los cursos de la Complutense en El Escorial, pasaron muchos de los que en la transición desempeñaron algún papel de relieve. Ante todo y sobre todo: el trabajo de la comunidad benedictina que conforme a Derecho custodia el Valle lo ha convertido en un lugar de peregrinación de primera importancia para cientos de miles de católicos de todo el mundo. La naturaleza del Valle de los Caídos es religiosa y monumental, no política. Así ha venido siéndolo hasta que un Gobierno determinado, treinta y cinco años después de la muerte de Franco, ha decidido verlo de otra manera.

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