MANUEL MARRACO
Madrid
ETA, las FARC y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) se adiestraron en tierras venezolanas con la cobertura del régimen de Hugo Chávez, según se desprende del auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra seis etarras y siete terroristas colombianos.
El escrito destaca la «cooperación gubernamental venezolana» en los contactos que ETA y las FARC han mantenido durante años, y pide a Exteriores que haga gestiones ante Cuba y, «en especial», Venezuela para que faciliten la extradición de varios procesados. El juez les atribuye tenencia de explosivos, colaboración con una banda terrorista y conspiración para atentar en España contra dirigentes colombianos, entre ellos el presidente Álvaro Uribe. La decisión del juez coincidió con la identificación del tercer detenido el domingo en Francia. Se trata de Lorenzo Ayestarán, sospechoso de 10 asesinatos y al que Venezuela se negó a extraditar.
La «colaboración» venezolana sostenida por el magistrado se centra en dos puntos. El primero, la presencia en el país del etarra procesado Arturo Cubillas Fontán, que acumulaba dos cargos: uno oficial, como adscrito a la oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura. Otro, oficioso, como responsable desde 1999 del colectivo de etarras en Venezuela y coordinador de las relaciones con las FARC.
Cubillo está casado con una venezolana que ha desempeñado varios cargos con Chávez. Además, regentó en Caracas un restaurante al que puso el nombre de Oker's, el mismo que el comando al que perteneció.
El segundo elemento que apunta al régimen venezolano se sitúa en 2007. En agosto de ese año, dos etarras dieron cursillos sobre explosivos a miembros de las FARC en una finca cercana a Guadalito, en el Estado de Apure. El juez precisa que los terroristas llegaron al lugar «viajando por tierra vía Maracaibo con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo de escolta con militares venezolanos».
Al citado curso asistieron, además de terroristas de las FARC, siete miembros de la organización terrorista venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que en múltiples ocasiones ha mostrado su respaldo al ideario de Chávez.
El «curso teórico-práctico de unos 20 días en seis jornadas de dos horas, entre las 16 y las 18 horas» tenía como objetivo adiestrar a los terroristas en el uso del explosivo C4, más potente y manejable que la dinamita. Además, el juez añade que el etarra Ignacio Domínguez Achalandabaso enseñó el uso de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de los explosivos.
Años antes, explica el juez, y fruto de las gestiones de Cubillo, las FARC habían adiestrado a varios etarras, además de enseñarles el manejo de misiles tierra aire, con los que la banda planeó atentar contra el ex presidente Jose María Aznar. Igualmente, colaboraron en el desarrollo de las granadas tipo Jotake, muy empleadas por ETA. La pruebas se realizaban en campamentos de las FARC en Venezuela.
Como «contraprestación» a todo eso, las FARC pidieron a ETA ayuda para atentar en España contra altos cargos colombianos que visitaran nuestro país. La lista incluye al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a su predecesor, Andrés Pastrana, así como a otros cargos políticos y militares. El escrito no da detalles sobre esa supuesta colaboración, pero sí procesa al etarra Cubillo por conspiración para cometer asesinato. Como él, todos los procesados excepto uno se encuentran fuera de España o en paradero desconocido, por lo que el juez pide su localización, detención y extradición.
La relación entre ETA y las FARC se investigaba en la Audiencia Nacional desde hace más de 15 años. De hecho, el juez Velasco abre su auto afirmando que «a lo largo de su historia han mantenido relaciones coordinadas algunos de sus miembros entre sí, de modo y manera que se han ayudado mutuamente a la hora de conseguir lograr algunos de sus ilícitos objetivos». Un documento incautado en 1993 desvelaba una reunión entre un etarra residente en Cuba y un comandante de las FARC que ETA resumía así: «Contacto muy interesante [...] siendo la disposición de ellos total, estaban muy contentos del trabajo conjunto de otras ocasiones».
La investigación cobró impulso definitivo tras la operación del Ejército colombiano que acabó con la vida del dirigente guerrillero Raúl Reyes, en cuyo ordenador se encontraron múltiples referencias a los contactos entre ambas organizaciones terroristas.
Además de Cubillo (afincado en Venezuela) y Achalandabaso (en paradero desconocido), los etarras procesados son Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez, José Miguel Arrugaeta San Emeterio (instalados en Cuba) y José María Zaldúa Corta (residente en México).
ELMUNDO.es Documento: Lea el auto del juez. Videoblog: EL MUNDO en 2 ', por Pedro J. Ramírez. Editorial en página 3
Vía epesimo
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