La Generalitat no sólo no aprobó ayer el decreto para exigir a los docentes universitarios el dominio del catalán, sino que dio marcha atrás. Lo que el lunes se aseguraba que era un acuerdo cerrado y listo para ser aprobado pasó a ser una propuesta que se está estudiando. Ni estaba finalizado su contenido, ni queda claro si se exigirá el nivel C, incógnitas que para el consejero de Universidades, Innovación y Empresa, Josep Huguet, ya eran realidades.Sigue en página 8
El republicano se precipitó al avanzar que el decreto estaba preparado e, incluso, que ayer podía aprobarse en el Consejo Ejecutivo. Tuvo que ser el titular del Departamento de Vivienda y Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, el que confirmase en representación del Govern que, además de que la exigencia del catalán no entró ni siquiera en la agenda de ayer, sobre ésta «se han hecho afirmaciones que no están bien».
Como si quisiese demostrar que la falta de entendimiento reina entre los partidos que forman el Govern, Baltasar tumbó las bases del acuerdo que Huguet dio por válidas sobre el decreto. Anunció que sería una norma que sólo afectaría a aquellos profesionales que buscasen una plaza fija y, ante todo, que no se había determinado si se pediría el nivel C, que evalúa un dominio a nivel escrito y oral medio-alto.
Además, el ecosocialista explicó que «las propias universidades serían las que pondrán los criterios» en relación con el conocimiento de la lengua autonómica. Precisamente, un modelo similar al que está instaurado ahora mismo, donde las mismas facultades pueden optar por pedir un nivel de catalán determinado o no. Según Baltasar, en el decreto se estudia que a aquellos a los que se forzase a aprender catalán se les daría dos años para demostrar haber asimilado los conocimientos.
Baltasar tuvo que ser el que esta vez paralizase el ímpetu de Huguet en otro asunto de carácter identitario. A las puertas de acabar su mandato como consejero, el republicano no ha dudado en empezar a quemar todas sus naves e incluso enfrentarse a sus propios socios en el Govern o en ERC. Lanzó lindezas contra el PSC tales como que la campaña publicitaria que acaba de presentar es «un engaño» por hablar de los logros de José Montilla y no tener en cuenta la colaboración de Esquerra. Y al que fue el líder de su misma formación, Josep Lluís Carod-Rovira, lo tachó de «insolidario absoluto» por no querer ir en las listas de ERC.
El republicano lleva desde 2006 luchando con celo para lograr la imposición del catalán en la Universidad, pero el último escollo que se ha encontrado ha sido dentro del propio tripartito. Y es que Baltasar ni siquiera confirmó cuándo podría estar listo el decreto para llevarlo al Consejo Ejecutivo, por lo que se limitó a comentar que espera que pueda ser «en las próximas semanas».
En la Generalitat procuran que el acuerdo se vea con buenos ojos en las universidades tras la negativa de éstas a adoptar una norma similar en 2008 y seguramente limarán las condiciones para no toparse con protestas. Y ante la norma descafeinada, la Universitat de Girona (UdG) reafirmó ayer que vería con buenos ojos el decreto «siempre que esto no sea una barrera de entrada al talento externo». Según el vicerrector Teodor Juvé, se intenta «conseguir la máxima calidad de la gente que viene», y «el requisito lingüístico [en relación al catalán] está en segundo término», informa Marta Rodríguez Font.
No obstante, el recorte en el decreto no paralizó las críticas hacia un nuevo cerco a quienes no usen el catalán en la educación. A las críticas de PP y Ciutadans, ayer se unió la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, quien calificó el intento de la Generalitat presidida por Montilla de «un nuevo ataque a la libertad, la competitividad y la calidad» del sistema universitario catalán. Según ella, únicamente quiere dejar claro «quien manda» en la educación, sin importar la excelencia de la docencia.
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