Lázaro Conde Monge | La Nación Española Alta traición: La cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado (Diccionario de la Lengua Española).
La degradación de la política española es de tal magnitud, que la eliminación del siniestro protagonismo de sus responsables, debe ser prioritaria para los demócratas que consideran que corregir el disparatado rumbo emprendido por el Gobierno hacia la liquidación de más de cinco siglos de unidad nacional, no admite mayor demora. Sobran las divagaciones incongruentes de quienes, debidamente apesebrados por el poder político, tratan de resaltar en periódicos, tertulias y otros medios de comunicación, las excelencias del régimen político impuesto por el progresismo totalitario de izquierdas a partir del acceso al Gobierno, tras la victoria del actual presidente en la elecciones celebradas el 11de marzo del año 2004 en las terribles condiciones conocidas por todos. Se impone la proclamación de la verdad como muestra inequívoca de la libertad que caracteriza a toda democracia auténtica. Al abarcar el deterioro de la situación general a la totalidad de los ámbitos político, económico y social, quien emite su opinión la fundamenta en lo que afecta con mayor gravedad a la existencia de la nación.
Aunque desvergonzadamente el Gobierno actual la esté liquidando, España es una democracia que desde el 6 de Diciembre de 1978 se rige por una Constitución aprobada por 15.310.020 españoles que dicho día votaron afirmativamente su refrendo, tras la previa aprobación por abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados y del Senado el 31 de Octubre del mismo año. El voto positivo significaba el 87,7 por ciento, frente al 7,83 por ciento que representaban 1.385.582 votos negativos.
La reanudación de la actividad política transcurrido el período vacacional veraniego, pone una vez más de manifiesto que la desidia, el desprecio a la opinión pública y la tibieza de la Oposición democrática, han acentuado la especial gravedad de la situación a la que han conducido a España los desatinos e incompetencia de su Gobierno.
El español libre, orgulloso de su estirpe y convencido de que no existe alternativa posible a la democracia, se siente obligado en conciencia a seguir denunciando una vez más, como viene haciéndolo desde hace más de tres años en este medio, la infame actitud del presidente del Gobierno de España.
Es democraticamente insostenible un Estado de Derecho cuando sus gestores, comenzando por su máximo responsable proclaman, públicamente sin el menor rubor, que no acatan los fallos de los Tribunales cuando no se ajustan a sus conveniencias políticas. Esta es la actitud del partido del Gobierno y de los partidos separatistas de ámbito autonómico que le apoyan, ante el inapelable fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurrido Estatuto de Cataluña que se expresa textualmente en estos términos: Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Estatuto de Cataluña a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”.
Aunque cueste creerlo, el Presidente del Gobierno desafía abiertamente a tan Alto Tribunal al declarar que corregirá el fallo, previa descentralización del Tribunal Superior de Justicia de España reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, para devolver al Consejo de Justicia de Cataluña creado por su Estatuto de Autonomía, las atribuciones que el Tribunal Constitucional declaró nulas por chocar con la legislación española. Ni democracia, ni Estado de Derecho, por si hubiera quien lo dudara.
Llegados a este punto, es imprescindible la referencia a la Historia, para aclarar lo fundamental. La referencia viene avalada por los innumerables y acreditados historiadores de todas las nacionalidades y tendencias, que han dedicado sus documentados estudios, garantizados por su bien ganado prestigio, a la Historia de la España contemporánea. La purulenta Ley de Memoria Histórica, en un alarde de desprecio a la opinión pública, pretende inútilmente cambiar el desenlace de la guerra civil, para justificar el proyecto político del frente popular de inspiración comunista, derrotado por el Ejército al servicio de la España real.
Tras dejar constancia del advenimiento pacífico de la Segunda República el 14 de Abril de 1931, los historiadores coinciden al relatar como el catalán Francesc Maciá, que inicialmente sirvió a España en el Arma de Ingenieros del Ejército, donde llegó a alcanzar el empleo de Coronel, evolucionó más tarde hacia el separatismo de Ezquerra Republicana y proclamó aquel mismo día el Estat Catalá, siendo inmediatamente desautorizado por el Gobierno de la República para morir con el estigma de la traición en Diciembre de 1933. El también catalán Luis Companys en línea con Maciá, protagonizó un nuevo intento de independencia, inmediatamente sofocado por el General Batet al servicio de la República, a primeros de Octubre de 1934, en coincidencia acordada con la revolución de Asturias y la Huelga General revolucionaria contra la República, de anarquistas y socialistas con la intervención activa de Indalecio Prieto. El presidente, Alcalá Zamora católico practicante, afín a la derecha, tenía al radical Alejandro Lerroux como jefe del Gobierno.
Hay práctica unanimidad, al considerar cuanto antecede como el inicio de la guerra civil, que se hizo inevitable, lo que obliga a todo político honesto y con la dignidad debida, a reconocer que el Gobierno de la República actuó con rapidez y eficacia encomendando al denominado entonces, ministro de la Guerra, equivalente al de las Fuerzas Armadas actual, resolver militarmente la situación de extrema gravedad creada por la izquierda revolucionaria. Afortunadamente para España y los españoles, al frente del ministerio estaba un notario de alto nivel, llamado Diego Hidalgo.
Si el nefasto virus progresista, amalgama de odio, rencor y revanchismo, no estuviera tan extendido, habría entre los políticos en ejercicio, exentos de corrupción moral y material, un recuerdo agradecido a aquel ministro que tuvo el pleno acierto de resolver una situación que hubiera supuesto el fin violento de la República.
Llegados a este punto, es de justicia recordar que en aquellas circunstancias especialmente delicadas, el ministro tuvo el acierto de designar para cumplir la misión encomendada, al General Franco que a sus 41 años de edad gozaba del inmenso prestigio que significaba una Hoja de Servicios, en la que figuraba que todos sus ascensos los había conseguido por méritos de guerra.
Los militares, que dedican sus vidas al servicio de la Patria como fundamento de su vocación, abominan especialmente de la cobardía y de la traición, lo cual explica determinadas actuaciones cuando la situación se hace insostenible. El gran acierto de los autores de la Constitución vigente, perfectos conocedores de la Historia de España, fue encomendar a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art.8).
De momento eso es todo. Hay que esperar a que se consume la felonía y un español renegado nacido en la provincia de Córdoba, se erija en presidente de la nación catalana, cumpliendo su anunciada traición a España, única nación según la Constitución vigente. Al menos Maciá y Companys eran catalanes de nacimiento y ya conocemos su final.
Vía MD
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