CHEMA L. ESPEJO / Artà
El informe decreta mantener los 100 metros de paso de servidumbre y no los 20 de una Orden Ministerial de 1995
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino tiene claro que en los terrenos de Molí d'en Regalat (Artà), ubicados entre la Colònia de Sant Pere y la urbanización de Montferrutx donde están proyectados 18 chalets se debe aplicar los 100 metros y no los 20 como estaba estipulado por una Orden Ministerial de 1995. Para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar no se dan las especiales circunstancias para reducir la anchura de la zona de servidumbre de protección.
El Consell a principios de junio aprobó las Normas Subsidiarias de Artà para adaptarlas al Plan Territorial de Mallorca. Además decidió dejar en suspenso la calificación de los terrenos de Molí d'en Regalat ante la multitud de problemas que existía en torno a ellos y le encargó un informe al Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo era que dictaminara la calificación de los terrenos de Dominio Público Marítimo y Terrestre además de acotar cual sería la distancia de la servidumbre de protección. El estudio al final no deja claro todas las preguntas del Consell. Con respecto a la categoría del suelo deja la duda de que aplicando la actual Ley de Costas la zona se puede considerar rústica o urbanizable. Según la categoría los terrenos tienen un grado de aprovechamiento diferente.
En la delimitación de la zona subsidiaria sí se pronuncia: «No se puede reducir la anchura de la zona de servidumbre». Con ello, se desmonta la versión del Ayuntamiento y trastoca al final el número de casas que se podrían construir. Se reduciría hasta tres chalets cuando en un principio el proyecto contenía una urbanización de 75 casas. De todas formas no todo está perdido para el Ayuntamiento y el Consell.
El Ministerio deja una puerta abierta para que se reduzca el deslinde. El Consell de Mallorca, órgano en la actualidad competente en temas urbanísticos en Artà, debe acreditar que el suelo sigue siendo urbano aunque pedirá información al equipo de gobierno. Además también tiene que demostrar que manteniendo los 100 metros de zona de servidumbre los terrenos pierden su aprovechamiento. «En este caso sería indemnizable de acuerdo con la legislación urbanística», detalla en el último punto el informe redactado a principios de Agosto.
Esta decisión da prácticamente por finalizada la pelea constante y discusiones dentro del Ayuntamiento que ha provocado muchas tensiones entre los partidos políticos. La historia comenzó en 2000 cuando una empresa decidió adquirir los terrenos que por entonces y según la Orden Ministerial de 1995 se clasificaban como urbanos y tenían un plan parcial aprobado.
Cual es la sorpresa del promotor cuando dicho plan no existía. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictaminó que dicha Orden Ministerial estaba sustentada en un estudio de terrenos urbanos del Ayuntamiento que no se encontraba por ninguna parte. Aunque el Consistorio si defendía que había un plan especial cuando en realidad no lo había.
Otra de la razón por la que se tiraba para atrás el convenio aprobado por el Ayuntamiento según el TSJB es que la entrada en vigor del Plan Territorial Insular dejaba sin validez las normas. «Ya no cabía el acuerdo aprobado», reza la sentencia. La denuncia ante la Justicia fue puesta por varios vecinos que rechazaban el proyecto.
Tras la decisión tomada por la Justicia el equipo de Demarcación de Costas volvió a insistir en que la zona de protección se limita a 20 metros en virtud de la orden ministerial de 1995 que fue cuando se adquirieron los terrenos. A pesar de que estaba sustentada en estudios erróneos del Consistorio.
En un intento desesperado del Ayuntamiento llegó a reclamar al Govern que comprara los terrenos de Molí d'en Regalat para que se transformaran en la entrada desde el mar del parque del Llevant con lo que también se podría poner en marcha la urbanización proyectada.
Desde un principio el rechazo de una parte del pueblo a estas casas ha sido constante. Tanto la asociación de vecinos del Mont Ferrutx como el GOB y diferentes partidos de la oposición han reclamado a la Demarcación de Costas que efectúe una correcta partición del dominio público marítimo-terrestre ya que «no son urbanos sino urbanizables y nunca se ha aprobado el plan parcial previo a su edificación».
Esta defensa de los vecinos ha cogido aún más fuerza tras el informe del Ministerio. Por ello han exigido al Ayuntamiento que informe a Costas del resultado. Además los demandantes exigen al departamento dirigido por Celestí Alomar que actúe en consecuencia tanto a la sentencia judicial como a lo redactado por el Gobierno central y proteja la zona. Así, no descartaron acciones legales contra Costas «ante una posible negativa por parte del departamento de Costas». De todas formas las agrupaciones confían en que Costas rectifique y considere las reclamaciones basadas en los estudios llevados a cabo por el Ministerio. Según la versión de los denunciantes con el informe del Gobierno central los terrenos ya quedarían protegidos a la espera de la respuesta que pueda dar tanto el Ayuntamiento como el Consell.
El Consell a principios de junio aprobó las Normas Subsidiarias de Artà para adaptarlas al Plan Territorial de Mallorca. Además decidió dejar en suspenso la calificación de los terrenos de Molí d'en Regalat ante la multitud de problemas que existía en torno a ellos y le encargó un informe al Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo era que dictaminara la calificación de los terrenos de Dominio Público Marítimo y Terrestre además de acotar cual sería la distancia de la servidumbre de protección. El estudio al final no deja claro todas las preguntas del Consell. Con respecto a la categoría del suelo deja la duda de que aplicando la actual Ley de Costas la zona se puede considerar rústica o urbanizable. Según la categoría los terrenos tienen un grado de aprovechamiento diferente.
En la delimitación de la zona subsidiaria sí se pronuncia: «No se puede reducir la anchura de la zona de servidumbre». Con ello, se desmonta la versión del Ayuntamiento y trastoca al final el número de casas que se podrían construir. Se reduciría hasta tres chalets cuando en un principio el proyecto contenía una urbanización de 75 casas. De todas formas no todo está perdido para el Ayuntamiento y el Consell.
El Ministerio deja una puerta abierta para que se reduzca el deslinde. El Consell de Mallorca, órgano en la actualidad competente en temas urbanísticos en Artà, debe acreditar que el suelo sigue siendo urbano aunque pedirá información al equipo de gobierno. Además también tiene que demostrar que manteniendo los 100 metros de zona de servidumbre los terrenos pierden su aprovechamiento. «En este caso sería indemnizable de acuerdo con la legislación urbanística», detalla en el último punto el informe redactado a principios de Agosto.
Esta decisión da prácticamente por finalizada la pelea constante y discusiones dentro del Ayuntamiento que ha provocado muchas tensiones entre los partidos políticos. La historia comenzó en 2000 cuando una empresa decidió adquirir los terrenos que por entonces y según la Orden Ministerial de 1995 se clasificaban como urbanos y tenían un plan parcial aprobado.
Cual es la sorpresa del promotor cuando dicho plan no existía. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictaminó que dicha Orden Ministerial estaba sustentada en un estudio de terrenos urbanos del Ayuntamiento que no se encontraba por ninguna parte. Aunque el Consistorio si defendía que había un plan especial cuando en realidad no lo había.
Otra de la razón por la que se tiraba para atrás el convenio aprobado por el Ayuntamiento según el TSJB es que la entrada en vigor del Plan Territorial Insular dejaba sin validez las normas. «Ya no cabía el acuerdo aprobado», reza la sentencia. La denuncia ante la Justicia fue puesta por varios vecinos que rechazaban el proyecto.
Tras la decisión tomada por la Justicia el equipo de Demarcación de Costas volvió a insistir en que la zona de protección se limita a 20 metros en virtud de la orden ministerial de 1995 que fue cuando se adquirieron los terrenos. A pesar de que estaba sustentada en estudios erróneos del Consistorio.
En un intento desesperado del Ayuntamiento llegó a reclamar al Govern que comprara los terrenos de Molí d'en Regalat para que se transformaran en la entrada desde el mar del parque del Llevant con lo que también se podría poner en marcha la urbanización proyectada.
Desde un principio el rechazo de una parte del pueblo a estas casas ha sido constante. Tanto la asociación de vecinos del Mont Ferrutx como el GOB y diferentes partidos de la oposición han reclamado a la Demarcación de Costas que efectúe una correcta partición del dominio público marítimo-terrestre ya que «no son urbanos sino urbanizables y nunca se ha aprobado el plan parcial previo a su edificación».
Esta defensa de los vecinos ha cogido aún más fuerza tras el informe del Ministerio. Por ello han exigido al Ayuntamiento que informe a Costas del resultado. Además los demandantes exigen al departamento dirigido por Celestí Alomar que actúe en consecuencia tanto a la sentencia judicial como a lo redactado por el Gobierno central y proteja la zona. Así, no descartaron acciones legales contra Costas «ante una posible negativa por parte del departamento de Costas». De todas formas las agrupaciones confían en que Costas rectifique y considere las reclamaciones basadas en los estudios llevados a cabo por el Ministerio. Según la versión de los denunciantes con el informe del Gobierno central los terrenos ya quedarían protegidos a la espera de la respuesta que pueda dar tanto el Ayuntamiento como el Consell.
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