LATENTATIVA del Rey de impulsar un gran pacto de Estado contra la crisis ha servido para poner en evidencia el rechazo que suscita esta idea en Gobierno y PP, igualmente interesados -aunque por razones diferentes- en que fracase la iniciativa del Monarca. Horas después de que Don Juan Carlos recibiera ayer en La Zarzuela a los líderes de UGT y CCOO tras haber declarado el día anterior que «es hora de amplios acuerdos», la vicepresidenta Fernández de la Vega arrojó un jarro de agua fría a quienes esperaban una acogida favorable de la iniciativa del Rey.
De la Vega subrayó que «la responsabilidad de abordar acuerdos es exclusiva del Gobierno» y que el Monarca no está efectuando una ronda de contactos para impulsar un pacto sino haciendo «una labor institucional de mantenerse informado».
Por la reacción de la vicepresidenta, resulta evidente que la iniciativa del Rey no le ha gustado nada al Gobierno, tal vez porque pone de manifiesto su incapacidad para combatir la crisis económica y desarbola la coartada «ideológica» esgrimida por Zapatero para no pactar con Rajoy.
El PP tampoco disimuló su frialdad ante ese pacto. Dolores de Cospedal afirmó que sólo sería posible mediante un giro radical de la política del Gobierno y declaró que Mariano Rajoy no espera ninguna llamada del Rey. Sus palabras pueden ser interpretadas como una invitación a que Don Juan Carlos no le llame porque el PP no ve que existan condiciones para un pacto de ese calado con el Gobierno.
Una de las cosas que ha podido provocar el recelo del PP es que el Monarca haya dado este paso a cinco días de la comparecencia de Zapatero en el Congreso. Rajoy sabe que es una gran oportunidad para poner contra las cuerdas a su adversario en unos momentos en los que los datos económicos son devastadores y parece lógico que reserve para ese día cualquier hipotético ofrecimiento de colaboración.
La reacción del PSOE y del PP es simétrica porque pone en evidencia que ninguno de los dos va a mover un dedo para que se produzca ese pacto de Estado que reclamaban partidos como CiU y un amplio sector de la opinión pública que se da cuenta de que la única forma de adoptar las dolorosas medidas que requiere la situación es con un amplio consenso político.
Los sindicatos tampoco están dispuestos a facilitar ese pacto porque ayer, antes de acudir a su cita con el Rey, anunciaron la convocatoria de manifestaciones el próximo día 23 de febrero para protestar contra el retraso de la edad de jubilación. Su reacción es desproporcionada porque se trata de una medida inevitable, que ya están adoptando otros países como consecuencia del alargamiento de las expectativas de vida. Cualquiera puede comprender que la edad de jubilación no puede ser la misma hoy que hace 100 años, cuando el promedio de supervivencia era 30 años más bajo.
Si al Gobierno no le interesa pactar con el PP por razones «ideológicas» o porque considera que es una estrategia equivocada, si el PP no quiere tender la mano al Gobierno porque cree que Zapatero se quiere aprovechar y va a capitalizar políticamente ese acuerdo y si los sindicatos no quieren ceder en nada y se oponen a cualquier recorte del gasto social, por muy razonable que sea, la conclusión es que ese gran pacto de Estado es imposible.
Ayer decíamos en estas páginas que era muy tarde para el acuerdo, pero que la iniciativa del Rey propiciaba una última oportunidad de alcanzarlo. Ya está claro que ni Zapatero ni Rajoy van a poner las cosas fáciles. Pero uno y otro deben ser conscientes de que la gravedad de la situación exige soluciones y no clichés. Tal vez después de que se vapuleen el miércoles aún quede una remota esperanza de que el atinado planteamiento del Rey se abra camino por su propio peso.
Vía e pesimo
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