El caso es que, tantos siglos después, los nacionalistas y algunos pseudoprogres siguen empeñados en reformular el modelo de Estado, por supuesto acomodado a sus intereses políticos. En el debate, tres tendencias sobre el tablero en las que ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo sobre su formulación y significado.
Dentro del modelo centralista, existe la variable del “Estado unitario descentralizado”, fundamentalmente, por la complejidad de la Administración actual. La vuelta atrás al modelo jacobino puro no parece muy factible. Una minoría muy conservadora todavía lo defiende, pero otros, ya lo consideran superado desde el punto de vista administrativo, y, otros, se han creído la poderosa propaganda nacionalista y la progre, que se han atribuido la potestad de poner las etiquetas a todo, y han decidido que sería volver a la “caverna”.
El federal es, según la mayoría de autores, una forma de Estado unitario con fines generales, constituido mediante una vertebración territorial interna con competencias legislativas y de gobiernos propios, pero con un fundamento jurídico común plasmado en una Constitución pactada entre individuos libres e iguales que deciden constituirse en Estado. Por supuesto que existe una notable variedad de Estados federales con características muy diferentes. Entre ellos, el actual modelo español del Estado de las autonomías, según muchos políticos y analistas. Otros se empeñan, sin embargo, en superar este modelo que nos dimos con la Constitución de 1978 y que en, general, ha dado buenos resultados en la resolución del problema territorial y la convivencia, hasta que, por intereses políticos, algunos nacionalistas y social nacionalistas han decidido subvertir el orden. Ahora pretenden llegar al Estado confederal, o a lo que Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, denomina, como más propio, “confederación de Estados”.
Confederación de Estados
La característica principal del modelo confederal es que se fundamenta jurídicamente en un “tratado” de naturaleza “internacional”, o sea, en un pacto entre Estados libres y soberanos, que sin perder esa condición deciden compartir algunos servicios. Otra de las características de este modelo, según Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona, es que no hay relaciones jurídicas entre la confederación y los ciudadanos, sino entre la confederación y los Estados y que “la Hacienda de la confederación proviene de las aportaciones directas que efectúan los Estados miembros, lo cual supone que dicha confederación no recauda tributos directamente a los ciudadanos”.
No es condición imprescindible, pero está claro que este modelo facilita el paso a las opciones independentistas de los partidos nacionalistas, ya que reconoce sin tapujos el derecho de autodeterminación de sus diferentes integrantes. Un derecho que choca abiertamente con nuestra Constitución y que no puede ejerce ninguna de nuestras comunidades autónomas por mucho que algunas se empeñen en manipular la historia o en interpretar el derecho internacional a su antojo.
El huevo o la gallina
Aquí se plantea el problema del huevo o la gallina. Para constituir una confederación se necesitan Estados libres y soberanos. Y en ello andan los nacionalistas de algunas comunidades, por mucho que algunos progres se empeñen en cerrar los ojos. Por eso pretenden saltarse a la torera la Constitución o imponer un cambio de la misma a medida de sus intereses. El plan soberanista de Ibarretxe planteaba el “Estado libre asociado” y el nacionalismo catalán anda de feria en feria montando consultas independentistas con el fin último de constituirse en Estado. Cierto es que en ambos casos han fracasado, porque una cosa son los “imaginarios” de los partidos nacionalistas y sus intereses y otra muy diferente los intereses de los ciudadanos, que son quienes, finalmente, deciden con su voto y que, hasta el momento, han dado al traste con las aspiraciones nacionalistas.
Democracia o partitocracia
La realidad es tozuda. Y la realidad es que el “Plan Ibarretxe” fue rechazado y no pasó nada en el País Vasco, salvo que los nacionalistas perdieron el gobierno en las siguientes elecciones autonómicas. Lo que viene a reforzar la idea, bastante generalizada, de que los estatutos son de los políticos y para los políticos, más que para los ciudadanos. Un ejemplo significativo es que, según una encuesta de “La Vanguardia”, previa a las anteriores elecciones autonómicas, revelaba que sólo para el 5 por ciento de los catalanes la reforma del Estatuto era una prioridad. En el referéndum posterior, apenas votaron a favor de él un tercio de los catalanes y en las recientes consultas soberanistas, pese a las trampas y subterfugios, la realidad es que la escasísima participación ciudadana viene a corroborar que todos esos afanes se mueven más por intereses políticos que por necesidades ciudadanas y, también, a cuestionar el propio preámbulo de la reforma estatutaria cuando dice: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. A tenor de los datos, parece que ni el sentimiento ni la voluntad son tan mayoritarios como esgrimen los políticos catalanes interesados en la materia. Hay que aprender a distinguir entre democracia y partitocracia.
Sabido es que el origen de la situación actual está en el término “nacionalidades”, parido con fórceps por la Constitución española, bajo presión de los nacionalistas. Eso sí, la Carta Magna no define cuales son “nacionalisdades” y cuales no. Ni ninguna comunidad o partido puede ser tan petulante como para arrogarse la potestad de etiquetar las que son nacionalidades y las que no. De modo que seguimos con el mismo “café para todos”. Inventarse una nación es lo más fácil del mundo, decía no hace mucho Alfonso Guerra. Si, como interpretan algunos, de las nacionalidades a las naciones no hay más que un paso, de las naciones a los Estados, no hay más que otro. Cuestión de tiempo, manipulación histórica, victimismo, propaganda y adoctrinamiento de masas. Ese ya es otro capítulo.
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