Hace unos años el cocinero Ferrán Adríá adoptó el término deconstruir para aplicarlo a algunos de sus revolucionarios platos. El diccionario de la RAE define la palabreja como: “Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual”. O sea, en términos coloquiales, tomar tortilla española en “chupitos” en lugar de en “bocata”. Los ingredientes son los mismos: patatas, aceite, cebolla y huevos. Todo ello licuado adecuadamente, mediante ingeniería culinaria, para conservar las mismas propiedades alimenticias y el mismo sabor. Pero sin la misma textura, peso y consistencia que la cuña de tortilla embutida en una buena barra de pan. Esa misma ingeniería de deconstrucción están empleando los políticos autonómicos, sobre todo, los nacionalistas y algunos sectores de los social-nacionalistas para licuar a España y dejarla reducida a un mero “chupito”. O sea, al “Estado residual” que definía, encantado de conocerse, el socialista catalán y ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Lo peor de todo es que en este país de “culo veo, culo quiero” se copia y se pega todo, de modo que, incluso, las comunidades menos infectadas de nacionalismo se empiezan a apuntar a esta “deconstrucción”. La vorágine de nuevos estatutos recurridos ante el Tribunal Constitucional, dan buena prueba de ello. Cinco de ellos han sido recurridos ante el alto tribunal por atribuirse competencias del Estado o porque afectan a comunidades vecinas. Como es el caso de los “blindajes” de agua y otros asuntos asumidos por un “patriotismo” regional de “san paramí, que los demás no comen”.
Las autonomías salen caras
En tiempos de bonanza las autonomías han cumplido buena parte de lo que se nos “vendió” en 1978 con aquel “café para todos”: acercar la Administración al ciudadano. Eso sí a un coste, que, incluso, muchos países de nuestro entorno consideran excesivo por la cantidad de funcionarios y altos cargos con sus correspondientes despachos, infraestructuras, coches oficiales, etcétera, que conlleva mantener tanta administración pública y porque en muchos casos se duplican los servicios y las gestiones. Lo cierto es que, según los datos del Banco de España, las autonomías cerraron el año pasado con una deuda de 86.280 millones de euros, con un incremento del 25,85 por ciento respecto al año anterior. Los expertos estiman que cada familia paga al año una media de 6.056 euros por los servicios de las distintas administraciones públicas. De ellos, 1.938 son para pagar a funcionarios del Estado; 3.075 para sostener a los de las autonomías y
Involuciones y “cavernas”
Todos estos datos, en tiempos de crisis han hecho saltar algunas alarmas. Algunas voces se alzan pidiendo la devolución de competencias al Estado. Pero de inmediato salta la respuesta por parte de los más nacionalistas y de una pseudoprogresía que, a falta de argumentos lógicos, se encastillan en lo de siempre: en “etiquetar” tópicos y estereotipos: es cosa de los involucionistas, o sea, de “la caverna”, la etiqueta que más molesta a una parte de la derecha, la más acomplejada. Pero lo cierto, como veremos más adelante, es que cada vez hay más voces de la izquierda intelectual pidiendo que se ponga coto a un desmadre autonómico que ha puesto en jaque a la Constitución y a buena parte de sus principios democráticos y de solidaridad entre territorios. La “deconstrucción” del Estado empieza por su actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en sintonía con los postulados más rancios del partido socialista de construir un Estado federal. Intelectuales de su propio partido advierten, sin embargo, que la actual estructura autonómica ya es más federal que muchos Estados que se tienen por tales y alertan de que algunas autonomías, con sus estatutos intentan pasar al Estado confederal, o sea, a lo que algunas especialistas denominan, como más preciso, “confederación de estados”. Un riesgo grave para un país como España que en su historial ya cuenta, en este terreno, con tristes experiencias de descomposición. Palabras como autodeterminación e independencia están más presentes que nunca en el vocabulario cotidiano de los nacionalistas. Las sucesivas consultas independentistas, como las que se han celebrado el pasado fin de semana en 212 municipios catalanes, son una mera provocación al resto de España y una forma de presión a instituciones, como el Tribunal Constitucional, en plena reflexión sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.
Consultas y “cohetes”
Por supuesto que las consultas no son vinculantes. Para algunos “progres” no son más que meros fuegos artificiales, puro “gesto”, pero cuando líderes de CiU, verdadera alternativa para la Generalitat, o de ERC, miembro del actual Gobierno catalán las apoyan o incluso amenazan con llevarlas a cabo a nivel autonómico en un futuro muy próximo, el asunto se presenta más que preocupante. Afortunadamente, los resultados de las consultas, por su bajísima participación y resultados, son decepcionantes para los nacionalistas porque en ellos no se ve reflejado el sentir de la Cataluña real, pero lo cierto es que van dando pasitos cada vez más firmes para desbordar la Constitución de todos. La progresía optimista aduce que no pasa nada. Ibarrtxe presentó su proyecto de “Estado libre asociado”; se le echó para abajo y no hubo ninguna convulsión en el País Vasco, salvo que el entonces lendakari perdió el gobierno en las elecciones autonómicas siguientes. Los más pesimistas, sin embargo, sí se preocupan por la situación, porque los nacionalistas confunden “hecho diferencial”, o sea, “diferencia” con “desigualdad” y parece que continúan avanzando gracias a una ley electoral que les otorga mucho más poder que el que les corresponde. Y ahí entra el juego del poder y los intereses de partido por encima del interés general, sobre todo, cuando hay un presidente del Gobierno español y secretario general de un PSOE, para quien la Nación española “es un concepto discutido y discutible”.
Vía ABC , blog (el 25/04/2010 a las 14:12:11, en El puchero de las habas)
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