Desde hace un mes el Govern ya no paga las ayudas económicas atrasadas por falta de dinero
MAR FERRAGUT. PALMA. Balears es la comunidad autónoma que menos dinero destina a la Ley de Dependencia. Según un informe del Ministerio de Economía y Hacienda, Balears gasta 77,6 millones de euros en atención a personas mayores y con discapacidad, lejos de las aportaciones de comunidades similares como Murcia –que destina casi 100 millones de euros más– o Asturias –que reserva una partida de 217,6 millones de euros–.
Aun así, el informe del Ministerio no deja a las islas en tan mal lugar, pues recoge también que desde que arrancó la ley en 2006, el Govern ha triplicado su inversión a ayudas para la Dependencia. En concreto, desde 2006 hasta 2009, recoge el documento, Balears ha aumentado un 324% su inversión en este ámbito. Y es que hace cuatro años la aportación del Ejecutivo autonómico no superaba los 18,3 millones de euros.
Aunque se destine más dinero a dependencia, las cifras nos siguen llevando al último puesto de la lista. ¿Por qué? La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, hace unos cuantos matices sobre las cifras y da un par de causas.
Para empezar, Santiago aclara que en estas cuentas no figura la partida de 35 millones de los Consells insulares, que gestionan varias residencias. Ese gasto también es para Dependencia, pero no se contabiliza. La consellera puntualiza además que las Diputaciones Provinciales, el equivalente peninsular a los Consells, no gastan dinero en este concepto porque su función es básicamente de coordinación.
Entre los causas de que las cifras baleares estén a la cola de inversión, la primero y más obvia es la población. Como es lógico, las comunidades con más habitantes destinan más a Dependencia. La consellera señala además que la población balear es "una población joven". Así, señala Santiago, mientras en Asturias el 28% de la población tiene 65 años o más (destinan 217,6 millones de euros), en el archipiélago el porcentaje de personas mayores es del 13%. Por otro lado, la consellera recuerda que aún no hay una tradición consolidada de inversión en servicios sociales.
El Govern deja a deber
El pasado mes de abril, el Govern dejó de pagar, dejándolos a deber, los retrasos acumulados en el reparto de ayudas porque no tiene suficiente liquidez como para asumir el pago de forma retroactiva, tal y como establece la ley.
Y es que desde que una familia pide una ayuda, se le valora el grado de dependencia y se le reconoce su derecho a ir a una residencia o recibir una prestación, puede que hayan pasado entre seis y nueve meses – "algunos casos llegan hasta los diez"–. Y, en el caso de las ayudas económicas, las familias tienen derecho a cobrar desde el momento en que se les concede la ayuda con lo que, al recibir el primer pago, la ley fija que tienen que recibir además el dinero de los meses de retraso que no han estado cobrando.
Según explicó la propia consellera en una rueda de prensa en febrero, la falta de liquidez del Govern imposibilitaba que más personas comenzaran a recibir la ayuda, ya que el Ejecutivo no podía asumir las sumas de lo que debían. Por ello, se pensó que era mejor que las familias empezaran a cobrar antes aunque fuera sin los retrasos acumulados, cantidad que el Govern les deja a deber a la espera de que la crisis amaine y Hacienda aumente el presupuesto para Dependencia (Asuntos Sociales ya destina el 65% de su dinero disponible a Dependencia). Con esta medida, 2.800 personas ya comenzaron a recibir la prestación en abril y en mayo se llegarán a las 4.000. En concreto, en abril se gastaron 1,9 millones en las nóminas y 600.000 en pagar atrasos.
Desde 2006, la conselleria de Asuntos Sociales ha recibido alrededor de 23.000 solicitudes para beneficiarse de la Ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal y, de estas, 22.495 han sido valoradas. Unas 10.000 personas ya están recibiendo prestación económica o tienen plaza en una residencia o en un centro de día, mientras otras 2.800 están en trámite (ya tienen su Plan de Atención Individual o PIA). Aproximadamente el 33% de las solicitudes son denegadas: algunas porque no son dependientes; otras porque tienen un grado de dependencia moderado y según el calendario de la ley aún no están contemplados (en 2015 culmina el desarrollo de la norma).
Leído en Diario de Mallorca
Pero Baleares si que puede gastar en expandir el Catalanismo
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