jueves, 15 de abril de 2010

El Gobierno se suma al chantaje contra el Supremo

LO QUE EMPEZÓ siendo una campaña para intentar exculpar a Garzón con una serie de maniobras de distracción ha acabado por convertirse en una ofensiva en toda regla para intimidar al Tribunal Supremo, al que se presenta como una institución sin legimitidad y contaminada por el franquismo.

En lugar de defender la independencia del poder judicial, el Gobierno alentó ayer la escalada de intimidación contra el Supremo. José Blanco, ministro de Fomento, hombre de confianza de Zapatero y número dos del PSOE, se puso del lado de Garzón y cuestionó abiertamente la actuación del Alto Tribunal: «Me duele y me cuesta mucho entender como ciudadano que los falangistas puedan sentar en el banquillo a un juez por recuperar la memoria de las víctimas».

La frase está llena de falacias. En primer lugar, Blanco no es un ciudadano cualquiera, es ministro. En segundo lugar, los falangistas son sólo una parte de la acusación particular que ha promovido la causa contra el juez. Y, en tercer lugar, a Garzón no se le sienta en el banquillo por recuperar la memoria sino por prevaricación, es decir, por dictar una resolución injusta a sabiendas, un delito tipificado en el Código Penal.

Es cierto que Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno, se había expresado el pasado fin de semana en unos términos muy parecidos a los de Blanco, pero la diferencia estriba en que las declaraciones del ministro de Fomento se producen 24 horas después del acto guerracivilista de ataque al Supremo. En coherencia con las palabras de Blanco, el PSOE respaldó ayer la presencia de Gaspar Zarrías, Pedro Castro, Zerolo y otros dirigentes en ese acto. Mariano Rajoy había pedido la dimisión de Zarrías al entender, con razón, que un secretario de Estado no puede asistir a un mitin en el que se acusa de «cómplices de la tortura» a los jueces del Supremo.

Hoy revelamos que las asociaciones por la memoria histórica que han participado en las movilizaciones a favor de Garzón han recibido más de cuatro millones de euros en diciembre como subvenciones del Ejecutivo.

Todo ello indica que el Gobierno ha optado por apoyar al juez, fingiendo que no se entera de los insultos, coacciones y descalificaciones de los que ha sido víctima el Supremo, aplaudidos por militantes socialistas mientras ningún ministro -ni siquiera el de Justicia- salía en defensa del máximo órgano jurisdiccional.

Jamás se había visto en España una ofensiva contra el poder judicial como la que estamos asistiendo. Jamás nadie se había atrevido a asimilar a los jueces del Supremo a los torturadores franquistas. Jamás se había cuestionado la Ley de Amnistía, aprobada por una amplísima mayoría democrática en el Congreso. Jamás se había apelado con esta crudeza a la Guerra Civil para intentar coaccionar a la Justicia.

La intensidad de esta campaña ha hecho ya mella en el Supremo. Sólo así se explica la convocatoria de los corresponsales extranjeros, a los que se ha citado mañana en el Alto Tribunal para explicarles los aspectos técnicos y la situación de las causas contra Garzón. Nunca se había adoptado una iniciativa semejante, ni siquiera cuando la cúpula de Interior fue juzgada por la guerra sucia contra ETA.

Hay que insistir en que lo que empezó siendo una campaña de intoxicación para engañar a la opinión pública se ha convertido en un chantaje al poder judicial, con el respaldo del Gobierno, de los sindicatos y de poderosos grupos mediáticos. Y todo ello para salvar a Garzón, un juez que ha utilizado la Justicia para alimentar su inmenso ego, lucrarse desmedidamente, intentar hacer carrera política y satisfacer sus resentimientos personales.

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