Uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política ha sido la financiación de las organizaciones sindicales. Todo, según nos cuentan, para “garantizar la libertad sindical” proclamada en el artículo 28.1 de nuestra Constitución.
Hay una parte de financiación conocida: el Ministerio de Trabajo financia a las centrales sindicales, en 2009, con 15.798.500 euros para la financiación basada en la representatividad, según los delegados obtenidos en elecciones sindicales y con destino vago e indeterminado: actividades de carácter sindical, y con otros 4.800790 euros, que se destinan a “compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social”. ¡Genial!(Leer más...)
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