El texto ha sido apoyado por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU, grupo que tiene libertad de voto. Por el contrario, el proyecto no ha contado con el voto favorable del PP, Coalición Canaria, UPN y UPyD y siete diputados de CiU, que han sumado 158 votos en contra. La diputada restante de este último grupo ha sido la única abstención.
"Hoy puedo decir con satisfacción que esa confianza y la de miles de mujeres de este país no ha sido defraudada", ha declarado Aído, que ha retomado el manido argumento de que "hoy estamos más cerca de la legislación de los países de nuestro entorno". Ha dicho que la nueva Ley es más "equilibrada", al establecer plazos y límites "donde no los hay" y ofrecer "garantías jurídicas" para las mujeres y para los profesionales sanitarios. Algo que ha suscrito la ministra de Sanidad, quien también ha aplaudido que el proyecto pase al Senado con "amplia mayoría de la Cámara".
Durante el debate en el Pleno, la diputada socialista Carmen Montón ha comenzado su intervención diciendo que "los avances sociales nunca han sido fáciles y menos los que conciernen a los derechos de las mujeres". "Hoy me siento orgullosa de vivir en este tiempo y en este país, con un Gobierno comprometido con la igualdad", ha agregado.
Montón ha destacado que esta ley respeta "el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad" y da cumplimiento a "una histórica reivindicación de tantas feministas" y defendió que el objetivo de la norma es "que sean menos las mujeres que abortan y que las que lo hagan sea con más información, con más garantías y con más seguridad".
Sobre las menores, la diputada del PSOE ha subrayado que "la capacidad de decir radica única y exclusivamente" en las chicas de 16 y 17 años y ha añadido que la norma "no prohíbe que informen a sus padres" y tampoco impide que se les ayude a "conformar su decisión". "Cuando la joven alegue un conflicto podrá prescindir de informar a su entorno, para que no se limite su decisión o se la aboque a un circuito de clandestinidad", ha explicado.
"Con más represión y con más Código Penal -dijo al PP-, no conseguiremos menos abortos, si no más sufrimiento. Y con menos educación y menos acceso a métodos anticonceptivos no conseguiremos abstinencia y castidad, sino más riesgo y más embarazos no deseados. Una vez que aprobamos estas leyes, ustedes también son protagonistas del ejercicio de estos derechos", ha apostillado.
Desde las filas del PP, Santiago Cervera, ha argumentado que la nueva norma no tiene "ni consenso social, ni profesional y ni político". "Es una ley de unos contra otros, es una ley del mínimo parlamentario", ha sentenciado.
El diputado navarro, médico de profesión, ha criticado que el Gobierno haya reformado la ley sin "demanda social", sin estar incluida en el programa electoral del PSOE y con la única intención de "recuperar el control de la agenda política". "Lo único que han conseguido es dividir, excluir y crispar", ha aseverado. Cervera también ha recalcado que "el aborto no puede ser entendido como una solución rutinaria" y que "la vida del no nacido merece ser protegida y no puede depender del libre albedrío de nadie".
Además, ha censurado que la ley no reconozca el derecho a objetar a todos los profesionales que susceptiblemente pueden intervenir en un aborto, además de "no amparar la confidencialidad de su decisión ni garantizar el resto de sus derechos profesionales". "Lo único que se quiera aplicar es un sistema de autodelación los profesionales", ha enfatizado.
Sobre el tema de las menores, ha dicho que la fórmula pactada por el PSOE con el PNV permitirá que en la práctica las menores puedan abortar sin que lo sepan sus padres. "Todo seguirá siendo como el Gobierno lo ha pensado desde el principio", ha lamentado.
En nombre de Unió (UDC-CiU), la diputada Concepción Tarruella ha asegurado que la ley es inconstitucional y ha recalcado que el Estado debe "proteger la vida de todos y garantizar verdaderas ayudas a la familia y a la maternidad para que las mujeres tengan alternativas al aborto" y puedan sacar adelante a sus hijos.
Sin embargo, la diputada de Convergencia (CDC-CiU) Merc Pigem, ha señalado que el nuevo texto dará más seguridad jurídica a mujeres y profesionales y pondrá fin a la "abusiva" utilización del tercer supuesto de la ley actual. En este sentido, ha manifestado su conformidad con las enmiendas aprobadas en tramitación parlamentaria y pidió al los parlamentarios que "entiendan" las razones de todas las mujeres que se pueden encontrar de "ante el un dilema moral" a la hora de abortar.
Por parte del PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha defendido el apoyo de su grupo al dictamen sobre el aborto porque, a su entender, dará como resultado una ley "más humana, más cercana y responsable" que la anterior. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entorno a las enmiendas presentadas por su formación, que, según destacó, fueron negociadas "sin ceder a los principios" del PNV.
"El PNV, en un acto de valentía, decidió implicarse en este aspecto y no cerrar los ojos ante el problema del aborto. Nuestra participación no traiciona nuestro sentido humanista de la política", ha justificado el diputado vasco, para añadir que la interrupción voluntaria del embarazo pasó en España de ser "puro delito" a ser "prácticamente libre", con "miles" de abortos como resultado.
En este sentido, reprochó al PP no haber propiciado un cambio cuando gobernó con mayoría absoluta y posicionarse ahora en contra del proyecto de ley. "Nadie podrá dar lecciones de dignidad después de esto", ha concluido.
Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha asegurado que "hoy es un día feliz para el Gobierno, para la ministra, para su grupo y para las mujeres". "Estamos muy felices y satisfechos de trabajar con ustedes para avanzar en derechos", ha dicho en referencia al Gobierno y al Grupo Socialista. En cualquier caso, ha criticado que el texto no permita el aborto libre hasta la semana 22 y que no recoja una "absoluta despenalización del aborto".
"Los que están en contra de la reforma quieren volver a los tiempos del silencio y de la represión donde había más interrupciones y represión de las libertades", ha indicado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. En su opinión, el nuevo texto garantiza "un marco más amplio" para el ejercicio de un "derecho" como el de la interrupción voluntaria del embarazo. "Discutido desde el punto de vista moral podemos cometer pecado, pero desde luego no es delito", ha manifestado.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha criticado el dictamen y ha asegurado que genera "más inseguridad jurídica" que la norma anterior porque "se trata de una ley de plazos 'de facto'". Asimismo ha alertado sobre la "apropiación indebida" por parte del Estado de la tutela de las menores que quieran abortar porque ésta "le corresponde a sus padres y tutores legales". "Es una mala ley, más insegura que la actual, que no sólo no resuelve los problemas, sino que los empeora", ha avisado Díez, que ha culpado a los socialistas de "banalizar el aborto".
Por su parte, Olaia Fernández explicó que el BNG apoya la ley porque reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad e introduce medidas para reducir los embarazos no deseados. Por parte de Nafarroa Bai, su portavoz, Uxúe Barcos, ha manifestado su conformidad con la reforma de la ley, que, a su juicio, apunta una "necesidad imperiosa" de la sociedad. Ambas parlamentarias señalaron que la enmiendas introducidas en el Congreso han mejorado el texto del Gobierno.
Mientras, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha augurado que las novedades introducidas en el texto "traerán más inseguridad jurídica" y ha preguntado al PSOE por qué da libertad de voto a los diputados catalanes para decidir sobre las corridas de toros y no a los parlamentarios para votar sobre el aborto.
Fuente www.cope.es
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