LA JUSTICIA DEBE SEGUIR LA PISTA DE GÓMEZ BENÍTEZ
EL DATO consta en un acta de ETA y tiene una enorme trascendencia. Fue el hoy vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez quien, como negociador del Gobierno, confió a los terroristas que el chivatazo que evitó la operación contra la red de extorsión de la banda era la prueba de la voluntad de avanzar en el diálogo. Esta nueva información de EL MUNDO permite a la Justicia tirar de un hilo más para poder llegar al ovillo de la verdad de lo que ocurrió. No es baladí tampoco la posición en la que el documento deja a Gómez Benítez, identificado por ETA como el interlocutor «número 4». A la luz de esta información, la pregunta surge sola: cuando el PSOE le aupó al CGPJ, ¿le estaba premiando por unos servicios tan obscenos? Pero además, dice muy poco en favor de un miembro del Poder Judicial -que como tal debe ser garante del Estado de Derecho-, que haya podido esgrimir como mérito del Gobierno de su país la comisión de un delito. Los papeles de ETA le ponen en una situación tan embarazosa que lo lógico es que diera explicaciones públicas de su comportamiento. 
Ya dijimos ayer que no se nos ocurre razón alguna por la que ETA tuviera interés en elaborar unas actas falsas. Los documentos de la banda sobre el contenido de la negociación con el Gobierno que han sido incautadas por la Justicia francesa reflejan a la perfección el clima que se vivía entonces, y es en uno de estos escritos en el que se atribuye a Gómez Benítez la frase clave: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de Seguridad del PSOE». El documento aporta incluso la fecha exacta de la entrevista.
En cualquier caso, debería ser ahora la Justicia la que determinara la veracidad de lo que consta en el escrito de ETA y tratara de averiguar, a partir de ahí, cuál ha sido el papel de cada cual en el chivatazo. Para ello, el primer paso tendría que ser reclamar las actas a la juez Levert -como ayer solicitó el PP- y llamar a declarar como testigo a Gómez Benítez. Es evidente que el hecho de que éste notificara a ETA que se había cometido un delito, no le hace necesariamente partícipe del mismo. Y es sabido también que reunirse con ETA, tal y como ha determinado el Supremo, tampoco es en sí mismo delictivo. Pero no hay que descartar que pudiera aplicársele el tipo penal del encubrimiento. Dado que es Garzón quien instruye el caso del chivatazo, lo razonable sería que se inhibiera en favor de otro magistrado. Como es sabido, Garzón y Gómez Benítez son grandes amigos y han mantenido una relación profesional. Tan es así que cuando a la Comisión Disciplinaria del CGPJ han llegado asuntos que implicaban al magistrado, Gómez Benítez se ha abstenido. Sin embargo, cualquiera que conozca mínimamente a Garzón sabe que no se apartará del caso, entre otras razones porque puede serle de utilidad en la situación complicada en la que se encuentra. El juez estrella podría tratar de utilizar este asunto como moneda de cambio para protegerse de las consecuencias que pudieran derivarse del asunto de los cursos de Nueva York, de las fosas de la Guerra Civil y de las escuchas a los abogados de Gürtel.
Por otra parte, es sintomático el silencio del Gobierno ante una revelación muy comprometedora que vendría a confirmar que el chivatazo se gestionó al más alto nivel político. Más aún por cuanto la escena que dibujan las actas de ETA es bochornosa para el Ejecutivo. En ellas, mientras los negociadores del Gobierno exhiben como mérito la interrupción de una operación antiterrorista, perdonan el robo de 200 armas en el sur de Francia, advirtiendo que, como haya otro, «se acabó» la negociación.
El PP, que está personado en la causa, está dispuesto a llegar hasta el final. Cospedal acusó ayer al Gobierno de haber hecho en su día «una apuesta a favor de los terrioristas» y Sáenz de Santamaría anunció nuevas iniciativas parlamentarias para tratar de arrojar luz sobre este asunto
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