Decálogo para defendernos de los políticos corruptos

Hoy en la editorial de El mundo podemos leer un decálogo contra la corrupción, este mal endémico que se ha instaurado en la democracia y que no se ha hecho evidente hasta que unos valientes jueces y fiscales se han atrevido a denunciar y detener a grandes señores, que parecían inmunes por su importancia social y les hemos tenido que ver injustamente humillados, porque no es de recibo que se les ponga en evidencia públicamente cuando todavía no se les ha juzgado y en muchos casos sin que ellos mismos sepan bien de que se les acusa.
Pero lo bueno es que se haya ya destapado el tarro y que se continue así hasta el final.
Finalmente, todos iguales, los del PP, los del PSOE, los nacionalistas todos acusados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y cosas por el estilo.
La corrupción ahoga España, si hablamos de la corrupción urbanística, en estos tres últimos años se han detenido o imputado del PSOE unas 140 personas con cargos políticos, del PP unas 30, y de otras formaciones nacionalistas o independientes (Centro Canario Nacionalista, Nueva Canaria, Coalición Canaria, Ciu, La Muela, Partido de Almeria, GIL, UM) unas 136 personas.

1) Reforma del Código Penal con endurecimiento de las sanciones. Nuestra legislación es demasiado benévola en el castigo a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que raramente se sancionan con penas de cárcel superiores a un año. Como acaban de acordar todos los partidos en el Congreso, hay que reformar el Código Penal para aumentar el castigo por estos delitos y otros vinculados a la corrupción. Sería también adecuado ampliar los plazos de prescripción.

2) Dotar de más ingresos a las corporaciones locales. Todos los expertos coinciden en que las fuentes de financiación de los ayuntamientos son insuficientes. En muchos casos, la caída de ingresos por la crisis económica les ha colocado al borde de la suspensión de pagos. Por ello, habría que reformar la Ley de Haciendas Locales para aumentar la participación de los ayuntamientos en los diversos impuestos estatales y estudiar la posibilidad de que las comunidades les cedieran la gestión y explotación de algunos impuestos autonómicos. Ello serviría para evitar su excesiva dependencia de las operaciones urbanísticas para financiarse.

3) Reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. En este apartado, resultaría obligado prohibir que los partidos, fundaciones y asociaciones vinculadas reciban, directa o indirectamente, donaciones de empresas contratadas por las Administraciones Públicas. Igualmente, deberían estar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos por parte de las entidades financieras.

4) Reforma de la Ley Electoral. Una primera medida sería el desbloqueo de las listas electorales en las elecciones municipales y autonómicas para que los votantes pudieran tachar a candidatos que no les merecen confianza. Otra iniciativa podría ser apartar cautelarmente de las instituciones a todos los procesados por corrupción. También sería necesario establecer topes de gasto en las campañas electorales, en las que los partidos asumen deudas que luego no pueden devolver.

5) Fortalecer el papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas. Existe consenso político en la necesidad de aumentar los medios materiales y las competencias del Tribunal de Cuentas para que éste pueda cumplir con su obligación de fiscalizar a los ayuntamientos. En estos momentos, el Tribunal sólo controla el 70% de las cuentas de las corporaciones locales. El Tribunal tampoco tiene la posibilidad en la práctica de controlar el gasto de los fondos especiales y las ayudas que las corporaciones locales reciben del Estado.

6) Liberalización del suelo. Las entidades que tienen las competencias en materia de suelo son las comunidades autónomas. Sería conveniente un gran pacto político para homogeneizar las normas. Una medida que contribuiría a evitar la especulación es la liberalización del suelo urbanizable, de suerte que fuera posible edificar en todo el territorio que no goce de una protección singular por causas medioambientales o de defensa del patrimonio. La restricción de la oferta de suelo favorece la corrupción.

7) Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La filosofía de la reforma debería ser disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos y aumentar los controles. Una de las medidas a adoptar sería la obligación de contar con interventores de cuentas que fueran auténticamente independientes, evitando la designación a dedo. Para ello, sería interesante pensar en la creación de un cuerpo estatal de interventores municipales por oposición. También sería aconsejable la simplificación de los procedimientos en aras de una mayor transparencia.

8) Cambios en la Ley de Incompatibilidades. Habría que reformar esta norma para que las personas que ocupan cargos en la Administración municipal no pudieran ser accionistas o tener responsabilidades de gestión o representación en empresas del sector inmobiliario y de la construcción. También habría que prohibir a los tránsfugas ocupar puestos en el gobierno municipal e impedir que su remuneración pueda ser elevada, como ha sucedido en muchos casos.

9) Creación de un registro de intereses. Al igual que los diputados, los concejales y los responsables municipales del urbanismo deberían declarar su patrimonio en un registro de intereses, que se debería actualizar cada año. Igualmente, se podría crear otro registro público de recalificaciones de suelo.

10) Reforma de la Ley de Contratos del Estado. Habría que proceder a cambiar esta norma para evitar la contratación a dedo con trucos como el fraccionamiento de los contratos. También sería conveniente introducir mecanismos de seguridad jurídica y garantías para evitar las revisiones abusivas de precio. La oposición debería tener acceso a todos los documentos y expedientes relativos a los contratos e inversiones de los entes públicos.

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