TODAVÍA AYER Zapatero negaba en una entrevista la participación de «mandos policiales o directores generales» en el chivatazo del bar Faisán de Irún, en mayo de 2006. La información que hoy publica EL MUNDO contradice la afirmación del presidente del Gobierno, ya que establece que, según los investigadores, el chivatazo a ETA siguió la vía jerárquica de la cúpula policial. La parte secreta del sumario que instruye el juez Garzón incluye un organigrama que muestra la implicación del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que fue alertado por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, de que se preparaba una operación para desarticular la red de extorsión de la banda. Este alto funcionario había sido avisado a su vez por una inspectora jefa de San Sebastián y por otro comisario que operaba en la lucha contra ETA en Francia.
Si la información circuló de abajo hacia arriba, como es habitual en una institución jerarquizada como es el Ministerio de Interior, las órdenes vinieron de arriba a abajo. García Hidalgo habló telefónicamente con el jefe superior del País Vasco y éste envió a un inspector de Vitoria para que contactara con Joseba Elosua, dueño del Faisán y colaborador de ETA. Fue este inspector de Vitoria, especializado en islamismo, el que le pasó a Elosua el teléfono móvil con la llamada en la que le avisaron de que la Policía había preparado una operación en la frontera para detener a los intermediarios que cobraban el impuesto revolucionario.
El registro de conversaciones telefónicas, siempre según los investigadores, muestra que el inspector de Vitoria llamó en esos momentos al jefe superior de Policía del País Vasco, que fue quien presumiblemente dio el chivatazo, siguiendo las instrucciones expresas de García Hidalgo.
El relato de los hechos es un tanto prolijo, pero merece la pena insistir en él porque demuestra que la investigación policial sí ha podido determinar con exactitud a los responsables del chivatazo y, por tanto, existen sólidos indicios para sentarles en el banquillo. No es, pues, cierta la teoría filtrada desde medios gubernamentales de que no existen datos en el sumario para proceder contra nadie y de que lo que sucedió en Irún sigue siendo un misterio inescrutable.
Lo que publicamos hoy hace altamente sospechosa la actuación de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que pidió hace unos meses el archivo de la causa alegando que no se había podido atribuir a nadie la autoría del chivatazo. Hay que recordar que, por aquella época, en plena tregua de ETA, el Fiscal General del Estado defendió la teoría de que las togas debían mancharse «con el polvo del camino», sugiriendo que la Justicia tenía que contribuir a que la negociación del Gobierno con la banda terrorista finalizara con éxito.
Lo que hoy revela EL MUNDO pone el foco de atención sobre el ex director general de la Policía, un militante de confianza del PSOE, que, si lo que dice el sumario es cierto, habría cometido un gravísimo delito. ¿Consultó con sus superiores del Ministerio del Interior? Mariano Rajoy declaraba en este periódico que «no es creíble, por no decir imposible, que un alto mando policial ordenase el chivatazo a ETA sin permiso del Gobierno».
Efectivamente, todo apunta a que el Gobierno fue el responsable último de esta fechoría, lo que explica por qué tiene tanto interés en echar tierra sobre el asunto y por qué el fiscal ha querido archivar el caso que instruye Garzón. Lo que publica hoy nuestro periódico demuestra que hay suficientes elementos para exigir responsabilidades penales concretas. Ahí están los nombres y los apellidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario