EN LA ESPLÉNDIDA entrevista que Casimiro García-Abadillo ha hecho a Mariano Rajoy, el líder popular se ha zafado a ráfagas de su tradicional política merengosa para asegurar, por ejemplo, que su Gobierno congelaría el sueldo a los funcionarios con el propósito de limitar la crisis. Yo no. Yo plantearía de una vez el problema de fondo. En 1976 había en España 600.000 funcionarios. Hoy pasamos de los 3.200.000. Mientras se derrumbaba el empleo el año pasado, se incrementaba en más de 100.000 el número de funcionarios. Congelar los sueldos es sólo un parche ineficaz. De lo que se trata es de reducir el número de los empleados en las tres Administraciones del Estado: la central, la autonómica y la municipal.
Vaya por delante que la inmensa mayoría de los funcionarios son responsables, trabajadores, competentes y eficaces. Sería absurdo poner en duda la calidad profesional del funcionariado español. La cuestión es otra. En los últimos treinta años los partidos políticos, todos prácticamente sin excepción, se han dedicado a colocar en la Administración pública a sus simpatizantes, paniaguados, amiguetes y parientes. Hemos vivido la apoteosis del nepotismo. Sobran 2.500.000 funcionarios, los cuales para justificar sus puestos de trabajo se han inventado las mil y una trabas burocráticas. El contribuyente, por otra parte, además de cornudo ha sido minuciosamente apaleado. Para resolver cualquier asunto allí donde hace treinta años bastaba con una gestión ahora hay que sufrir tres o cuatro. No sólo no ha mejorado el servicio al ciudadano con la crecida funcionarial sino que la relación con la Administración se ha convertido en un calvario. El contribuyente paga a través de unos impuestos casi confiscatorios el sueldo de 2.500.000 funcionarios innecesarios; paga su seguridad social; paga sus vacaciones, sus puentes, los días de enfermedad y las ausencias más o menos justificadas; paga la calefacción, el aire acondicionado, el mantenimiento de las oficinas; paga las dietas, la limpieza, el teléfono, los viajes de trabajo, las más varias camelancias; paga las jubilaciones, las indemnizaciones, la parafernalia sindical.
Y a cambio no recibe otra cosa que trabas burocráticas e incomodidades sin cuento. Sarkozy ha cogido al toro de pitón a rabo y ha establecido que no se cubran los puestos de los funcionarios que se jubilen o se mueran. Yo no aplicaría la fórmula francesa, demasiado drástica. Habría que aprobar una ley que dijera: «Hasta que el número de funcionarios de las tres Administraciones se reduzca a 600.000, de cada diez empleados públicos que se jubilen o fallezcan sólo será sustituido uno». Tal vez en quince o veinte años el cáncer de la burocratización quedaría extirpado del cuerpo social español.
Si en lugar de jugar al parcheo con el sueldo de los funcionarios, lo que ha irritado a muchos, Rajoy hubiera entrado en el fondo de la cuestión como ha hecho Sarkozy, habría llenado su cesto de ese voto ciudadano, harto del abuso que hoy padece y financia. Pero en España no se ataja la raíz del problema porque los partidos políticos, cuyos gastos por cierto pagamos a 92% todos los ciudadanos, quieren seguir enchufando a sus amiguetes en la comodidad y la seguridad de las Administraciones Públicas. Y, claro, callan como putas en lugar de afanarse en reducir la hemorragia funcionarial.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.
(El Mundo)
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