El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación. No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.
El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.
Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca. Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
Libertad Digital
Vía Mariano Digital
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