JOAN FONT ROSSELLÓ
EL PASADO MARTES Albert Moragues admitió en el Parlament que la reducción de consejerías y la racionalización de empresas públicas habían supuesto un ahorro de 4,2 millones de euros. Una cifra ridícula que refleja la distancia sideral entre lo que predican y lo que hacen. Hace un año, acuciado por la corrupción de UM, el desprestigio de las empresas públicas a las que se asociaba con el descontrol y el derroche así como por el deterioro de las cuentas públicas, Francesc Antich presentó a bombo y platillo un plan de racionalización de la Administración.
Desde los primeros balbuceos algunos ya avisamos que la supresión de empresas públicas tal como las entendía el Pacte era una mera operación de maquillaje sin sustancia real. No había voluntad política para llevar a cabo los recortes necesarios, la misma que había faltado meses antes cuando el Pacte había sido incapaz de aprobar el famoso recorte del 15% de los presupuestos para 2010. Las artimañas de las que se han valido los socialistas para esta reducción cuantitativa y nominal -no cualitativa ni sustancial- de empresas públicas han sido de lo más variopintas.
El primer anuncio de Moragues llegó poco después de la expulsión de UM del poder en febrero del año pasado, aprovechando la circunstancia de que no todos los cargos expulsados serían cubiertos por las fuerzas restantes del Pacte. Su primer tijeretazo fue eliminar tres consorcios (entre ellos, uno tan señalado como el CDEIB de Antònia Ordinas) y tres fundaciones, lo que supuso un ahorro irrisorio de 300.000 euros. En realidad no se trataba de ninguna «eliminación» de empresas sino de una fusión ya que el Govern se limitaba a trasladar los presupuestos de estos organismos a otros, o bien a sus respectivas direcciones generales. Es más, de los seis tres de ellos (CDEIB, Fundació Art de la Seu, Palma Habitatge) ya estaban inactivos o en proceso de disolución. Poco después llegó la fusión de Inestur en Ibatur que supuso un ahorro, nimio también, de 600.000 euros, la mitad al ahorrarse el alquiler de la sede de Inestur y la otra mitad de las nóminas de la media docena de altos cargos de UM que fueron fulminados de Inestur a raíz de la operación Voltor.
El paso más importante tuvo lugar meses después, en junio pasado, cuando Antich anunció la reducción a la mitad de las empresas públicas, de las 169 que había a las 82. El Pacte admitió que no rebajaría el número de empleados públicos sino que todo el ahorro provendría de eliminar «decenas» de cargos políticos y gastos de funcionamiento. Antich anunció la eliminación de un total de cinco organismos públicos, uno de ellos con una actividad muy reducida (AQUIB) y otros tres inactivos o en proceso de disolución: la sociedad mercantil Digital Balear, el consorcio Menorca Reserva de la Biosfera y el consorcio IB-Blau vinculado a la corrupción de UM.
La reducción a la mitad de las empresas públicas era otra operación cosmética ya que ochenta de estas empresas son los llamados consorcios locales de servicios e infraestructuras (aguas, desestacionalización, Pla Mirall, sociosanitarios, deportivos). Se trata de consorcios la mayoría de los cuales no tienen siquiera una estructura administrativa ya que son meros instrumentos financieros del Govern para hacer obras públicas camuflando la deuda al Banco de España. Su fusión y concentración en consorcios insulares (de aguas o del Pla Mirall) no supone ningún ahorro, ni siquiera ha significado que aflorara la deuda camuflada y que las administraciones participantes en ellos (ayuntamientos y Govern) asumieran esta deuda en sus balances. Muchas de las fusiones y supresiones (como la del Cofuc) no sabemos cómo han terminado. El propio Moragues admitió en su día que tardarían años en llevarse a cabo. El consorcio Turisme Jove acaba de ser disuelto recientemente aunque se llevaba hablando de su disolución desde que estalló el escándalo.
La reducción de asesores ha sido otra tomadura de pelo. El proceso de fusión de la consejería de Trabajo con la de Turismo sólo representó la eliminación de dos altos cargos, quedando la estructura administrativa de Trabajo intacta. Todavía el pasado mes de diciembre Joana Barceló se gastaba 124.000 euros en varios asesores de prensa, que se suman a los 67 asesores que tenía el Govern. Por no hablar de cómo algunos asesores y altos cargos de las consejerías disueltas se recolocaban en otras consejerías, incluso en la Administración Periférica del Estado que controla el PSOE.
Así las cosas, no debería extrañarnos que el ahorro del plan de austeridad de Antich sólo sea de 4,2 millones de euros. Para este viaje, sinceramente, Antich y Moragues podría haberse evitado tantas molestias.
Deuda astronómica. De austeridad nada de nada, hemos seguido gastando a manos llenas. Si a la deuda reconocida al Banco de España por parte de la Administración autonómica y sus empresas públicas (unos 4.700 millones al final del tercer trimestre de 2010) le sumamos la deuda camuflada en los consorcios más lo que debemos a las constructoras de Son Espases, Can Misses o las carreteras ibicencas, nos situamos tranquilamente por encima de los 7.000 millones de euros corrientes. Y seguramente me quedo corto. Endeudarse no es malo por sí mismo siempre que tengas capacidad de devolver la deuda y mientras se invierta en infraestructuras que fomenten la economía productiva, lo contrario de lo que ha hecho el Pacte. Las infraestructuras «silenciosas» de las que alardeaba Manera han sido, paradoja cruel, la única realidad durante esta legislatura. Un balance que constata de nuevo la inutilidad de la izquierda balear, incapaz de consumar los grandes proyectos que se había planteado al inicio de legislatura: tren a Alcúdia, tranvía de Palma, Palacio de Congresos, reforma de la Playa de Palma o el Segundo Cinturón de Palma. El Pacte sólo ha sido capaz de terminar la única obra que no querían, el hospital de Son Espases, y su puesta en marcha ha sido tan caótica -los fallos, las deficiencias, las protestas y los incidentes se suceden a diario desde su inauguración- que va camino de convertirse en su tumba.
Vía El Mundo
Desde los primeros balbuceos algunos ya avisamos que la supresión de empresas públicas tal como las entendía el Pacte era una mera operación de maquillaje sin sustancia real. No había voluntad política para llevar a cabo los recortes necesarios, la misma que había faltado meses antes cuando el Pacte había sido incapaz de aprobar el famoso recorte del 15% de los presupuestos para 2010. Las artimañas de las que se han valido los socialistas para esta reducción cuantitativa y nominal -no cualitativa ni sustancial- de empresas públicas han sido de lo más variopintas.
El primer anuncio de Moragues llegó poco después de la expulsión de UM del poder en febrero del año pasado, aprovechando la circunstancia de que no todos los cargos expulsados serían cubiertos por las fuerzas restantes del Pacte. Su primer tijeretazo fue eliminar tres consorcios (entre ellos, uno tan señalado como el CDEIB de Antònia Ordinas) y tres fundaciones, lo que supuso un ahorro irrisorio de 300.000 euros. En realidad no se trataba de ninguna «eliminación» de empresas sino de una fusión ya que el Govern se limitaba a trasladar los presupuestos de estos organismos a otros, o bien a sus respectivas direcciones generales. Es más, de los seis tres de ellos (CDEIB, Fundació Art de la Seu, Palma Habitatge) ya estaban inactivos o en proceso de disolución. Poco después llegó la fusión de Inestur en Ibatur que supuso un ahorro, nimio también, de 600.000 euros, la mitad al ahorrarse el alquiler de la sede de Inestur y la otra mitad de las nóminas de la media docena de altos cargos de UM que fueron fulminados de Inestur a raíz de la operación Voltor.
El paso más importante tuvo lugar meses después, en junio pasado, cuando Antich anunció la reducción a la mitad de las empresas públicas, de las 169 que había a las 82. El Pacte admitió que no rebajaría el número de empleados públicos sino que todo el ahorro provendría de eliminar «decenas» de cargos políticos y gastos de funcionamiento. Antich anunció la eliminación de un total de cinco organismos públicos, uno de ellos con una actividad muy reducida (AQUIB) y otros tres inactivos o en proceso de disolución: la sociedad mercantil Digital Balear, el consorcio Menorca Reserva de la Biosfera y el consorcio IB-Blau vinculado a la corrupción de UM.
La reducción a la mitad de las empresas públicas era otra operación cosmética ya que ochenta de estas empresas son los llamados consorcios locales de servicios e infraestructuras (aguas, desestacionalización, Pla Mirall, sociosanitarios, deportivos). Se trata de consorcios la mayoría de los cuales no tienen siquiera una estructura administrativa ya que son meros instrumentos financieros del Govern para hacer obras públicas camuflando la deuda al Banco de España. Su fusión y concentración en consorcios insulares (de aguas o del Pla Mirall) no supone ningún ahorro, ni siquiera ha significado que aflorara la deuda camuflada y que las administraciones participantes en ellos (ayuntamientos y Govern) asumieran esta deuda en sus balances. Muchas de las fusiones y supresiones (como la del Cofuc) no sabemos cómo han terminado. El propio Moragues admitió en su día que tardarían años en llevarse a cabo. El consorcio Turisme Jove acaba de ser disuelto recientemente aunque se llevaba hablando de su disolución desde que estalló el escándalo.
La reducción de asesores ha sido otra tomadura de pelo. El proceso de fusión de la consejería de Trabajo con la de Turismo sólo representó la eliminación de dos altos cargos, quedando la estructura administrativa de Trabajo intacta. Todavía el pasado mes de diciembre Joana Barceló se gastaba 124.000 euros en varios asesores de prensa, que se suman a los 67 asesores que tenía el Govern. Por no hablar de cómo algunos asesores y altos cargos de las consejerías disueltas se recolocaban en otras consejerías, incluso en la Administración Periférica del Estado que controla el PSOE.
Así las cosas, no debería extrañarnos que el ahorro del plan de austeridad de Antich sólo sea de 4,2 millones de euros. Para este viaje, sinceramente, Antich y Moragues podría haberse evitado tantas molestias.
Deuda astronómica. De austeridad nada de nada, hemos seguido gastando a manos llenas. Si a la deuda reconocida al Banco de España por parte de la Administración autonómica y sus empresas públicas (unos 4.700 millones al final del tercer trimestre de 2010) le sumamos la deuda camuflada en los consorcios más lo que debemos a las constructoras de Son Espases, Can Misses o las carreteras ibicencas, nos situamos tranquilamente por encima de los 7.000 millones de euros corrientes. Y seguramente me quedo corto. Endeudarse no es malo por sí mismo siempre que tengas capacidad de devolver la deuda y mientras se invierta en infraestructuras que fomenten la economía productiva, lo contrario de lo que ha hecho el Pacte. Las infraestructuras «silenciosas» de las que alardeaba Manera han sido, paradoja cruel, la única realidad durante esta legislatura. Un balance que constata de nuevo la inutilidad de la izquierda balear, incapaz de consumar los grandes proyectos que se había planteado al inicio de legislatura: tren a Alcúdia, tranvía de Palma, Palacio de Congresos, reforma de la Playa de Palma o el Segundo Cinturón de Palma. El Pacte sólo ha sido capaz de terminar la única obra que no querían, el hospital de Son Espases, y su puesta en marcha ha sido tan caótica -los fallos, las deficiencias, las protestas y los incidentes se suceden a diario desde su inauguración- que va camino de convertirse en su tumba.
Vía El Mundo
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