EDUARDO COLOM / Palma
Concluye que dirigió la venta a mitad de precio del mejor solar público de Mallorca
La juez que instruye el denominado caso Can Domenge atribuye directamente a la ex presidenta del Parlamento balear Maria Antònia Munar la responsabilidad de la venta del mejor solar público que quedaba en Palma, provocando que las arcas públicas del Consell de Mallorca que entonces presidía dejasen de ingresar 30 millones de euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha rechazado el recurso de la ex socia de gobierno del PSOE e histórica líder de Unió Mallorquina (UM) contra el auto por el cual se acordaba sentarla en el banquillo, al que también se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, y ha acordado que sea juzgada por los delitos de prevaricación, malversación y fraude por su participación en este escándalo urbanístico, desvelado por EL MUNDO.
La juez Carmen González considera que la venta del solar de Can Domenge a la promotora catalana Sacresa tras urdir el primer concurso de la Historia de España que establecía un precio máximo para vender un inmueble público, que resultaba ser, además, la mitad del valor del terreno de 52.000 metros cuadrados, «es del todo irregular en su conjunto, en algunos de sus trámites y en su resultado». «Esto es», añade, «no se trata de que haya algún detalle no conforme con el ordenamiento jurídico», sino que «el concurso de enajenación podría ser prevaricador y fraudulento en su propia concepción global». Máxime cuando otro de los concursantes, la promotora Núñez y Navarro, concurrió ofreciendo 61 millones de euros y fue eliminado.
Abunda la magistrada en que «no se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la ley en aras del bien común o a una finalidad legítima, sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la ley con vulneración de los intereses generales y que conllevó un grave perjuicio económico al propio Consell de Mallorca y, en definitiva, a la isla de Mallorca».
Asimismo, mientras Munar ha sostenido siempre que cuando se aprobaron las bases del concurso se encontraba enferma, la instructora considera perfectamente acreditado que dirigió en todo momento la venta a mitad de precio del solar, donde se permitía la construcción de una urbanización de medio millar de pisos de lujo diseñados por el arquitecto francés Jean Nouvel.
A su vez, recuerda que ya ha quedado acreditado que desde la institución que presidía se filtraron las bases de la licitación medio año antes de que fueran publicadas.
«En la época en la que se gestó -enero de 2006-, la imputada era presidenta del Consell de Mallorca»; «la enajenación era considerado un proyecto estrella, nunca antes ni después la institución ha enajenado bien alguno por valor superior a los 30 millones de euros». Por lo tanto, enfatiza la juez González, «sin duda Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación». Es más, «por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación», apostilla.
Por su parte, y en referencia a la implicación de la ex presidenta de UM en esta operación, la Fiscalía enumera hasta 12 argumentos que prueban que fue el cerebro de la venta. Entre otros señala que «estuvo presente en cinco de los Consejos Ejecutivos en los que se elaboró el proyecto y la forma de enajenación; y conocía que si el bien se valoraba en más de 31,5 millones de euros, la presidenta perdería la competencia para controlar y supervisar el expediente». Por ello, añade, «no es que la presidenta pudiera desentenderse del expediente, es que se buscó deliberadamente que el expediente no escapara de su competencia y control».
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha rechazado el recurso de la ex socia de gobierno del PSOE e histórica líder de Unió Mallorquina (UM) contra el auto por el cual se acordaba sentarla en el banquillo, al que también se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, y ha acordado que sea juzgada por los delitos de prevaricación, malversación y fraude por su participación en este escándalo urbanístico, desvelado por EL MUNDO.
La juez Carmen González considera que la venta del solar de Can Domenge a la promotora catalana Sacresa tras urdir el primer concurso de la Historia de España que establecía un precio máximo para vender un inmueble público, que resultaba ser, además, la mitad del valor del terreno de 52.000 metros cuadrados, «es del todo irregular en su conjunto, en algunos de sus trámites y en su resultado». «Esto es», añade, «no se trata de que haya algún detalle no conforme con el ordenamiento jurídico», sino que «el concurso de enajenación podría ser prevaricador y fraudulento en su propia concepción global». Máxime cuando otro de los concursantes, la promotora Núñez y Navarro, concurrió ofreciendo 61 millones de euros y fue eliminado.
Abunda la magistrada en que «no se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la ley en aras del bien común o a una finalidad legítima, sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la ley con vulneración de los intereses generales y que conllevó un grave perjuicio económico al propio Consell de Mallorca y, en definitiva, a la isla de Mallorca».
Asimismo, mientras Munar ha sostenido siempre que cuando se aprobaron las bases del concurso se encontraba enferma, la instructora considera perfectamente acreditado que dirigió en todo momento la venta a mitad de precio del solar, donde se permitía la construcción de una urbanización de medio millar de pisos de lujo diseñados por el arquitecto francés Jean Nouvel.
A su vez, recuerda que ya ha quedado acreditado que desde la institución que presidía se filtraron las bases de la licitación medio año antes de que fueran publicadas.
«En la época en la que se gestó -enero de 2006-, la imputada era presidenta del Consell de Mallorca»; «la enajenación era considerado un proyecto estrella, nunca antes ni después la institución ha enajenado bien alguno por valor superior a los 30 millones de euros». Por lo tanto, enfatiza la juez González, «sin duda Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación». Es más, «por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación», apostilla.
Por su parte, y en referencia a la implicación de la ex presidenta de UM en esta operación, la Fiscalía enumera hasta 12 argumentos que prueban que fue el cerebro de la venta. Entre otros señala que «estuvo presente en cinco de los Consejos Ejecutivos en los que se elaboró el proyecto y la forma de enajenación; y conocía que si el bien se valoraba en más de 31,5 millones de euros, la presidenta perdería la competencia para controlar y supervisar el expediente». Por ello, añade, «no es que la presidenta pudiera desentenderse del expediente, es que se buscó deliberadamente que el expediente no escapara de su competencia y control».
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