EDUCACIÓN - APOYO DEL GOVERN A UNA MANIFESTACIÓN AL MARGEN DE LA LEY
UPyD: "Llinàs tolera la distorsión de la educación en nombre de la ideología", que "entra de lleno en lo inmoral"
A las deficiencias del sistema educativo se suma la manipulación de los estudiantes · El consejero Llinàs apoya un acto de propaganda en un centro, lo califica de "responsabilidad educativa" y se pone al margen del orden legal
Palma, 6 de febrero de 2011
"No cabe engañarse sobre la naturaleza de los actos que se celebren el día 10 en el IES Pau Casesnoves: son una reacción contra las declaraciones de un político, luego tienen un trasfondo partidario. UPyD considera que la educación debe estar exenta de consignas sesgadas", ha declarado Juan Luis Calbarro, candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) al Govern.
El portavoz de UPyD insta a "que los funcionarios y autoridades (docentes, directores, inspectores y consejero) deslinden sus opciones personales de sus funciones institucionales, que están reguladas por ley, y recuperen la cultura del ejercicio profesional al servicio de la sociedad que debería primar en los servicios públicos." Para Calbarro, "ni el consejero Llinàs, ni la directora Joana Prohens, ni el inspector del centro pueden ignorar que la ley y los decretos que regulan el funcionamiento interno de los centros educativos excluyen como una función de los mismos la toma de posición -sea a favor sea en contra- a propósito de debates políticos externos. Llinàs está tolerando la distorsion de la educación en nombre de la ideología; y esta manipulación de los alumnos entra de lleno en el terreno de lo inmoral."
"No es la primera vez que esto ocurre en las aulas de Baleares. Más grave aún es que Llinàs, como el ministro Gabilondo o el mismo Pérez Rubalcaba, haya hecho recientemente oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo, que considera el castellano lengua vehicular de la enseñanza en pie de igualdad con el catalán", recuerda Calbarro. "UPyD pedirá la dimisión de los políticos que actúen al margen de la legalidad vigente. Las sentencias judiciales se deben acatar, ya que quien no esté dispuesto a acatar el orden democrático y constitucional no puede ejercer funciones tan sensibles como las educativas ni ocupar cargos en el poder ejecutivo, que en una democracia que se precie debe estar sometido al poder legislativo."
Calbarro concluye: "UPyD ha manifestado en muchas ocasiones la necesidad de reconducir la educación española. Lamentablemente, se confirma una vez más que en Baleares, a las deficiencias de una ley fracasada cuyos resultados dejan a las islas en el furgón de cola, se suma la deformación de la educación en nombre de obsesiones identitarias, que precisamente han caracterizado siempre la mala educación."
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