Que tengan su castigo todos los sediciosos

LOS AEROPUERTOS funcionan con normalidad -«el estado de alarma resolvió la crisis en 24 horas», presumió ayer Zapatero-, pero hará falta mucho más tiempo para que el Gobierno salga del pantano donde se ha metido al no disponer de alternativas para sustituir a los controladores. Es obvio que, después de los daños que han ocasionado, los culpables del caos tienen que recibir su merecido. El Gobierno -abriendo 440 expedientes- y la Fiscalía -llamando a declarar el próximo jueves a otros tantos controladores- parecían ir por el camino de exigir todas las responsabilidades. Pero ayer se produjo un cambio de tendencia. Por una parte, el ministro de Fomento habló de «excelentes profesionales» y aseguró que la «inmensa mayoría» de los que generaron el caos en los aeropuertos «obedeció indicaciones» de una «cúpula», a la que hay que identificar, porque son los responsables de la situación. ¿Cómo van a ser excelentes profesionales quienes dieron la espantada? Por otro lado, el fiscal general del Estado señaló que los controladores de base podrían recibir un trato penal más favorable si prueban que fueron coaccionados para abandonar su puesto de trabajo.

No hace falta hacer muchas cábalas para llegar a la conclusión de que el Gobierno pretende endosar las responsabilidades sólo a unos supuestos jefes de la rebelión, aplicando la doctrina de la «obediencia debida». Pero no hay que olvidar que no son militares. La pretensión adelantada por Blanco y Conde-Pumpido recuerda mucho a lo sucedido en el juicio del 23-F, en el que fueron condenados los mandos golpistas del Ejército, pero no los soldados ni los guardias civiles que ocuparon el Congreso o salieron con los tanques a la calle cumpliendo órdenes. El Gobierno de Calvo-Sotelo actuó por un estado de necesidad que, salvando las distancias entre ambas situaciones, puede ser el mismo que ahora atenaza al Ejecutivo. Aena necesita 2.500 controladores para mantener el tráfico aéreo en condiciones de seguridad, por lo que no puede prescindir de 500 de un golpe, ya que carece de sustitutos.
La pretensión de exigir responsabilidades sólo a los cabecillas es inaceptable, ya que el tipo penal que puede ser aplicado a los causantes del caos es individual: un presunto delito de sedición contemplado en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, castigado con penas de prisión, del que tienen que responder todos y cada uno de los que abandonaron el servicio. Es absurdo decir que los controladores se sintieron obligados por sus superiores, puesto que el día de autos eran civiles, no estaban sujetos a una disciplina militar. Por otro lado, es difícil de imaginar que se vayan a producir delaciones en un colectivo tan compacto, que reaccionó como Fuenteovejuna, todos a una. Tanto la justificación de esta conducta como las disculpas apuntadas ayer por el sindicato Usca son una tomadura de pelo. Todos los sediciosos deben recibir su correspondiente sanción penal, lo que no obsta para señalar que si los controladores reaccionan de forma solidaria ante la pretensión de Fomento y la Fiscalía, el Gobierno está perdido.
Y lo está porque -aunque hace varios meses decidió plantar cara a los abusos de esta casta privilegiada- no puso en marcha los mecanismos necesarios para ganarles la batalla. Ni hay suficientes militares formados para tomar el relevo, ni se han tomado las medidas legales necesarias para que los controladores no tengan la llave de acceso a la profesión, ni se ha podido, por tanto, contratar a personal extranjero. Con el estado de alarma resolvió una emergencia nacional, pero carecía de planes para el día después y ahora se enfrenta a un escenario endemoniado. La prolongación de una situación -perfectamente constitucional, pero también excepcional- no haría más que aplazar la solución del problema.

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Vía epesimo