Por una parte Joaquín Cortés, padre de Mari Luz, pide que se rectifique la petición del juez instructor y que se entienda que es un retraso injustificado de las condenas firmes, que se considere que el Juez Tirado cometió una falta muy grave, que tuvo como consecuencia el asesinato de su hija de cinco años Mari Luz y además reincidió con otro retraso injustificado de hacer cumplir una condena firme, poniendo en otro caso en peligro la vida de otro menor, pues el condenado conducia ebrio. Si bien no hay resolución el juez instructor solo pide para el juez Tirado una multa de 1.500 euros, por esta presunta negligencia judicial, que costó la vida a Mari Luz.
En cambio en Murcia la Fiscalia del Tribunal superior de Justicia, solicita nada menos que la inhabilitación para el juez Fernando Ferrín Calamita, a quien acusa de un delito de prevaricación por retrasar el expediente de una mujer en el que se tramitaba la adopción por esta de la hija biológica de su compañera sentimental, la acusación particular, pide cuatro años de inhabilitación o , alternativamente, tres años de prisión para el magistradol. Y se reclama, que el juez acusado indemnice con 18.000 euros a la pareja de la madre de la menor. Tampoco hay resolución.
Que estupidez que en España ocurran casos así: que a la negligencia de un juez con resultado de muerte de una niña y poner en peligro a otro menor se le pidan solamente 1.500 euros y a otro por daños morales a una miembro de una pareja lesbiana se pidan 18.000 euros.
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