PESE a que el «caso Gürtel» no le está costando al Partido Popular expectativas electorales, como se ha visto en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la dimisión «temporal» de su hasta ayer tesorero, Luis Bárcenas, alivia a este partido de una tensión interna cada vez mayor. Desde que el magistrado instructor designado por la sala Segunda del Tribunal Supremo llamó al senador Bárcenas para prestar declaración como «imputado provisional» -figura procesal inexistente, pero explicable por los perjuicios evidentes que causa el aforamiento al derecho de defensa de los sospechosos- la suerte política de quien fuera gerente y tesorero del PP durante muchos años estaba prácticamente echada. Era ilusorio pensar que el magistrado instructor iba a archivar el caso sobre la marcha, sólo por los documentos y las explicaciones que ofreció Bárcenas, por muy solventes que puedan ser. Las instrucciones penales tienen sus propios ritmos y no se deben hacer pronósticos sobre sus desenlaces, como lo demuestran los hechos, menos aún en causas tan complejas como la del «caso Gürtel», dividida en tres tribunales. En todo caso, Bárcenas no sólo merece la presunción de inocencia que establece la Constitución, sino el reconocimiento de haber estado siempre dispuesto a dar explicaciones sobre su comportamiento y responder a los indicios que aparecían en la investigación policial. Él mismo solicitó al Supremo prestar declaración y ha actuado judicialmente contra quienes lanzaban acusaciones contra él, aprovechando su indefensión de hecho, al no poder declarar hasta que el alto Tribunal asumiera la causa.
Por otro lado, el senador Bárcenas ya había anunciado en la entrevista publicada en ABC hace quince días lo que ayer tuvo lugar: que abandonaría transitoriamente, y de común acuerdo con Mariano Rajoy, la tesorería del PP si después de su primera declaración el Supremo mantenía la imputación y solicitaba al Congreso de los Diputados el suplicatorio que permita formalmente investigarlo. Esto segundo aún no ha sucedido, pero sí la continuidad de la causa. Políticamente es una decisión oportuna y conveniente, para él y para el partido al que ha servido en estos años.
Mariano Rajoy ha manejado el tiempo de estos acontecimientos con criterio propio, ajustándose a su compromiso de esperar a la actuación del TS antes de tomar decisión alguna, sin arrojar a Bárcenas a los leones y aun a riesgo de derivar contra su persona sospechas de chantaje nunca probadas. En este momento, Rajoy puede presentar un balance favorable de las respuestas de su partido al «caso Gürtel», no habiendo cedido a la campaña de manipulación de la Justicia contra el PP ni a la aceleración de decisiones que se le reclamaba internamente. Quien quiera buscar comparaciones con la situación de Francisco Camps debería primero considerar la entidad de las imputaciones. La salida de Bárcenas se produce sin rupturas internas -pese a que éste era el objetivo pretendido por el PSOE-, en el contexto de una investigación judicial y sin indicios de financiación irregular del PP. Es evidente que con esta dimisión no se frenará la presión sobre los populares, incluso es probable que aumente, pero sí va a mitigar el protagonismo negativo en el que se había instalado el PP, en detrimento de una labor de oposición que, de ahora en adelante, tendrá que ser mucho más visible y nítida.
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