El Ayuntamiento de Barcelona está intensificando la persecución contra los comercios que, fieles a su historia, siguen rotulando en castellano en el popular barrio de Sants. La Agència Catalana del Consum ha enviado cartas a un gran número de establecimientos, en el que les advierte de «la obligatoriedad» de rotular en catalán y que el incumplimiento de esta norma «constituye una infracción en materia de defensa de los consumidores». De hecho, el PP ha denunciado que el Ayuntamiento ha multado a 62 pequeños comercios de Barcelona. Sants es un barrio donde existen establecimientos que han rotulado siempre en castellano y que se niegan a cambiar. El propietario de uno de ellos -F incas Giménez- asegura que está dispuesto a marcharse de Barcelona antes que retirar los carteles en castellano de su escaparate. Y afirma que está decidido a ir a los tribunales para defender sus derechos, reconocidos en la Constitución. Lo que está sucediendo en Sants, un barrio donde siempre han convivido con absoluta tolerancia catalano y castellano parlantes, es un reflejo de la política del Gobierno de coalición entre el PSC y ERC, obsesionado por una política de normalización lingüística que vulnera los derechos de una parte de la población. Máxime cuando -como denuncian algunos comerciantes- ni siquiera se les permite recurrir estas decisiones en castellano. Una arbitrariedad que se añade a las muchas que ya hemos denunciado en estas páginas.
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