viernes, 14 de enero de 2011

Se «suspenden» las misas

Si no fuera un asunto muy grave, esta «suspensión cautelar» de las misas merecería un lugar destacado en una antología del absurdo jurídico

Día 14/01/2011
LA decisión adoptada por la Universidad de Barcelona de suprimir la celebración de las misas en la capilla universitaria refleja una mentalidad sectaria y supone una arbitrariedad contraria al Estado de Derecho. Para colmo de males, los argumentos que pretenden justificar lo injustificable pueden ser calificados —sin exageración alguna— como un auténtico disparate. Resulta que los radicales boicotean los actos litúrgicos y coaccionan a los asistentes, de modo que las autoridades académicas ceden a las presiones con el pretexto de que no están en condiciones de garantizar la seguridad. El comunicado del decanato de Económicas afirma que se trata de preservar tanto la libertad religiosa como el derecho a la libre expresión, sin tener en cuenta que esta última no ampara actos de amenaza que se traducen a veces en una imposición con el objetivo de impedir las ceremonias. El caso es que los alborotadores consiguen salirse con la suya, lo que supone sin duda dar alas a los grupos que han convertido la Universidad española en un feudo de unos cuantos radicales, que impiden hablar a los políticos que no son de su agrado o simplemente a todos los que no comparten su ideología extremista.
En nombre de un sedicente progresismo, las actitudes laicistas se apoderan del espacio público en contra de la Constitución, de la tradición histórica y de la realidad social. Si no fuera un asunto muy grave, esta especie de «suspensión cautelar» de las misas merecería un lugar destacado en una antología del absurdo jurídico. Si existe voluntad para ello, es fácil poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el derecho de profesores y estudiantes a practicar en libertad sus creencias religiosas. Las universidades gozan de autonomía constitucional, pero si las autoridades del «campus» son incapaces de cumplir sus obligaciones es evidente que las administraciones deben tomar cartas en el asunto. Rodríguez Zapatero ha creado un ambiente social que refuerza los planteamientos radicales en un terreno que —por fortuna— parecía superado como ámbito de conflicto gracias a la madurez de la sociedad española. Por desgracia, en las circunstancias actuales, parece que vuelven a producirse situaciones intolerables de coacción.

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