DURAN LLEIDA declaró ayer que se escuchaba más el castellano que el catalán en las personas que gritaban contra el Gobierno tripartito. Es cierto, porque en años anteriores lo que predominaba en los actos de la Diada eran las protestas de los nacionalistas radicales y los abucheos contra el PP. Lo que sucedió es que los trabajadores del cinturón industrial de Barcelona salieron a la calle para recriminar a Montilla y a sus aliados políticos por preocuparse más de cuestiones identitarias que del bienestar de los ciudadanos.«Más trabajo, menos Estatuto» y otros eslóganes similares fueron proferidos por los trabajadores de Nissan y Roca, empresas en las que hay cerca de 3.000 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo.
La sensación de este colectivo es que el Gobierno tripartito no ha dedicado el mismo tiempo y energía a defender sus puestos de trabajo que a la llamada construcción nacional que preocupa tanto a Montilla, Carod, Saura y otros líderes catalanes.
Según los datos de Trabajo, Cataluña contaba a finales de agosto con 519.000 parados, con un crecimiento del 51% en los últimos doce meses, uno de los mayores de España. Poblaciones como Badalona y L'Hospitalet que rodean a Barcelona, donde habita una mayoría de personas que se expresan en castellano, son las más afectadas por una crisis económica que ha golpeado con especial dureza al tejido industrial de Cataluña.
En las últimas semanas, Montilla y sus socios se han cansado de hacer manifestaciones sobre las consecuencias de una sentencia negativa del Tribunal Constitucional, pero no han tomado ninguna medida eficaz ni han dado suficientes muestras de interés por los efectos de esa crisis que está empobreciendo el cinturón industrial de Barcelona. La propia vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, criticó ayer a los que incurren en «incertidumbres preventivas» respecto a esa sentencia, en alusión a Montilla.
Lo que ha sucedido en la Diada no es una anécdota, es el reflejo del profundo malestar de una parte de la sociedad catalana que se siente marginada por su clase dirigente y por la mayoría de los partidos, que dedican todas sus energías a la lengua y los símbolos sin preocuparse de ese medio millón de parados, sin perspectiva alguna de encontrar trabajo. Por el contrario, las políticas que está haciendo la Generalitat están provocando el éxodo de los inversores hacia otras comunidades de España, en las que no existen las trabas idiomáticas que se ponen en Cataluña a quien quiere crear riqueza.
No estamos diciendo que la suerte de los parados no les importe a Montilla y sus socios, pero lo que sí decimos es que actúan como si no les importase porque su discurso está centrado en las cuestiones identitarias que, como se empieza a percibir, muchos catalanes consideran menos importantes que su puesto de trabajo.
El propio Estatuto fue aprobado con una abstención del 51% de la población, lo que debería hacer reflexionar a los dirigentes catalanes que ahora amenazan con una rebelión civil si la sentencia del Constitucional es desfavorable. Ayer, los independentistas radicales se sumaron a esta presión con una manifestación a la que asistieron menos de 15.000 personas -entre ellas, el presidente del Barça, Joan Laporta- bajo el eslogan «somos una nación, queremos un Estado».
No parece que ése sea el sentir mayoritario de los siete millones y medio de catalanes, buena parte de los cuales no se siente identificado para nada con el independentismo. Quienes gritaron ayer contra Montilla forman parte de esa mayoría silenciosa que cada vez está más harta del ombliguismo de la clase dirigente catalana.
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