
El documento del Banco de España concluye que la política de inversiones era arbitraria y no estaba sometida a ningún control, que se tomaban decisiones sin consultar al Consejo de Administración, que se emplearon cuantiosos recursos en proyectos inviables como el aeropuerto de Ciudad Real, que se prestaba dinero a los amigos y que se cometieron todo tipo de imprudencias.
El Banco de España considera que el SOCIALISTA Hernández Moltó y los consejeros han cometido dos infracciones muy graves y una grave, susceptibles de ser castigadas con una multa de hasta 390.000 euros y una inhabilitación profesional de hasta 10 años. Dada la magnitud de estas faltas, corresponde al Consejo de Ministros decidir el castigo a los infractores.
Moltó argumenta ahora que él no era un presidente ejecutivo y que ejercía labores de representación. Pero no es cierto. Presidía el comité de dirección de la caja y, según sus estatutos, era el responsable de la gestión. Todas las decisiones, como se desprende del informe del Banco de España, se tomaron con su consentimiento.
Caja de Castilla-La Mancha, auténtico museo de los horrores como se describe hoy en nuestras páginas, tuvo que ser intervenida en marzo pasado con una línea de crédito avalada por el Estado de 9.000 millones de euros para su saneamiento, dado que técnicamente estaba en quiebra.
Zapatero se ha cansado de denostar los excesos del liberalismo y del capitalismo americano, a los que ha culpado de la crisis. Ahora tiene una gran oportunidad para castigar esos abusos y demostrar cuanto les aborrece. Veremos cual es el rasero con el que mide la impresentable conducta de su compañero de partido, Juan Pedro Hernández Moltó.
Pero el informe del Banco de España acredita que no basta probablemente una sanción administrativa sino que ha podido haber delitos que tienen que ser investigados por la Justicia. El Banco de España debería poner a disposición de la Fiscalía este documento para que el Ministerio Público estudiara si procede una querella contra sus directivos, como sucedió en el caso de Banesto.
Más allá de las responsabilidades de los gestores, el caso de Caja Castilla-La Mancha demuestra que el Gobierno se está equivocando al promover fusiones regionales como las que han tenido lugar en Andalucía y Cataluña, teledirigidas desde el poder político. En lugar de aprovechar este proceso para fortalecer financieramente las entidades, el Gobierno está empleando fondos públicos para restringir la competencia y aumentar el tamaño de cajas que operan bajo el control político. El Gobierno no sólo no ha aprendido la lección sino que persiste en este peligroso camino.


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