Quiebra .El drama de las pensiones

Emilio J. González

El futuro de las pensiones es dramático y el plazo para abordar su reforma ya se ha agotado. Hay que empezarla ya y acompañarla no sólo de reformas estructurales, sino también de programas de reducción drástica del gasto público.

(LD) La patronal del seguro Unespa acaba de advertir que a España le quedan nada más que diez años para abordar la reforma del sistema de pensiones porque, a partir del 2019, el número de votantes mayores de 50 años igualará y empezará a superar al de los menores de esa edad y entonces será imposible acometer la reforma. ¿Por qué? Porque los mayores defenderán sus pensiones públicas a capa y espada, aunque ello implique tener que subir impuestos, y los que tengan menos de medio siglo de edad lucharán por pagar menos impuestos. Este análisis es del todo punto acertado excepto en una cuestión: si las cosas se contemplan desde la perspectiva de las finanzas familiares, la reforma tiene que empezar mañana mismo porque ese plazo de un decenio ya no existe.

La raíz del problema estriba en que el sistema de pensiones se basa en el modelo de Beveridge, según el cual las cotizaciones de hoy financian las prestaciones actuales. Este sistema es viable en tanto en cuanto la relación entre cotizantes, o personas con trabajo, y jubilados se mantenga constante en un ratio de, aproximadamente, 2,7 trabajadores por cada pensionista o, incluso, crezca porque la población se rejuvenece. Lo que sucede en España es que la población envejece y ese ratio se reduce a pasos agigantados. Esto no es nuevo, sino que se sabe desde hace tiempo, pero los políticos no quisieron abordar en su momento la reforma del sistema y se limitaron a firmar el Pacto de Toledo, que no es más que poner parches en lo que necesita un cambio radical. Y ahora, como nadie quiere meterle mano a tan peliagudo asunto, por miedo a perder votos, se pretende continuar con el desarrollo de las propuestas contenidas en el Pacto, que son también las recomendaciones que hace Unespa: ampliar la edad de jubilación, aumentar el periodo de cómputo de la pensión, financiar las pensiones con la imposición general y dar entrada al sector privado, entre otras. Lo malo es que, tal y como están las cosas, nada de esto garantiza la percepción de una pensión digna en el futuro.

El retraso en la edad de jubilación no es más que obligar a la gente a trabajar más años con el fin de que la Seguridad Social tenga que pagar menos pensiones y durante menos tiempo. Ampliar el periodo de computo de la pensión implica reducirla porque se incluirá toda la vida laboral, empezando por los primeros años de la misma, cuando los sueldos son mucho más bajos que en los últimos. Financiar las pensiones con impuestos tampoco es viable, fundamentalmente por dos razones. En primer término, porque la locura de gasto público y déficit presupuestario del Gobierno de Zapatero está endeudando tanto a nuestro país que, en 2012, la deuda pública acumulada será del 132% del PIB y a tipos de interés muy superiores a los actuales. Esto supone que el Estado no tendrá margen para desarrollar política social alguna porque ese margen se lo comerá el pago de intereses y la devolución del principal de esa deuda. En segundo término, porque se ha cedido tantos ingresos a las autonomías, para que luego despilfarren el dinero a manos llenas que, si el Gobierno central no recupera parte de esos recursos, no tendrá con que financiar las pensiones, vía tributos, si no es subiendo los impuestos, o la parte de los mismos, que todavía está en sus manos, lo que resultará tremendamente impopular con independencia de que se tengan 30, 60 ó 75 años. Y recuperar esos recursos no es, precisamente, tarea fácil si no media un pacto constitucional que ponga fin al cachondeo en que se ha convertido el Estado de las autonomías. No hay más que ver las reacciones de los líderes políticos regionales cuando se habla de fusiones interregionales de cajas de ahorros para comprender lo difícil que le resultaría al Gobierno central acometer la devolución al Estado de parte de los recursos financieros que dilapidan las autonomías a manos llenas.

Después hay que tener en cuenta algunas cuestiones de suma importancia de las que no habla Unespa, y que están relacionadas directamente con la actual crisis económica. Para poder aplicar con eficacia las recetas que sugiere la patronal del seguro antes es necesario superar la crisis y crear empleo, para que se incremente el número de cotizantes a la Seguridad Social. Sin embargo, sin las reformas estructurales que precisa la economía española, entre ellas la laboral, esto no se va a producir. Todo lo contrario. Lo que nos aguarda es una larga fase de estancamiento económico con altas tasas de desempleo que deteriorarán todavía más las finanzas del sistema de pensiones, y eso si antes no se produce un nuevo agravamiento de la recesión como consecuencia del precio del petróleo, o de la nueva oleada que se avecina de quiebras inmobiliarias y bancarias –mejor dicho, de cajas de ahorros–, o de una crisis de la deuda pública española, un hecho este que cada vez tiene más posibilidades de producirse.

En este contexto, no cabe duda de que la entrada del sector privado en el sistema de pensiones es una ayuda, pero para eso es necesario que los españoles tengan capacidad para hacer aportaciones a planes privados de pensiones, lo que para muchos no es posible porque están endeudados hasta las cejas, y por mucho tiempo, a causa de la adquisición de una vivienda a precios desorbitados; suponiendo, claro está, que tengan un puesto de trabajo y un salario lo suficientemente elevado para cubrir sus necesidades y ahorrar para la pensión. Y ni lo uno ni lo otro está garantizado porque no se están produciendo las reformas que permitan crear empleo y evitar la necesaria reducción de salarios para recuperar la competitividad de la economía española. Entonces no hay más posibilidad que transferir parte de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y las empresas a planes privados, pero si se hace eso se descapitaliza el sistema público.

El futuro de las pensiones, por tanto, es dramático y el plazo para abordar su reforma ya se ha agotado. Hay que empezarla ya y acompañarla no sólo de las reformas estructurales que necesita la economía española, sino también de programas de reducción drástica del gasto público que permitan financiar las pensiones con impuestos y desviar parte de las cotizaciones sociales a los planes privados de pensiones. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Los socialistas, secuestrados por los sindicatos, que se niegan a la privatización de las pensiones? ¿Los del PP, que no se atreven ni a decir esta boca es mía? ¿Los políticos prisioneros de los barones regionales? ¡Qué futuro tan dramático nos espera!