Educación eliminará las cuotas voluntarias en los concertados Educación eliminará las cuotas voluntarias en los concertados

Educación eliminará las cuotas voluntarias en los concertados

Negocia con las autonomías las nuevas reglas de estos colegios

Las administraciones educativas deberán dotar a los centros de los recursos necesarios que permitan la gratuidad.

MADRID-Los padres con hijos en centros escolares concertados no tendrán, en ningún caso, que pagar la aportación voluntaria que hasta ahora venían solicitando estos colegios con el argumento de la insuficiencia de recursos procedentes de la Administración para hacer frente a todos los gastos. Así será de salir aprobado el Real Decreto que establece los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos que presentará el lunes el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas.
El borrador del texto legal regula en su artículo 13 la obligación del titular del centro de «impartir gratuitamente las enseñanzas» y establece que «en ningún caso los centros privados concertados podrán percibir cantidades de las familias».
Tampoco podrán imponer a los padres «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos».
El cobro de servicios como el de comedor o ruta o actividades extraescolares «podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los colegios», pero tampoco podrán tener grandes beneficios porque el Ministerio aclara que «carecerán de carácter lucrativo». De hecho, vigilará qué cuotas imponen para estas actividades fuera del horario escolar ya que deberán ser aprobadas por el consejo escolar del centro y, luego, comunicadas a la administración.
Según el Real Decreto, las administraciones educativas de las comunidades autónomas estarán obligadas a «dotar a los centros de los recursos para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas», y establece partidas presupuestarias concretas que se fijarán anualmente para atender distintas cuestiones. Así, la administración se hará cargo de los salarios de los profesores, la mayoría con una remuneración inferior a los de la escuela pública, pero el Ministerio garantiza que «se irá equiparando gradualmente».
También les asignará dinero para personal de administración y servicios, para el mantenimiento ordinario (luz, agua…), conservación, inversiones reales que hayan realizado y para el pago de la antigüedad del personal o de los sustitutos.
Otro detalle importante es que se aprobará o no subvencionar un centro en función de la programación de la red de centros que la administración tenga, aunque tendrán preferencia los que funcionen en régimen de cooperativa, los que atiendan a alumnos con condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.
El borrador de Real Decreto ha generado ya críticas, entre ellas las de la patronal de la enseñanza privada y concertada (CECE). Su presidenta, Isabel Bazo, aseguró que las nuevas reglas que pretende establecer el Ministerio de Educación «van a producir un empeoramiento de la subsistencia de estos centros porque los asfixia económicamente y, lo que es peor, no se va a atender la demanda de los padres ya que, si hay plazas vacantes en la pública, no se van a concertar colegios».

Suspensión de pagos
El Ministerio de Educación prevé también que se incremente la ayuda que puedan ofrecer los centros concertados para los alumnos con necesidades especiales que precisan un apoyo específico y omite cualquier referencia de quitar conciertos a las escuelas que educan a niños por un lado y a niñas por otro, a pesar de que en algunas comunidades autónomas ya se ha hecho el intento (como es el caso de Asturias) y de que responsables del Ministerio expresaran que la enseñanza diferenciada resulta contraria al espíritu de la Ley de Educación. Llamativo resulta, al mismo tiempo, el hecho de que un concierto podrá suspenderse si la administración determinada declara que no tiene fondos suficientes. De cualquier modo, cada autonomía establecerá la duración de las ayudas a estos colegios que, «en ningún caso, será superior a seis años».