UNA REFORMA LOGICA Y OBLIGADA POR LA GRAVEDAD DE LA CRISIS

La nueva Ley de Extranjería limitará las reagrupaciones familiares, ampliará de 40 a 60 días el plazo en que los sin papeles podrán permanecer recluidos en centros de internamiento, endurecerá las penas y sanciones relativas a delitos relacionados con la inmigración, y aumentará en cambio el conjunto de derechos de los extranjeros en situación irregular.

Se trata de una regulación lógica, mucho más restrictiva en lo que atañe a la obtención de permisos de residencia y mucho más dura en la lucha contra la inmigración ilegal, de acuerdo con las nuevas directivas europeas. Pero también más garantista para con los extranjeros sin papeles, a los que se reconocen los derechos de reunión, manifestación, sindicación, huelga y asistencia letrada gratuita, de acuerdo con distintas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Además, se reconoce el derecho al acceso gratuito a la educación secundaria de los hijos de inmigrantes ilegales, una prestación gravosa pero ineludible.

En líneas generales, se trata de una regulación acorde con el endurecimiento de las políticas de extranjería desarrollado en el resto de Europa. Pero, principalmente, condicionada por la grave situación económica y por las estrecheces de una crisis que ha limitado mucho la capacidad de absorción de nuestro mercado laboral. No en balde, «las cambiantes situaciones económicas y sociales» fueron señaladas ayer por Fernández de la Vega para justificar una reforma que en la práctica recoge el grueso de las propuestas del PP(y por las que el Psoe y sus socios le llamaba racista, xenofobo, carca, facha...) -excepto el polémico contrato de integración- y con la que el Gobierno se quita la careta buenista y rectifica definitivamente su política migratoria.

El Ejecutivo quiere limitar las reagrupaciones al núcleo básico familiar, de tal modo que los inmigrantes sólo puedan traer a España a sus hijos. Sólo se permitirá que vengan también sus padres si demuestran que los pueden mantener económicamente y siempre que éstos sean mayores de 65 años y, por tanto, sin capacidad para competir por un puesto de trabajo. El Gobierno intenta blindar el mercado laboral y acabar con el coladero de las reagrupaciones en cadena, un mecanismo para la obtención de visados que se ha disparado este último año.(...)