La Navidad se ha adelantado este año al 3 de noviembre para los banqueros, sus ejecutivos y sus familias, que se han visto beneficiados por un generoso decreto del Gobierno que cambia la tributación del dinero que depositan o invierten en las entidades a las que están vinculados profesional o accionarialmente.
La reforma fiscal de 2007 simplificó el tratamiento tributario de las rentas de capital, que pasaron a pagar un tipo único del 18% por todo tipo de plusvalías, incluyendo dividendos. Pero la ley hizo una excepción: había ciertas rentas de capital que seguían tributando como si fueran provenientes del trabajo siempre que se originaran en la empresa en la que se es directivo o accionista. Eso suponía el 43% para las rentas más altas.
El Gobierno acaba de introducir una reforma de tapadillo en un decreto sobre fraude fiscal: los propietarios y altos directivos de las entidades financieras -así como sus familiares en varios grados- quedan al margen de esta excepción y pasan a tributar solamente un 18% por los rendimientos de cuentas, bonos o préstamos a la entidad donde trabajan o son accionistas.
Aparentemente se trata de una reforma puramente técnica, pero lo que no se entiende es que el decreto, publicado en el BOE hace un mes, beneficie exclusivamente a ejecutivos y accionistas de las entidades financieras dejando fuera a todos los demás sectores productivos.
¿Por qué sólo los banqueros y bancarios van a tributar por esas remuneraciones al 18% y no los demás profesionales, que pagarán el 43%, como si fueran rentas de trabajo? Hacienda no lo ha explicado, aunque hay un argumento que podría justificar la medida: carece de sentido que un accionista de un banco pague un gravamen del 43% por tener una cuenta en su entidad y solamente un 18% si la abre en la competencia.
Pero, aun aceptando este razonamiento, sigue sin entenderse por qué el Gobierno no ha extendido la nueva normativa a otros sectores de la economía. Si es absurdo que se grave a un banquero por colocar su dinero en su entidad, también lo es que se haga lo mismo con un pequeño empresario que presta dinero a su sociedad o compra unos bonos para capitalizarla.
Tampoco se justifica las formas del Gobierno, que ha aprovechado un decreto sobre fraude fiscal para colar esta reforma y hacerlo de forma críptica, dado que su redacción es prácticamente incomprensible para el común de los mortales. También resulta sospechoso que el Gobierno, tan atareado en luchar contra la crisis, haya encontrando tiempo y lugar para legislar en una materia que sólo afecta a unos cientos de privilegiados.
Y. por último, hay otra cosa que extraña muchísimo: el carácter retroactivo de la medida, que se aplicará desde el pasado 1 de enero. Ello es excepcional en las leyes fiscales que entran en vigor casi siempre en el ejercicio siguiente a su aprobación.
Todo huele a favor del Gobierno a los altos ejecutivos y los grandes accionistas de las mismas entidades financieras que se están beneficiando de esas cuantiosas ayudas de las que carecen otros sectores. Ello es una demostración de que la banca sigue siendo un poder fáctico en la España de nuestros días, donde algunos ciudadanos, como diría Orwell, son más iguales que otros.
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