El TSJB absuelve de todos los cargos a los 14 imputados del caso Caballistas al estimar que no cometieron ningún delito
Señala que ninguno de los acusados (12 alcaldes o ex-alcaldes del PP y dos funcionarios) tuvo conciencia de alterar la verdad
EUROPA PRESS La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, presidida por Antonio Terrasa, ha absuelto a los 14 imputados en el Caso Caballistas, incluido el ex-alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, y la parlamentaria del PP Catalina Soler al considerar que no cometieron ningún delito, pese a que la Fiscalía les acusaba de un delito de falsedad documental.
Así, Terrassa y los magistrados Francisco Javier Muñoz y Antonio Federico Capó sostienen en su sentencia de 44 páginas que ninguno de los acusados (12 alcaldes o ex-alcaldes del PP y dos funcionarios municipales) "tuvo conciencia de alterar la verdad, ni quiso modificarla ni, por ello, pudo tener conciencia de la ilicitud de su acto".
Por lo tanto, la Sala de lo Civil y Penal considera que no ha habido ninguna infracción penal en este caso en el que se investigaba una presunta trama de corrupción urdida entre 2004 y 2005 para legalizar la vivienda particular que el ex-alcalde de Ses Salines construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente, denominada Agrupación de caballistas de Ses Salines, para que el Consell de Mallorca concediese la declaración de interés general.
Concretamente, la sentencia subraya que pese a que once ayuntamientos gobernados por el PP (Ses Salines, Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva) emitieron certificados para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal, en el acto del juicio "se demostró que los caballistas de Ses Salines sí habían actuado en los lugares y periodos a los que los Consistorios se referían".
"Esto es lo esencial e impide que exista mentira objetiva ya que es de un formalismo extremo sostener que hubo delito porque la 'Agrupació' no existía precisamente por el hecho de no estar constituida ni inscrita hasta el año 2001, pues sí existía en la realidad como grupo informal de amigos que se reunían para entrenar a sus caballos en la doma y realizar demostraciones de sus habilidades en las fiestas populares de las citadas localidades", señala la sentencia.
De este modo, indica que la mayoría de municipios que suscribió el citado documento "desconocía el nombre exacto de la Agrupación, esto es 'Agrupació Cavallista de Ses Salines', y la fecha de su constitución, septiembre de 2001, puntos en los que se han centrado las acusaciones a lo largo del juicio".
Además, apunta que "quien conocía su nombre registral sabía que los caballistas habían actuado en su municipio por lo que no tuvieron reparo en ponerlo por escrito".
JUICIO "DESORBITADO Y DESMADRADO"
Tras conocer la sentencia absolutoria, que puede ser recurrida por los fiscales y la acusación particular, Rafael Perera, abogado de varios de los ediles y ex alcaldes del Partido Popular imputados, consideró que el fallo es totalmente "justo" y que demuestra, como mantiene la sala, que no ha habido "ninguna infracción penal".
Así, consideró que la Sala de lo Civil y Penal ha comprendido que este juicio era "desorbitado y desmadrado" y, por ello, ha acordado absolver a todos los encausados "estimando que el tema no tiene trascendencia penal".
En este sentido, Perera indicó que pese a que el TSJB puede considerar que hubo "irregularidades administrativas, de ninguna manera merecen la conducta de un reproche penal". "Se ha dictado una sentencia justa y expreso la satisfacción de que después de tanto tiempo de instrucción y de tantos esfuerzos se haya llegado a un resultado razonable, que es lo que se debe buscar en una sala de Justicia", aseveró.
El letrado expuso que "hay cosas en la conducta y en la sociedad que pueden ser irregulares y pueden merecer incluso un reproche social, pero solamente merecen ser castigadas por la justicia penal aquellas acciones más graves que están tipificadas en el Código Penal porque atentan contra los principios más graves de la convivencia social".
Finalmente, calificó de "aséptica y objetiva" la sentencia, respecto a la cuestión política, ya que, según subrayó, se han juzgado hechos prescindiendo de si los alcaldes imputados pertenecían a uno u otro partido político, lo que supone que el Tribunal ha actuado de forma "correcta y atenuada a derecho".
Por su parte, el representante de la acusación particular Josep de Luis señaló que hasta que no analice la sentencia en su conjunto, no decidirá si la recurre. En esta línea, dijo que es "muy pronto" para anunciar un recurso a la decisión de la Sala de lo Civil y Penal.
PETICIONES DE LA FISCALÍA
Concretamente, la Fiscalía solicitaba para el ex primer edil de Ses Salines seis años de prisión, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades.
También estaban acusados el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, para quienes pedía cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por el mismo delito, además del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens (tres años de cárcel y cinco de inhabilitación).
El resto de acusados eran el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el alcalde de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, para quienes la Fiscalía solicitaba nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
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