AGUSTÍN PERY
Dicen que nada tiene que temer de la Justicia quien nada ha hecho. Este principio, pueril si quieren pero de una lógica aplastante, tiene en Baleares la excepción que quiebra lo que debería ser norma. Aquí quienes más han hecho son los que menos tienen que temer de los tribunales. Por eso formulo una pregunta de la que temo la respuesta: «¿quién nos protege del sectarismo de jueces y fiscales?». Nadie o casi nadie.
Nadie porque togados, Govern y medios afines y pesebreros se conjuran para vapulear al enemigo ideológico y proteger al afín, al que toca, al que conviene. Es cierto que los magistrados han rendido grandes servicios a la comunidad, pero también los norteamericanos buscando acabar con el terrorismo islámico cometieron, y cometen, verdaderas tropelías. Puede que la comparación les resulte demagógica o excesiva. Lo que no me parece es que sea desacertada. La Justicia en Baleares comete abusos sobre inocentes aplicando uno de los ejes básicos del totalitarismo: perseguir al diferente, al contrario, al que no es de los suyos. Demoniza la actuación pública de unos y santifica la de otros. Cuando el PISB fracciona contratos, aumenta irregularmente sueldos, contrata a dedo o hurta los presupuestos a los ciudadanos estamos ante meras faltas administrativas. En el caso contrario, o mejor, si es el Partido Popular, la cosa cambia y hay que ir por la vía penal para desenmascarar a toda una trama corrupta.
No seré yo quien defienda al PP pues sospecho que sí son corruptos algunos de los que están pero no están, ni mucho menos, todos los que lo son. Lo que sí hago es levantar el dedo acusador contra unos jueces y fiscales cuya actuación debería ser investigada por sus superiores. Son esos mismos magistrados los que imponen fianzas desorbitadas para unos y mucho menores para otras; los que ordenan detenciones masivas en unos casos y ni se personan en otros; quienes realizan tremebundos juicios de intenciones bien expandidos por sus coros mediáticos mientras callan, ralentizan o archivan causas aparentemente similares en razón del color político de sus protagonistas; y lo que es más grave aún, son estos jueces y fiscales los que en razón de su ideología pretenden gobernar sin someterse al dictado de las urnas, en lo que constituye una suerte de maléfico gobierno en la sombra.
Las acusaciones que hago son graves pero se sustentan en decisiones que a cualquier lector medianamente avezado le habrán sorprendido, e indignado, tanto como a mí. Aquí enumero algunas:
- Cómo es que el mismo fiscal no ve malversación en la venta del solar de Can Domenge por la mitad de su valor y sí la vea en los 15.000 euros del Castillo de Sant Elm.
- Cómo es que un juez imputa a Matas y Calatrava por la Ópera y ni siquiera cita como testigo al empresario que asistió, y preparó, la reunión entre el presidente y el arquitecto.
- Cómo es que Anticorrupción no se persona contra Xico Tarrés por Ibiza Centre y sí lo hace en todos y cada uno de los casos que afectan al PP.
- Cuál es la razón de que impute a todos los que firman contratos en el Palma Arena y por contra, nadie ha imputado a la alcaldesa de Palma por estampar su firma en los mangoneos de sus socios uemitas en Emaya y el Infof. ¿Acaso no tiene una responsabilidad in vigilando?
- Porque la Fiscalía no actúa de oficio al tener conocimiento por este diario de que el presidente socialista del Consell de Menorca daba contratos públicos a empresas asesoradas por su mujer. ¿Habría actuado contra él si Marc Pons fuera del PP?
- Cómo es que han esperado a que el PSIB rompiera con UM para empezar a actuar en serio contra la organización criminal montada por Munar. Y en serio quiere decir registrando sedes y deteniendo gente.
La última demostración palmaria de todo lo aquí escrito la tenemos en el auto del magistrado del TSJB Francisco Javier Muñoz. Él es ese «casi nadie» que nos protege contra las barrabasadas cometidas por algunos jueces de instrucción que ejercen su talibanismo bajo el escudo protector de su toga, armados con el mazo de su ceguera política. Ha tenido que ser el juez Muñoz quien le recuerde al instructor Antoni Garcías «que la vía normal para la impugnación de las decisiones de los funcionarios públicos es la administrativa en el proceso interno de revisión y la jurisdiccional contencioso-administrativa al finalizar a la anterior si la cuestión entra en el ámbito competencial previsto por la ley de jurisdicción».
Es decir, que además de exonerar al ex conseller del PP Joan Flaquer de cualquiera de los delitos que se le imputaban en el hinchadísimo caso del castillo de Sant Elm, el juez pone en evidencia a su compañero y a otros que, como Garcías, parecen del todo menos ecuánimes. Y lo hace recordando que para «calificar los hechos como constitutivos de delito no es suficiente con una mera irregularidad administrativa o una simple discordancia en la tarea interpretativa de las normas, ya que si se activara el mecanismo punitivo ante la mera existencia de una reclamación administrativa se correría el riesgo de criminalizar la actividad entera de las administraciones públicas».
Que se ajusten los machos los Garcías, Castros, Horrach y Carraus de Baleares. Porque el único pero a las palabras de Muñoz es que utilice el condicional para describir y advertir sobre una práctica nefasta de sus colegas. Es tan habitual que estoy seguro que si el Govern fuera del PP hoy mismo sus consellers estarían buscando los mejores abogados después de leer el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas sobre su decisión de no someter al Parlament los presupuestos autonómicos o al comprobar la cantidad de puntos oscuros que rodean la compra de Son Bordoy.
No nos cansaremos de repetir que la justicia no es tal si no es ecuánime porque no paramos de comprobar que en Baleares vivimos en un estado de terror judicial en el que los grandes corruptos son tratados con guante blanco mientras los presuntos inocentes son vapuleados como más que seguros culpables en una bien planificada causa general que pretende lograr por la vía penal lo que no se consigue por las urnas… salvo, claro está, pactando con quien comprar votos.
El Mundo
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