IMPUESTOS por casarse, por usar el crematorio municipal, por depurar las aguas, por estacionar en determinadas vías, por arreglar las playas o las carreteras. Los 8.000 ayuntamientos españoles no saben ya qué hacer para aumentar sus ingresos, muy mermados por la crisis.
La voracidad recaudadora de algunas corporaciones está provocando indignación entre los ciudadanos, que están sufriendo aumentos abusivos de las tasas municipales y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El ejemplo más patente de incremento desproporcionado de los impuestos es Madrid, cuyo ayuntamiento ha empezado a aplicar una nueva tasa de recogida de las basuras que se calcula en base al valor catastral de las viviendas, con independencia de las personas que allí vivan. Por el contrario, Barcelona y Valencia han anunciado una congelación de las subidas de sus impuestos municipales.
La explicación es que Madrid tiene una deuda cercana a los 7.000 millones de euros, que supera lo que deben conjuntamente Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, La Coruña, Valladolid y Zaragoza. El Ayuntamiento de la capital ha recurrido en los últimos años a un fortísimo incremento de las contribuciones de los ciudadanos. Solamente en multas, Madrid espera recaudar 270 millones de euros, diez veces más que hace seis años.
Según las cifras que hoy publica nuestro suplemento Mercados, los ayuntamientos españoles deben 32.600 millones de euros, a lo que habría que sumar otros 7.000 millones de deuda de entidades y agencias paramunicipales. Ello ha obligado al Gobierno a subir el límite de endeudamiento presupuestario de las corporaciones locales, cada vez más obligadas a recurrir el crédito privado para afrontar sus gastos.
El problema es que los ayuntamientos carecen de fuentes de financiación suficientes para cubrir los crecientes gastos que han ido asumiendo, parte de los cuales corresponderían a las comunidades autónomas. A ello se ha unido el fuerte desplome de la recaudación por la construcción de viviendas, que era en muchos municipios de la costa mediterránea su principal caudal de ingresos.
Si la recaudación ha disminuido por la crisis, también es cierto que muchos alcaldes han derrochado los recursos en gastos suntuarios, festejos e infraestructuras de nula utilidad social pero que les reportaban votos. Dada la autonomía financiera de cada corporación, nadie ha controlado esos dispendios.
Los alcaldes se vuelven ahora hacia el Gobierno, al que piden una reforma legal que les permita un aumento de sus ingresos. Pero ello es virtualmente imposible en unos momentos en los que el déficit del Estado amenaza con superar el 10% del PIB. Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a incrementar hasta 11.000 millones de euros adicionales su aportación a las comunidades, lo que reduce el margen para transferir mayores recursos a los ayuntamientos.
Tarde o temprano, habrá que proceder a esa reforma legal que piden con razón los municipios, aunque los alcaldes tendrán que empezar por apretarse el cinturón y recortar gastos, que es lo único realista en esta situación de crisis.
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