Corrupción en Baleares

'CASO SON OMS'
La Fiscalía implica a Munar, presidenta del 'Parlament'

La presidenta del Parlament balear, María Antònia Munar, desempeñó un papel decisivo en el multimillonario pelotazo de Son Oms, según la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Joan Carrau sostiene, en el informe que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que los líderes de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens y Maximiliano Morales traficaron con la influencia política de su socia Munar en los años 90 al exigir a los propietarios del predio de Son Oms comisiones del 15% a cambio de recalificar la finca.

Estas comisiones acabaron adoptando la forma de 60.000 metros cuadrados, que el Ministerio Público valora en «ocho millones de euros» y que se enclavan en una extensión total de medio millón de metros cuadrados sobre la que se levanta un polígono industrial junto al aeropuerto de Son Sant Joan.

«En el momento en que el sr. Vicens y el sr. Morales solicitaban la firma del contrato de gestión, el sr. Morales compartía despacho con una consellera del Govern balear [Munar] y con un concejal del Ayuntamiento de Palma [Bartomeu Cerdá]», subraya el fiscal. Se refiriere al documento que rubricaron el ex presidente de la Cámara balear y el ex conseller de Ordenación del Territorio con seis terratenientes de Son Oms, en el que se contemplaba el pago del porcentaje de terreno a cambio de «lograr» que su partido reconvirtiera la zona de rústica a industrial. El fiscal utiliza este argumento para vertebrar la comisión de un supuesto delito de «tráfico de influencias» por parte de la cúpula histórica de UM.

Uso de un testaferro

Además, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción destacó el perfil de los integrantes del despacho desde el que se gestó la operación. El inmueble lo compartían en los 90, además de Munar y Morales, Cerdá y quien fuera director general de Comercio, Francesc Truyols. En aquella época, el propio Vicens ya colaboraba con este despacho.

Días después de que Munar materializase la recalificación de Son Oms desde la Presidencia del Consell de Mallorca, en abril de 1999, los políticos que promovieron el pelotazo se retiraron de la primera línea y recurrieron a un testaferro: el abogado Jaime Montis. Lo buscaron, señala el fiscal, para «recepcionar los bienes que se entregaron como contraprestación a un tráfico de influencias».

Hasta el momento, el Ministerio Público había pasado por alto la figura de Munar, a pesar de formar parte del despacho que gestó la operación, de ser quien recalifica el terreno y de que su ex socio Cerdá revelara a este periódico la existencia de un pacto por el cual Munar se llevaría el 20% de los beneficios totales que se obtuvieran del negocio.