viernes, 7 de agosto de 2009

Acoso e intento de derribo al PP


43 detenidos y 50 imputados desde 2004

El PP denuncia una cacería política que busca el desprestigio 'popular' en la era Zapatero

VÍCTOR MARTÍNEZ / JAVIER G. NEGRE/Madrid

Detenidos, imputados, acusados y, algunas veces, encarcelados. Entre los años 2004 y 2009 hay entre dirigentes del Partido Popular a todos los niveles -local, autonómico y nacional- al menos 43 detenidos y otros 50 imputados por su presunta participación en tramas de corrupción urbanística o malversación de fondos públicos. Cohecho, falsificación de permisos, estafa, prevaricación, tráfico de influencias... son algunos de los delitos que la Fiscalía atribuye a los populares, que en muchas ocasiones se quedan en nada. Por eso, en Génova se sienten víctimas de una persecución y acusan al Gobierno de utilizar al Ministerio Público como un instrumento de batida política. Ésta es la relación de los principales casos que han salpicado al PP.

ABRIL DE 2004. Un concejal de Villanueva del Algaidas (Málaga) es detenido por un presunto delito de falsificación de permisos de trabajo.

JUNIO DE 2005. Se denonimó caso Eolo. Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, cumplió prisión preventiva por malversación, cohecho y tráfico de influencias, implicado en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

OCTUBRE DE 2005. Un concejal en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) es detenido por un presunto delito de soborno. Una edil no adscrita denunció que el popular le había ofrecido dinero a cambio de votar a favor de un proyecto urbanístico. Fue puesto en libertad sin cargos.

NOVIEMBRE DE 2005. Caso Faycán. El alcalde de Telde (Gran Canaria) y ocho concejales más son acusados de cohecho, entre un total de 26 imputados. La operación estalló tras la denuncia de una empresaria de la localidad, que afirmó que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de un comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. La principal imputada fue la ex concejal de Obras Públicas, Contratación y Vivienda, quien permaneció en prisión durante 62 días acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos.

NOVIEMBRE DE 2006. Caso Andratx. El ex alcalde de Andratx (Mallorca) es detenido por prevaricación y blanqueo de dinero en el seno de una trama de corrupción urbanística. Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio en el Govern popular, también es imputado por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. La trama se refería en torno a la construcción de un chalé para el alcalde en unos terrenos protegidos. Los dos fueron finalmente condenados.

ENERO DE 2007. Operación Góndola. El alcalde de Mogán (Gran Canaria), la primera teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y el ex jefe de la oficina de Urbanismo son detenidos acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias. Las infracciones se localizaron en la firma de un convenio del Ayuntamiento con la promotora Anfi-Tauro, mediante el cual se establecían compensaciones al municipio con tres parcelas que nunca revirtieron en el patrimonio público. Pocos días después fue detenido el concejal de Hacienda y portavoz del PP en Mogán. En octubre de 2008 se reabre el caso. Anticorrupción pide investigar al líder del PP en Canarias, José Manuel Soria, por un posible delito de cohecho por sus relaciones con el propietario del complejo turístico, quien al parecer le había invitado a viajar con él a Noruega de forma gratuita para ganarse un trato de favor. En febrero de 2009 el juez archivó la causa contra cuatro de los imputados y en el mes de mayo también cerró el procedimiento contra Soria.

MARZO DE 2007. Un concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada) es detenido por la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración del precio de las cosas, contra la Hacienda Pública y contra la ordenación del territorio.

NOVIEMBRE DE 2007. Operación Tótem. El alcalde de Totana (Murcia) es detenido por una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio. Fue investigado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por haber, supuestamente, participado en el cobro de comisiones a cambio de recalificaciones.

FEBRERO DE 2008. El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo son detenidos acusados de cometer delito fiscal y blanqueo de capitales.

JUNIO DE 2008. El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca es detenido acusado de una presunta malversación de 50.800 euros a cargo de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas, que había utilizado en clubes de alterne. De Santos devolvió el dinero al conocerse el caso.

AGOSTO DE 2008. Operación Scala. La Policía detiene en Palma de Mallorca a cinco personas por corrupción durante el Gobierno balear de Jaume Matas (PP). En septiembre, el juez decreta prisión incondicional sin fianza para Antonia Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló. Un caso de contratos irregulares, sobornos, facturas hinchadas, autoalquiler de oficinas y gastos privados con fondos públicos que afecta a 11 imputados, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP.

NOVIEMBRE DE 2008. La Audiencia de Palma condena al alcalde de Llucmajor a tres años de prisión por malversación de caudales públicos.

FEBRERO DE 2009. Comienza el caso Gürtel, que salpicará en pocos meses a la cúpula del PP. El juez Baltasar Garzón ve indicios de delito en un gran número de altos cargos populares, muchos de ellos aforados, por lo que se inhibe en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, las dos comunidades por las que se extiende una trama corrupta de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es imputado al existir indicios de delito, al igual que Luis Bárcenas, tesorero del partido. El pasado 3 de agosto el TSJV archiva la causa contra los aforados valencianos, mientras que el Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de los aforados y poder seguir con el proceso.

AGOSTO DE 2009. José Luis Pepote Ballester, ex director de Deportes del Govern de Jaume Matas, es detenido el pasado miércoles 5 de agosto en el marco de la denominada operación Spada, que investiga el espectacular desfase presupuestario que hubo en la construcción del velódromo Palma Arena, cuyo presupuesto pasó de 48 a 110 millones. También fue detenido el portavoz del PP de Palma, Rafael Durán, que presidió el Consorcio público para la construcción de la instalación. La Fiscalía les imputa falsedad, prevaricación y malversación.

Con la información del departamento de Documentación


Y en el PSOE, 20 arrestados

La cifra de operaciones policiales y judiciales contra alcaldes y ediles socialistas, en ejercicio o retirados del cargo, se reduce notablemente. Desde 2004, se han contado en la prensa al menos 51 socialistas imputados y 20 detenidos (también imputados) por delitos de corrupción, prevaricación y enchufismo; la mayoría de ellos, relacionados con la gestión urbanística.

Entre los casos más sonados, la 'operación Astapa', de 2008, en la que fueron detenidos el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y otros cuatro ediles, y resultaron también imputados otros dos concejales. También en Málaga, en 2007, fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín, y su concejal de Urbanismo.

Este año, en Lorca (Murcia), fueron arrestados el ex alcalde Miguel Navarro y tres de sus concejales. En Madrid, en Torrejón de Ardoz, fueron imputadas la ex alcaldesa y 'número 2' del PSM, Trinidad Rollán, y otros seis ex ediles socialistas.

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