¿Qué pasaría si Zougam no fuera el autor de los atentados del 11-M?

HABÍA PRUEBAS EXCULPATORIAS

Crecen las dudas sobre las pruebas contra Zougam como autor del 11-M. Luis del Pino y Javier Somalo dan las claves en Debates en Libertad.

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Javier Somalo y Luis del Pino durante el programa Debates en Libertad de la madrugada de este domingo en esRadio | David Alonso / LD

• Audio: ¿Quién cometió el atentado del 11-M?, en Debate en Libertad

ESRADIO 2011-12-11

La familia de Jamal Zougam no pudo declarar en el juicio para testificar que a la hora de los atentados, el acusado estaba durmiendo en casa. Tampoco se presentaron los testimonios que situaban al sospechoso -condenado por la autoría material de los atentados- en un gimnasio levantando pesas la noche anterior a los atentados, cuando se suponía que estaba preparando las bombas con los terroristas que supuestamente se suicidaron en un piso de Leganés. La policía conocía esos testimonios, pero no se incluyeron ni en el sumario ni en el juicio.

Javier Somalo y Luis del Pino analizan en Debates en Libertad los agujeros negros que hay detrás de la detención, proceso y condena de Jamal Zougam, así como la debilidad de las pruebas de cargo que dan con sus huesos en la cárcel acusado de ser el autor material vivo –el resto se suicidaron, según la versión oficial- de los atentados del 11-M.

Las revelaciones destapadas por El Mundo sobre los testimonios claves en su condena -los de tres testigos protegidos rumanos- abunda en las sospechas de falsedad sobre todas las pruebas que sustentan la versión oficial de los atentados.

Tal y como comenta Javier Somalo en la introducción del programa: "Si Jamal Zougam no fuera el autor del 11-M significaría al menos tres dramas: Uno, que hay un inocente en la cárcel; Dos, que el asesino está suelto; Y tres, que la jugada se puede repetir con ese asesino que anda suelto".

Documentación

Vía Libertad digital

Desatinos, estupideces y fracasos en la política exterior de Zapatero

El gran fabricador de bodrios, ZP, se niega a despedirse de su gran bodrio internacional, la Alianza de Civilizaciones, cuya financiación en su mayor parte ha corrido a cuenta del bolsillo de los españoles y donde están desde clérigos sacados de un sarcofago hasta dirigentes, autenticos genócidas. Ni un sólo democrata y ni una sola conclusión en las tres cumbres que valga para algo. Un invento zapateril que aparte de costarnos un dineral a los españoles, reune en su seno a los que han hecho que se instale en nuestro pais una de las bases del programa escudo antimisiles del que alguno de sus miembros son el objetivo.

Otra de las muchas contradicciones de ZP en su interplanetaria política exterior al frente de la cual tuvimos la desgracia de tener a dos autenticos memos que nunca entendieron el papel geoestratégico y geopolítico de España, Moratinos y Trinidad Jimenez, el primero empeñado en que nuestros aliados fueran los enemigos de nuestros aliados, Cuba, Venezuela y le fáltó Corea del Norte y la ministra colocada porque perdió unas primarias y no se sabe bien por qué se la promocionó a éste puesto para el que no estaba preparada.

A Rajoy le espera un buen trabajo desmontando el tinglado de ZP y tratando de no cabrear a aquellos paises que recibian fondos y que ya se han acostumbrado. La lista es interminable, desde los gays de Zimbawe hasta las feministas radicales de Uruguay pasando por tribus indigenas que quieren hacer desaparecer el español como idioma o mujeres africanas de aldeas remotas que enseñan el papel de la mujer en sus casas. Unos cuantiosos fondos destinados a colectivos con mucha menos prioridad que nuestros parados y familias que ya no tienen ni para comer pero que han servido a las ministras zapateriles para que viajen por todo el mundo y sean agasajadas por estos colectivos que no va a verlos ni su padre.

Han dado la vuelta al mundo repartiendo el dinero de los españoles, han olvidado que donde tenian que viajar era a los paises aliados y amigos con los que tenemos relaciones comerciales y donde nuestra balanza comercial hace que nuestro pais siga siendo uno de los paises desarrollados pero eligieron derrochar el superavit que se encontraron al llegar al gobierno y acabar con los pobres del mundo. Lo malo es que ni acabaron con los pobres del mundo y acabaron con el superavit y dejando la mayor bolsa de pobreza desde la postguerra que jamás ha conocido España, eso si, que se las apañe el siguiente que ellos desde sus lujosas mansiones y con la vida resuelta ya no hay quien les pida explicaciones.

Estigma

Vía votoenblanco

El problema de Juan Carlos I no es Urdangarín, es Letizia

Hispanidad, sábado, 10 de diciembre de 2011

• SM la Reina doña Sofía se enfrenta al heredero al Trono, en defensa de su hija Cristina.
• Europa se alinea con el Nuevo Orden Mundial (NOM).
• Juan Manuel de Prada denuncia el significado de la Cumbre europea: más impuestos y menores salarios.

Esta es la historia de las tribulaciones de un Rey. Los valores de España, son su esencia cristiana –hoy, lo sé, mortecina-, su idioma que expandió, al igual que su fe, a todo un continente, su situación estratégica y la Corona. Sí, la Corona, que no en vano cuenta con una historia de 1.300 años y ha sido, a pesar de los pesares, la monarquía católica. En Iberoamérica, sobre todo en Argentina, aseguran que el tonto afán por hacer dinero de Iñaki Urdangarín puede terminar con la dinastía borbónica. No lo creo.

Veamos, SM la reina doña Sofía se marchó –motu proprio- para dejar claro que apoya a su hija Cristina y a su familia, es decir, a su esposo Urdangarín y a sus hijos, que van en el mismo lote.

La madre contradecía al hijo, porque lo cierto es que el Príncipe Heredero, convenientemente animado por su esposa, pretendió llamar al orden a SAR Cristina y a su esposo Iñaki. Su hermana le recordó que no es el jefe de la Familia Real y, ya de paso surgió el asunto de la “mutante” como se conoce en la Casa a doña Letizia Ortiz Rocasolano.

Y es que la Princesa de Asturias constituye el verdadero problema de SM Juan Carlos I. Veamos, se trata de modificar –basta un decreto- la composición de la Familia Real -no confundir con la Casa Real- tras el asunto Urdangarín. La norma es que la Familia Real está constituida por los hermanos, hijos y nietos del Rey, pero no por los parientes políticos, es decir, cuñados, yernos, nueras, sobrinos y primos. Hasta ahí todo claro: Urdangarín sale del Registro y, como ya hemos informado en Hispanidad, tendrá que defenderse él solito ante los tribunales y ante la opinión pública si llega el caso… y todo parece indicar que llegará, antes que después.

De hecho, el comunicado de Urdangarín, transmitido desde Washington por la agencia EFE, en el que el Duque de Palma asegura que defenderá su "honorabilidad e inocencia", al tiempo que excluye a su Familia y a la Casa Real de cualquier responsabildad en sus actividades, no sólo aporta soluciones sino que aumenta el problema. A la Familia Real ya la ha comprometido y si defiendes tu honor debes adelantarte a los lentísimos tribunales y hacerlo con datos, no con afirmaciones marmóreas, entrando en el fondo de la cuestión, por muy desagradable que resulte desnudarte ante la opinión pública.

Ahora bien, resulta que, como futura Reina consorte de España, Doña Letizia no sólo es Princesa de Asturias sino, además, en caso de que alcance el cargo de Reina si su esposo falleciere, sería la jefe de Estado consorte hasta la mayoría de edad de su hija Leonor. ¿Puede expulsarse del registro de la Familia Real a quien puede ejercer como jefe del Estado? Desde luego, ella no está muy dispuesta. Su esposo tampoco. Además, el Rey y la Reina no despotrican ni contra Urdangarín ni tan siquiera contra don Jaime de Marichalar… pero no soportan a doña Letizia.

Se repite así el mismo problema de la ley sálica. Recuerden que cuando el insensato de Zapatero, de profesión feminista, pretendió modificar el acceso al trono de una mujer, el propio Felipe de Borbón tuvo que salir al quite, recordando ante las cámaras que él ya era el Sucesor y que, por tanto, la Constitución no debía ser modificada hasta que accediera al Trono. Lógico. De otra forma, la princesa Elena podía reclamar su derecho, en tanto que primogénita.

En cualquier caso, oiga, ¡Qué mala la suerte tiene su Majestad con yernos y nueras! Pero lo que le preocupa es la nuera quien no parece dispuesta a aceptar las servidumbres del cargo. Cada día menos. Un detalle: a los asesores de Zarzuela, más que las andanzas financieras de Urdangarín, les preocupa y ocupa que la futura Reina de España haya defendido el aborto y el homomonio en Chile. Ella es así de moderna.

Y encima, el entorno de Doña Letizia está aprovechando el “asunto Urdangarín”… a tope: ¡Jo, qué tropa!

La Hispanidad

Cómo pasar en el 11-M de impostor a testigo de cargo

SI AYER cuestionamos el primer testimonio que sirvió como prueba de cargo contra Zougam en el juicio del 11-M, hoy aportamos datos que arrojan serias dudas sobre la fiabilidad de la declaración del último de los tres testigos que dijo haberle visto en los trenes.

De entrada, la testigo protegido J-70, a la que el tribunal concedió credibilidad, había sido rechazada previamente como víctima del 11-M en dos ocasiones. Es sabido que tras los atentados, muchas personas intentaron obtener la consideración de víctimas, tanto por la indemnización que ello comportaba como, en el caso de inmigrantes sin papeles, porque suponía su regularización inmediata.

J-70, ciudadana rumana, carecía en 2004 de permiso de residencia. El tribunal de evaluación dispuesto por Interior no encontró ningún motivo para considerarla víctima y rechazó su reclamación. En febrero de 2005, 15 días después de que le fuera negada esa condición por segunda vez, y tras ir a la asociación de Pilar Manjón a pedir ayuda para ser regularizada, es cuando J-70 declaró haber reconocido a Zougam. Eso le permitió obtener de inmediato la condición de víctima y recibir 48.000 euros de indemnización, pese a que su relato resultara poco consistente.

Sorprende, por ejemplo, que J-70 no hubiera identificado a Zougam durante sus reiterados intentos ante las autoridades para que la reconocieran como víctima, que se le encendiera la bombilla justo dos semanas después de que la rechazaran -en una resolución que ya parecía definitiva- y que lo hiciera, nótese bien, casi un año después de la masacre. Además, aseguró que viajaba en el tren junto a una amiga rumana -la tercera testigo protegido en el juicio- pese a que ésta, cuando fue declarada víctima, no dijo que ella le acompañara.

Es cuanto menos chocante que J-70 -considerada por los técnicos una impostora, hasta el punto de que llegaron a descartar su presencia en los trenes- pasara de repente a ser valorada como uno de los testigos fundamentales. Pero más grave aún es que todas estas circunstancias no se incluyeran en el sumario y se le omitieran al abogado de la defensa. Y a la vista de lo que hoy sabemos, resulta espeluznante repasar las actas del juicio en la Audiencia Nacional. Porque cuando dos letrados plantean su lógica extrañeza por el hecho de que la testigo tardara 11 meses en reconocer a Zougam, el presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, les interrumpe de forma abrupta y les obliga a cambiar de asunto.

Por si no hubiera suficientes elementos para poner en cuarentena la verosimilitud de los testimonios contra Zougam, nuestra investigación revela que los tres testigos que dijeron haberle visto en los trenes son rumanos, que los tres carecían de papeles, que los tres residían en el mismo barrio de Alcalá de Henares, que los tres compartían el mismo círculo de amistades y que los tres identificaron únicamente al marroquí después de que la Policía mostrara públicamente su imagen presentándolo como autor de la masacre. Habrá quien argumente que todo puede ser fruto de la casualidad, pero también quien vea motivos sobrados para interponer una querella por falso testimonio.

No hay que olvidar que por esos testimonios que el tribunal consideró «sin fisuras», únicamente por ellos, Zougam fue condenado a más de 40.000 años de cárcel como autor material de los atentados. Ninguna otra prueba medianamente consistente le incriminaba en ese insólito juicio del 11-M en el que, como ahora vemos, quien fue considerado impostor acabó siendo testigo de cargo.

Hoy, Día de la Constitución, conviene recordar que la Justicia, viga maestra del Estado de Derecho, se fortalece cuando es capaz de corregir sus errores.

En aspectos clave de la investigación del 'Faisán'

Vía epesimo

Una sentencia instada por una madre-coraje

Una sentencia instada por una madre-coraje

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que declara ilegal la inmersión obligatoria en catalán es algo que debería avergonzar a todos los gobiernos- del PP y del Pacto- que durante estos treinta años de autonomía han violado un derecho fundamental de los ciudadanos a elegir la lengua vehicular de la enseñanza en la etapa de la primera enseñanza. Todos los gobiernos- unos más que otros: la izquierda ha llevado las cosas al paroxismo- no sólo han violado obvios derechos humanos de los ciudadanos, el sentido común y el deseo claramente mayoritario- la demoscopia no deja el menor resquicio para la duda- de la ciudadanía, sino que han violado la ley, la propia ley que se habían otorgado unos ejecutivos que, por cobardía o sectarismo, han mostrado un carácter antidemocrático y violentador del Estado de Derecho. Han cooperado, con entusiasmo y delectación, a la infamia todos los medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos, con la única excepción de El Mundo/El Dia de Baleares. Al resto del periódicos- Ultima Hora, Baleares y Diario de Mallorca- ya les iba bien esta vulneración de la ley, estas libertades y derechos fundamentales, en nombre de un fascismo lingüístico de la peor especie. Tarde, pero al fin, ha llegado el ucase jurisdiccional, reponiendo las cosas en el sitio que deben estar: en la libertad de elección y, sobre todo, en el sentido común. Sin ir en contra de nada ni de nadie, sino a favor del derecho inalienable del ciudadano a escoger la lengua vehicular que desea para sus hijos. Ni que decir tiene que, como efecto colateral, pero no menos importante, esta sentencia avala las políticas educativas del actual govern del PP que ya no tiene excusa alguna para demorar su aplicación, con celeridad y urgencia. Aquí, y en Cataluña, los políticos y las instituciones que gerencian se han puesto por montera leyes y sentencias. Por una vez, esperemos que los ciudadanos no permitan lo que, en definitiva, sería una humillación del Tribunal que se ha pronunciado de forma tan clara como contundente. Esta sentencia ha sido un gran triunfo de la sociedad civil, representada por esta corajuda madre que, contra viento y marea, se ha rebelado contra la ignominia. Sin duda esta madre se merece el homenaje de las miles y miles de familias que han tenido que soportar el fanatismo de los fanáticos y la cobardía de los gallináceos. Un madre, una sola madre, ha ganado la partida a todas las instituciones. Señal de que el estado de derecho existe. Y funciona. (Libertad balear)

Informe y mapa de corrupción mundial

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La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto también tumba la inmersión obligatoria en las escuelas de Baleares

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares advierte de que el castellano también ha de ser lengua vehicular escolar junto al catalán, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año pasado van mucho más allá de lo que algunos pudieran haber imaginado en un primer momento. El pasado 22 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictó una sentencia, conocida este martes, quedeclara la ilegalidad del sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en la mayoría de colegios públicos y concertados de Baleares; restablece el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular -entre el castellano y catalán- durante la educación Infantil y el primer ciclo de Primaria de sus hijos; y dictamina que el español debe ser lengua de uso normal -junto al catalán- de todas las actividades escolares. Para llegar a estas conclusiones, el TSJIB se ha basado, principalmente, en la citada sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En esta ocasión, la heroína que se ha enfrentado a la administración autonómica ha sido Antonia Gomila, la madre de un alumno al que en 2008 le prohibieron ejercer su derecho a recibir la primera enseñanza en castellano. Finalmente, y después de un largo litigio de tres años, la justicia no solo le ha dado la razón, sino que ha removido los cimientos de un sistema escolar que a lo largo del tiempo ha ido consolidando un modelo lingüístico en el que el español ha sido desplazado en la mayoría de los centros hasta ser tratado como una lengua extranjera más, con la aquiescencia de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE.

Ambas lenguas oficiales deben ser vehiculares

La sentencia del TSJIB subraya que el modelo lingüístico escolar balear ha de ser el deconjunción lingüística, esto es, que ambas lenguas oficiales también deben ser vehiculares, y recuerda que se ha dictaminado que es inconstitucional que las administraciones públicas tengan preferencia por una de ellas. Para argumentarlo apela a dos sentencias el Tribunal Constitucional sobre la educación en Cataluña. Por una parte, la 337/1994:

‘Es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística de Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma’.

Por otra, recoge ampliamente los razonamientos de la sentencia 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña:

‘No puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano, dado que esta consecuencia se deriva del artículo 3 de la Constitución y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía, si bien ha de tenerse presente que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. [...] El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. [...] Desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

[...] No cabe pretender legítimamente que la misma [enseñanza] se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales, por oponerse a ello el mandato constitucional implícito a los poderes públicos, estatal y autonómico, de fomentar el conocimiento y garantizar el mutuo respeto y la protección de ambas lenguas oficiales en Cataluña. [...] Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentescomo vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas’.

También advierte de que varias sentencias del Tribunal Supremo a lo largo del último año, en base a la jurisprudencia del Constitucional, han declarado ‘el derecho de los recurrentes a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema de enseñanza catalán junto con la lengua catalana debiendo la administración de la Generalidad adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia nº 31/2010 del TC incluyendo el derecho del alumnado de educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres’.

El TSJIB anula parcialmente dos decretos autonómicos

Por otra parte, el TSJIB ha declarado parcialmente nulos dos decretos del Gobierno autonómico de Baleares (en concreto, varios aspectos del artículo 6.1 del Decreto 67/2008, de 6 de junio, de la Consejería de Educación y Cultura de Baleares; y el punto 4º de la Disposición Derogatoria Única que deroga la Orden 13 de septiembre de 2004) porque impedían a los padres elegir la lengua vehicular escolar para sus hijos durante la primera enseñanza -esto es, educación Infantil y primer ciclo de Primaria-, tal y como reconoce la propia Ley 3/1986 de Normalización Lingüística de Baleares.

Y, por último, ha resuelto que ‘la preferencia que la disposición [el Decreto 67/2008] otorga a la lengua catalana sobre el castellano, imponiendo la condición de lengua preferente en los actos culturales y sociales en las relaciones del centro con las administraciones públicas y entidades privadas y de uso de régimen interno en el centro y de proyección externa de los centros sufragados con fondos públicos, y determinando que los libros de texto y materiales de soporte y didácticos utilizados por los educadores han de estar redactados en dicha lengua con carácter preferente, no supera la interpretación acorde a la Constitución según el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010 [sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña]‘.

Círculo Balear insta al PP a acatar y aplicar la sentencia

La Fundación Círculo Balear, una de las entidades más activas en la defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Baleares, ha calificado la sentencia de ‘satisfactoria y muy importante’, ya que tumba jurídicamente la inmersión obligatoria en catalán ‘que practican el 90% de los centros educativos públicos’ en esta Comunidad.

Montse Amat, portavoz de la entidad, ha valorado muy positivamente que, por fin, se estén recogiendo “los primeros frutos de un sacrificado trabajo en favor de las libertades, liderado, en esclusiva y en solitario, por la sociedad civil independiente“. “Esta sentencia ha demostrado, una vez más, que los partidos nacionalistas, incluido el PSIB-PSOE, se han situado y siguen situándose al margen de la ley y en contra del sentir mayoritario de los ciudadanos de Baleares; han gobernado en contra de los derechos y libertades ciudadanas”, ha añadido. Y ha exigido al Gobierno autonómico del PP que afronte “decididamente” las reformas pertinentes para aplicar la ley y las sentencias judiciales.

La Voz de Barcelona

Vía ucks. Ibizadigital